Mariano Rajoy ha tomaro el relevo de Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría o Esteban González Pons en la primera línea del rifirrafe diario contra José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ahora, salvo el cara a cara semanal de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la tarea de criticar y arremeter contra el presidente del Gobierno recaía en algunos de los más estrechos colaboradores del líder popular. Lo suyo era sólo la economía, en especial el desempleo y los efectos de la crisis sin descender a la letra pequeña del devenir cotidiano.

Tal vez se trate de un hecho ocasional, motivado por el intento del PSOE de recuperar el control de la agenda política «desempolvando los tópicos de la ‘derechona’», pero lo cierto es que, al menos en esta semana, Rajoy ha cambiado el paso y capitanea los principales reproches tanto a Zapatero como al nuevo hombre fuerte del Ejecutivo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si el jefe del principal partido de la oposición descartó el martes al vicepresidente primero -la primera vez que se refería directamente a él- como posible candidato del PSOE en 2012, ayer alertó sobre el exceso «de tics autoritarios» del presidente del Gobierno.

Rajoy se refería al veto del Ejecutivo a que se voten en el Congreso las 22 enmiendas firmadas por todos los partidos de oposición -salvo PNV y Coalición Canaria- contra la congelación de las pensiones. Una prohibición que tildó de «impropia de una democracia avanzada». El mismo argumento con que los socialistas intentan desacreditar la oposición del PP. El PSOE repite desde hace días el ‘mantra’ de que los populares han radicalizado su mensaje con un giro a la derecha más extrema.

Medida inusual

Rajoy hizo estas consideraciones en la presentación de la conferencia de la candidata del PP a la Presidencia de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el Fórum Europa, quien, a su vez, aseguró que ni Felipe González ni José María Aznar emplearon este veto que, a su juicio, «yugula» la capacidad de hacer oposición.

El partido opositor no discute la legalidad de la decisión sino el gesto, a su juicio, poco democrático de impedir el debate. El artículo 134 de la Constitución establece que las enmiendas presupuestarias que supongan «un aumento de los créditos o disminución de los ingresos» requerirá la conformidad del Ejecutivo. En este caso, el PP y el resto de grupos proponen dejar sin efecto la congelación de las pensiones y aumentarlas 1%, un aumento del gasto que el Gobierno no está dispuesto siquiera a discutir.

En el trasfondo de la polémica subyace la intención del Ejecutivo de salvar la cara a sus socios en los Presupuestos, PNV y Coalición Canaria, que podrían verse en el brete de votar en contra de un aumento de las pensiones cuando han respaldado el incremento en numerosas votaciones parlamentarias. De esta forma, se ahorran el mal trago.

Recursos

El PP, con todo, promete dar la batalla contra el veto. Soraya Sáenz de Santamaría confirmó este jueves que su formación ha presentando un recurso de amparo ante la Mesa del Congreso por el rechazo del Gobierno a debatir estas 22 enmiendas ya que la congelación de las pensiones afecta a seis millones de españoles «que han trabajado y cotizado» para poder cobrar esta prestación.

La portavoz del grupo popular, igual que su jefe de filas, indicó que «el autoritarismo y el despotismo del Ejecutivo impide que los pensionistas sean defendidos en el Congreso». Asimismo, acusó al PSOE de tener un «programa oculto» -el mismo reproche que hacen los socialistas a los populares- para evitar «que se defiendan el Estado de Bienestar y los derechos de los pensionistas en el Parlamento». Sáenz de Santamaría, al hilo de esta reflexión, y en consonancia con la actitud adoptada por el PP tras el cambio de Gobierno, aprovechó para ‘atizar’ al número dos del Ejecutivo. «Ya sabemos -dijo- a qué ha venido el señor Rubalcaba al Gobierno y no ha venido ni a explicar ni a comunicar, ha venido a hacernos callar, a querer tapar la labor de este Parlamento».

Pero no solo los populares han recurrido la decisión gubernamental, Izquierda Unida también presentó una impugnación ante la Mesa del Congreso porque se «ha sustraído» a los representantes de los ciudadanos la posibilidad de debatir los Presupuestos en su integridad.

El PSOE salió en defensa de la actuación del Gobierno y el portavoz en la cámara, José Antonio Alonso, justificó el veto porque algunas enmiendas referidas a las pensiones «descuadran» las cuentas públicas y que, por lo tanto, su rechazo es «algo perfectamente normal y legal». Alonso evitó abordar la vertiente política de una decisión muy inusual en anteriores gobiernos, pero que el Ejecutivo de Zapatero ha empleado más de 60 veces en sus seis años largos de mandato.