El Gobierno acaba de aprobar un segundo paquete de medidas para apaciguar a los mercadospero apenas le ha dado tiempo a comunicarlas cuando se ha visto metido de lleno en la crisis de los controladores, que le ha forzado a tomar una decisión, la declaración del estado de alarma, inédita en democracia.

A la reforma laboral se ha sumado la supresión de las ayudas a los parados que han agotado los subsidios, un adelanto en la decisión de introducir cambios en el sistema de pensiones y una privatización parcial de los pocos ‘tesoros’ que aún conserva el Estado en su patrimonio. ¿Habrá un ‘plan C’, con nuevas reformas, si la presión de los especuladores vuelve a la carga en los próximos días? Los expertos piensan que, pase lo que pase, ha llegado la hora de que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se adelante en las iniciativas, y ponga en marcha las modificaciones necesarias, no ya para convencer a los inversores de la capacidad del Estado de hacer frente a sus deudas, sino de que España se ha puesto las pilas y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para potenciar su crecimiento.

El Ejecutivo socialista se ha dejado en el camino a aliados tradicionales, como los sindicatos. Por eso, junto a las nulas esperanzas de que la oposición mayoritaria le apoye en esas reformas, empieza a dar por descontado que no podrá apelar a la negociación social ni convencer a las centrales. Los intentos de aproximación, plasmados en el nombramiento de un ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, a quien se supone más capacitado para tender puentes, se han encontrado con la misma respuesta implacable. Solo si el Gobierno da marcha atrás se podrán restablecer las condiciones para un diálogo social fructífero.