El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha firmado el decreto para que los militares tomen el control del espacio aéreo. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que se han activado los mecanismo previstos “ante una situación de extrema gravedad”.

Rubalcaba, que ha comparecido junto con el ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha resaltado que la Constitución ampara estas medidas en razón a la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea. El Ministerio de Defensa pasará a ejercer el control de la navegación aérea hasta que existan garantías de que los controladores prestarán sus servicios. A las 2.00 de la mañana el Gobierno volverá a informar sobre la evolución de la situación.

Con la asunción por parte de Defensa de la navegación aérea en el ámbito civil, en razón de la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea, la actividad de los controladores queda bajo la organización, planificación, supervisión y control de este Departamento.

Mandos militares se dirigen a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias para supervisar toda la gestión del tráfico aéreo, han informado fuentes del Ministerio de Defensa. Otros controladores del Ejército del Aire se incorporarán de forma inmediata a ocho aeropuertos de uso compartido civil-militar, por si es preciso desviar a los mismos vuelos civiles, así como a otras instalaciones que permanecen abiertas. Las bases de uso compartido a las que se incorpora el Ejército del Aire para supervisar la gestión del tráfico aéreo son Salamanca, Valladolid, San Javier (Murcia), Talavera la Real (Badajoz), León, Zaragoza y Torrejón y Cuatro Vientos, estos dos últimos en Madrid.

El Ejecutivo había dado a los controladores aéreos un ultimátum antes de militarizar el control aéreo español, afirmando que no iba permitir este “chantaje”, según palabras del ministro de Fomento, José Blanco, en una breve intervención pública.

Todo el espacio aéreo español se encuentra cerrado por el abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo, menos Andalucía, según informan fuentes de AENA. El cierre puede afectar, según las mismas fuentes a más de 2.000 vuelos y a cerca de 250.000 personas que esperaban volar con motivo de las vacaciones del Puente de la Constitución.

Esta interrupción del servicio aéreo, en pleno fin de semana de vacaciones y justo el mismo día en el que el Ejecutivo clarifica la norma que rige la jornada laboral de los controladores, se debe a la decisión de los controladores de presentar “bajas masivas” en varias dependencias declarándose así “incapaces de prestar” el servicio y “abandonando su puesto de trabajo”.

Por su parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha hecho un llamamiento a la “calma y a la serenzidad” al colectivo de controladores. El colectivo ha asegurado que por el momento “no se ha convocado ninguna acción sindical”, tras insistir que están estudiando y valorando los cambios introducidos este viernes en el Real Decreto que regula la jornada de trabajo, y según el cual, no entran dentro del cómputo de las 1.670 horas anuales los permisos, bajas laborales y reducciones de jornada.

En Barajas, varios controladores del turno de noche se han presentado a las 22:00 horas en sus puestos de trabajo, pero se niegan a firmar la hoja necesaria para comenzar a operar, por lo que el tráfico sigue sin normalizarse, según informan fuentes de AENA. En el aeropuerto barcelonés de El Prat, la mitad de los controladores del turno de las 22.00 horas se han incorporado. Allí se están operando ya todos los vuelos, a excepción de los que vienen de Madrid y Baleares, según fuentes de Fomento. Mientras tanto, en Sevilla se han presentado siete de los once controladores del turno de noche, y en Canarias aún no ha comenzado este recuento, por el retraso horario.

Los controladores aéreos podrían incurrir en un delito de “sedición” castigado con penas de entre ocho y quince años de prisión, si desobedecen la orden militar de volver a sus puestos de trabajo. En caso de desobediencia, se podría aplicar el artículo 544 del Código Penal, en el que se define el delito de “sedición”. Este artículo afirma que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Este delito está castigado con entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren “inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores”, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. “Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”, según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha acordado abrir diligencias de investigación para esclarecer si la conducta desplegada por los controladores aéreos del aeropuerto de Barajas puede ser constitutiva de infracción penal. Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía ha comenzado la práctica de una serie de diligencias dirigidas a conocer las circunstancias “en las que se ha producido el abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos así como la identidad de quienes han abandonado su puesto de trabajo”.

La megafonía del aeropuerto de Barajas informa a los pasajeros de que se desconoce cuando se reanudará el servicio, ya que “depende de la voluntad de los controladores aéreos”, mientras las compañías empiezan a fletar autobuses para llevar a los pasajeros a hoteles o a sus destinos por carretera. Se han reforzado los servicios médicos, de seguridad y de limpieza, al tiempo que se está ofreciendo información a los pasajeros sobre si deben permanecer en las instalaciones o es más recomendable volver a casa, informan fuentes ministeriales.

Renfe ha habilitado unas 2.073 plazas en distintos trenes de los programados con el fin de poder atender las necesidades de transporte de parte de los viajeros afectados por el cierre de los aeropuertos. De estas plazas, unas 800 corresponden a billetes para viajar en el AVE Madrid-Barcelona en ambos sentidos y otras 664 más para el AVE Madrid-Sevilla, también en ambos sentidos.

Asimismo, Renfe ha dispuesto 316 plazas adicionales a las inicialmente programadas en los trenes Madrid-Málaga de esta noche, y otras 300 en los trenes que unen Madrid y Valencia (161 en sentido hacia la capital del Turia y otras 138 en dirección a la capital). Por su parte Iberia ha fletado vueltos

AENA tenía previstas para hoy 5.073 operaciones, de las que se habían operado 3.035 hasta las 16:00 horas, y en el aeropuerto de Barajas, principal afectado por el cierre del espacio aéreo, el numero de aviones que tenían previsto operar es de 1.300. Los problemas comenzaron a las 17:00 horas cuando los controladores de los centros de control decidieron abandonar sus puestos de trabajo de una forma masiva alegando problemas físicos para mantenerse en sus puestos de trabajo, señaló AENA.

Los primeros aeropuertos afectados fueron los de Madrid, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, a los que se sumaron los de Canarias, que tan sólo permiten el aterrizaje de los aviones que se encuentran en vuelo, obligando a regresar a las terminales a aquellos que se encontraban en la zona de rodadura.