UGT y CC.OO han editado un díptico para explicar cómo han obligado al gobierno de José Antonio Griñán a rectificar sobre el decreto de reordenación de la función pública que ha rebelado a los funcionarios. El problema es que La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Presidencia de la Junta, María del Mar Moreno negó ayer que hubiera modificaciones hasta el punto que afirmó que no habrá nuevo decreto sino que seguirá valiendo el que existe y ha provocado la protesta de los empleados públicos, protesta que no observa sea inquietante.

Por su parte, CSIF, Ustea o el Sindicato de Funcionarios (Safja) y la plataforma Defiendo mi Derecho piden la derogación del decreto. Safja informó ayer de que ha interpuesto, en paralelo a la querella contra el Consejo de Gobierno, un recurso de amparo constitucional contra el decreto 5/2010. En paralelo, funcionarios de todas las consejerías han sido convocados esta tarde en Antequera por asociaciones contrarias al decreto para valorar el acuerdo y decidir las actuaciones a seguir.

El ugestista Dionisio Valverde, fimante del acuerdo, dijo que con”el contenido del acuerdo se desmontan las falacias que se han venido soltando, el acuerdo lleva una serie de medidas que se tienen que reflejar en la modificación del decreto ley” y añadió que ” hemos salvado cualquier duda que pudiese existir sobre la interpretación de los derechos de los trabajadores, tanto del personal laboral como de los funcionarios que se integran”.

Poco después añadió: “No hay argumentos para moverse sindicalmente, hemos hecho un buen trabajo, la Administración ha sido receptiva y UGT y CCOO han echado la carne en el asador, para que el acuerdo no deje lugar a dudas sobre las cuestiones que se plantean. Hemos tratado de limar finamente cualquier escollo que pudiera surgir, ahora le toca a la Administración dar un paso adelante y llevar esto a una modificación, por la vida que consideren oportunas, y de algunas normativas de desarrollo reglamentario que también tendrán que adaptar para que esta reordenación del sector público se lleve a cabo en los términos firmados en el acuerdo. No se pueden hacer lecturas intencionadas de la norma”.

Pues Mar Moreno negó ayer que el acuerdo firmado con UGT y CC.OO pueda servir efectivamente para cambiar una sola coma del polémico decreto-ley de reestructuración del sector público andaluz.

Decreto, decreteo, decreto, viene a ser su defensa. Moreno fue clarísima: «En principio, la mayor parte de los acuerdos tienen que ver con la interpretación. Sobre todo, interpretan el decreto. Si había algún espacio de duda que pudiera afectar a un determinado derecho o expectativa, lo que hacen los acuerdos es concretar el desarrollo del decreto».

El texto legal -que buena parte de los funcionarios están exigiendo que se derogue con protestas práctivamente en cada acto público de los miembros del Gobierno andaluz- ha provocado «más dudas de interpretación que agresiones concretas en algún artículo. Por lo tanto, el acuerdo va a poner negro sobre blanco cuál es la interpretación del decreto a futuro. Y precisó que “si hay algún acuerdo que vaya contra la letra del decreto, evidentemente se modificará; vía decreto”.