A pesar de la manifestación del pasado 13 de noviembre en Sevilla, donde se congregaron decenas de miles de empleados públicos de la Junta andaluza por la derogación del Decreto conocido ya como “el decreto del enchufismo”, Griñán no da su brazo a torcer.

Esta “revolución de los enchufes” (centenares de ellos fueron arrojados en el Parlamento regional), lejos de ser escuchada o atendida, quiere ser sencillamente desactivada por el gobierno Griñán. Para ello, va a usar dos caminos. Uno, dividir a los críticos mediante la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública que representa no sólo a funcionarios sino a los demás empleados públicos incluso a los trabajadores de la “administración paralela”. Esta Mesa incluye a CSIF, objeto del deseo de la Junta, excluyendo a USTEA, SAFJA y la plataforma convocante de la manifestación “Defiendo mi derecho”. Segundo, ratificar el decreto 5/2010 e introducir las medidas complementarias de rondón en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, sin debate previo.

En la Mesa General, CC.OO y UGT tienen la mayoría debido, sobre todo, a su presencia en la “administración paralela”. No reúne Griñán sin embargo, a la Mesa Sectorial porque en ella, CSIF, SAFJA y USTEA tienen entre todas el 70 por ciento de la representatividad mientras que CC.OO y UGT sólo cuentan con el 30 por ciento.

Según La Razón y el sentido común, la estrategia de la Junta pasa por atraerse a CSIF. De hecho, ya ha alcanzado un pacto con UGT y CC OO que esperan que se aprueben las modificaciones para dar su apoyo al texto legal, modificaciones que no alteran el “decretazo” en lo fundamental. CSIF ya ha anunciado que mantendrá su postura de exigir la derogación del decreto.

Fuentes de Ustea, consideraron «fatal» la convocatoria de la Mesa General ya que supone «obviar e ignorar a los representantes legítimos de los trabajadores». En esta misma línea, desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) lamentaron que la Junta «no está escuchando a nadie y da la espalda a los funcionarios».

Poco a poco, el propósito del PSOE y los sindicatos mayoritarios es orillar a los convocantes de la manifestación, la asociación Defiendo mi Derecho que, por el momento, no parece ir encaminada a organizarse de forma estable. El decretazo, además de su presumible inconstitucionalidad ya subrayada por los recursos del PP y de SAFJA, conlleva la modificación de seis normas de distinto rango según el pacto alcanzado con UGT y Comisiones Obreras.

Las modificaciones se refieren a las funciones encomendadas a las nuevas agencias que implican el ejercicio de las potestades públicas, uno de los motivos de los recursos de inconstitucionalidad y al régimen de integración del personal.

Las enmiendas que se aprueben hoy entre Junta, CC.OO y UGT se llevarán a la Cámara andaluza el próximo viernes para su aprobación e inclusión en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, instrumento que evita debates parlamentarios y que la Junta había dejado de utilizar en los últimos años.

También hay que modificar la regulación los concursos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía y definir la funcionalidad en los puestos. Tampoco está incluida la “voluntariedad” del traspaso de funcionarios a las agencias públicas