El nuevo episodio de turbulencias en el mercado de la deuda ha hecho que el Banco de España insista en sus mensajes, ahora con carácter de apremio. En plena tormenta provocada por el rescate de Irlanda, el Gobernador Miguel Fernández Ordóñez aprovechó su comparecencia en el Senado, previa al debate de Presupuestos, para aconsejar que, “de manera inmediata”, se emprenda una reforma de pensiones “suficientemente ambiciosa”.

Consciente del debate abierto con los interlocutores sociales, e inquieto por las manifestaciones del ministro de Trabajo, que ha hablado de remitir el proyecto de ley al Congreso “en torno al mes de abril”, el responsable de la disciplina financiera fue más allá que en otras ocasiones recientes y defendió que un propósito decidido de abordarla serviría para reafirmar el compromiso de las autoridades con la disciplina presupuestaria y con su capacidad de afrontar “transformaciones de calado”.

Por eso pidió una “adecuada combinación de modificaciones sustanciales” que abarquen, además de la elevación de la edad legal de jubilación -el Gobierno mantiene, pero ya no defiende, el aumento de los 65 a los 67 años-, el incremento en el mínimo de años necesarios para acceder a la prestación y en el periodo de cálculo de la pensión, lo que su entender “permitiría aliviar de manera sustancial la presión sobre el futuro gasto público en pensiones”. Es decir, que Fernández Ordóñez no solo contempla con preocupación la posibilidad de que el debate sobre la modificación del Pacto de Toledo se prolongue sin llegar a término en esta legislatura, sino que advierte de la otra posibilidad, denunciando el riesgo de que, en aras del consenso, se llegue a una reforma parcial y a su juicio insuficiente.

La otra asignatura a abordar de manera inminente si se quiere aliviar la presión sobre la deuda es, según el gobernador del Banco de España, el control y la transparencia en las finanzas de los entes territoriales. También en este caso Fernández Ordóñez se citó a sí mismo, antes de precisar los requerimientos necesarios. El conjunto de las Administraciones Públicas podrá cumplir el objetivo de recortar el déficit hasta dejarlo el próximo año en el 6% del Producto Interior Bruto y contener la deuda en una cifra equivalente al 68,7% de esa magnitud si, y solo si, colaboran todos y cada uno de los niveles de gobierno que lo integran.

Techo de gasto de las autonomías

Con este fin, y con el no menos importante de tranquilizar a los mercados, abogó porque las Comunidades Autónomas repliquen establezcan de techos de gasto anual, planifiquen a medio plazo y publiquen regularmente la ejecución presupuestaria, con detalle de la evolución de los ingresos y los gastos. Les pide a cada una de ellas ni más ni menos que replicar los procedimientos que ya aplica la Administración del Estado.

En el ámbito laboral, Fernández Ordóñez consideró un avance la reforma ya aprobada del mercado de trabajo, de la que celebró, en particular, las disposiciones dirigidas a aumentar la flexibilidad interna de las empresas. “La reforma de la negociación colectiva aún pendiente -añadió- debería profundizar en esa dirección y permitir una mayor adecuación de los salarios y otras condiciones laborales a la situación individual de las empresas”.

Ante el nuevo episodio de turbulencias, el gobernador repartió las culpas. Admitió que una parte de las tensiones financieras actuales se debe a una excesiva reacción de los mercados financieros “que no siempre -evocó- han sabido valorar correctamente las fortalezas y debilidades de las distintas economías”. Pero a continuación puso el foco en la actuación de los responsables comunitarios, y les acusó de generar confusión y “contribuir al nerviosismo” con las propuestas de rescate de los países en dificultades, así como de escasa ambición en los proyectados exámenes de las políticas y condiciones económicas de los estados miembros.