Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España por haber enlazado condenas desde hace 34 años, ninguna por delitos de sangre, ha comunicado a Instituciones Penitenciarias el inicio de una huelga de hambre en protesta por su último traslado de cárcel, que le ha llevado a Huelva, donde carece de conexiones familiares.

El recluso, que lleva cumpliendo pena de cárcel desde el 7 de octubre de 1976 por una veintena de causas, estaba ingresado desde hace dos años en la prisión de Jaén II, a donde llegó desde el centro penitenciario de Granada, pero hace una semana fue llevado a Huelva, justo cuando su defensa y su familia se disponían a pedir un nuevo recuento de su tiempo en prisión ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Montes Neiro, de 60 años de edad, pide ser puesto en libertad mientras la Justicia resuelva los recursos sobre su recuento de penas cumplidas o, al menos que mientras tanto sea trasladado a la prisión de Córdoba, ciudad donde residen sus hijas.

Este traslado a Huelva ya desató las críticas del abogado del preso, Félix Angel Martín García, quien recordaba que Montes Neiro había sido intervenido quirúrgicamente dos semanas antes de una tumoración en el cuello.

Pero además, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debe decidir la admisión a trámite de un recurso de casación, había reclamado un poder notarial firmado por el preso que, con este nuevo movimiento al otro extremo de Andalucía, resultaba difícil de recabar.

Por todo ello, la defensa ya dirigió un escrito de queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y pidió que este traslado fuera investigado por un juez de Vigilancia Penitenciaria al considerar que se trata de una “sanción encubierta”.

En esos escritos, la defensa alega que ese traslado resulta “improcedente” y “no obedece a criterio penitenciario” alguno. “Sus familiares ven con esta decisión una motivación de reproche hacia la persona de mi defendido, que improcedentemente está siendo objeto de aislamiento y alejamiento”, asegura.

Es más, el abogado se teme que sea una “sanción encubierta” por la “trascendencia mediática” del caso de su defendido. El propio recluso ha contrastado su larga estancia en prisión con los “beneficios” que a su juicio reciben los terroristas al arrepentirse de sus delitos, algo que, en cambio, no pueden hacer los presos comunes.