Había expectación –y mucha– para conocer el acuerdo anunciado por el Nuncio para avanzar hacia una solución del litigio del arte que podía pasar por la gestión compartida de las obras. Pero el obispado rehusó ayer explicar de qué se habló en la reunión entre el obispo Piris y su homólogo de Barbastro y si hubo acuerdo –que según fuentes cercanas al prelado sí lo hubo. Lo que sí se dijo, a través de una nota de prensa, es que el obispado se aparta de la vía civil y que acata las “resoluciones canónicas y su validez” a la par que reconoce el acuerdo suscrito por el obispo Salinas en 2008, un acuerdo que implica la entrega de las obras en 30 días. La Generalitat no tardó en responder y en dar la clave de todo el embrollo: las obras están protegidas por la Llei de Patrimoni y cualquier acuerdo pasa por el reconocimiento explícito de la unidad y legitimidad de la colección.

En la nota remitida por el obispado de Lleida se manifiesta que siempre se ha mostrado la voluntad de “acatar y obedecer” la “resolución última eclesiástica” y que Piris ya pidió permiso para entregar las obras, aunque la Generalitat lo denegó. También dice la nota que si se ha acudido a la vía civil ha sido porque el obispado de Lleida había sido demandado y que en el proceso se han mostrado de acuerdo en el hecho de que las obras han estado en Lleida “durante más de 100 años sin que nadie las reclamase” porque era una cuestión “obvia” pese a que Salinas no lo reconoció así. Puesto que el obispado ya manifestó en su momento que acataba la sentencia, la diócesis ha decidido apartarse de la vía civil al renunciar a “constituirse en parte apelada” en el recurso ante la Audiencia presentado por los Amics del Museu. Sí manifiesta el obispado, que, “ante las dudas, incomprensiones, comunicados y querellas hechas públicas por entidades y particulares de forma injusta, injustificada y tergiversando la actuación del obispado y de Piris” se reitera que el prelado reconoce y acata la “las resoluciones canónicas y su validez”, además de reconocer también el acuerdo suscrito en 2008 entre el obispo de Barbastro y Xavier Salinas sobre estas obras. Este acuerdo –que hablaba de la entrega del arte en 30 días y que nunca se pudo hacer efectivo– se dictó “por los órganos competentes de la Iglesia, como corresponde a una verdadera cuestión interna”, según reza la nota.

Si en la reunión con el Nuncio se habló de otro pacto y de la gestión compartida no ha trascendido. Lo que sí es evidente es que el litigio está enconado en el mismo punto que antes de la reunión. Y es que pese a la voluntad del obispado de acatar a Roma y apartarse de la vía civil, el Departament de cultura recordó ayer que la colección en litigio se constituyó hace un siglo “de acuerdo a las indicaciones del Vaticano para proteger las obras”. Desde Cultura también se apunta que la colección está amparada por la Llei de Patrimoni y por las resoluciones del Parlament y que cualquier acuerdo debe partir del “reconocimiento de la legitimidad y unidad de la colección”. Más claro, el agua.

También fue claro el alcalde de Lleida, Àngel Ros, que dijo que cualquier decisión sobre las obras “debe pasar por el Consorci” y que Lleida debe defender sus derechos sobre las obras por todas las vías jurídicas sin que esto signifique que no se pueda llegar a un pacto. Ros dijo que había expectativas de que se daría un “salto importante” para compartir las obras, pero a la vista del comunicado dijo ver con “preocupación” la orientación “hacia posiciones anteriores”. Más crítico se mostró el presidente de la Diputación, Jaume Gilabert, que dijo que el comunicado representa una “marcha atrás” hacia las posiciones del obispo Salinas e insinuó que el texto está “forzado por Madrid”.

Y es que Gilabert ve “presiones” en este asunto, que considera “indignas”, porque afirma que esto “dice muy poco de la justicia social” que defiende la Iglesia. También lamentó Gilabert de que al obispo Piris “se le deje de lado” porque Roma sólo atiende a los argumentos de una parte. Para Gilabert es evidente que el tema no queda resuelto y recordó que Lleida estaba dispuesta a “abrir una negociación”, aunque añadió que ante esta situación “debemos defender nuestros intereses”. Como Ros y Gilabert, el presidente del Consell del Segrià, Ricard Pons, defendió la necesidad de un pacto pero calificó de “paso atrás” la postura del obispado, pese a dejar la puerta abierta a que el “reconocimiento” del acuerdo de 2008 pueda dar paso a otras interpretaciones.

El abogado de los Amics del Museu, Francesc Sapena, dijo que esta decisión es “irrelevante” para el pleito y manifestó que la juez no tiene que decir dónde va el arte, sino de quién es. Y es que Piris dijo antes de entrar a la reunión que “dependerá del juez” que las obras se entreguen o no, una cuestión que el obispado ha planteado a la justicia para que se pronuncie.