Julián Muñoz

La cuarta sesión del juicio por el ‘caso Malaya’ ha comenzado con alusiones a la Constitución de 1812, la conocida como ‘La Pepa’, para poner en valor la importancia de los derechos fundamentales y con algún que otro sobresalto, que ha hecho saltar las alarmas sobre lo que se ha interpretado a priori como la presunta fuga de un acusado. El socio de Roca José María Mellado aparecía pasado el mediodía después de que el presidente de la sala anunciara a su abogado que lo encarcelaría si no se presentaba en la vista, de la que llevaba ausente desde ayer sin causa justificada.

Tras comparecer, José María Mellado ha recibido permiso del tribunal para abandonarla, ya que se sentía indispuesto y ha sido conducido a la clinica forense, acompañado de un funcionaria, para que fuera examinado. Al parecer, ha alegado problemas laborales y escasez de medios para justificar su ausencias. Por ello, el tribunal lo ha dispensado de estar en la sala hasta el día 25, fecha en la que está previsto que intervenga su abogado.

Por lo que se refiere a las intervenciones de los letrados, el abogado de Julián Muñoz, el mediático Javier Saavedra, ha sido el primero en tomar la palabra. El defensor ha echado mano del texto constitucional para recordar que todos los españoles son iguales ante la ley. “Lo digo porque parece que hay españoles y procesados en el ‘caso Malaya’”, ha subrayado el letrado al tribunal antes de comenzar a desgranar como, en su opinión, se han vulnerado derechos constitucionales del ex alcalde de Marbella, desde el derecho al juez predeterminado por la ley, neutral y parcial, hasta su ingreso en prisión por riesgo de fuga.

Para Saavedra, el juez Miguel Ángel Torres se apropió del procedimiento “ y eso es la piedra angular, porque no hubo neutralidad; todo lo demás está viciado”. Como prueba de esa supuesta falta de imparcialidad, ha anunciado al tribunal que aportará más adelante una fotografía del instructor “paseando con un libro sobre la corrupción y Marbella”.

“Muñoz estaba en Argentina cuando se destapó ‘Malaya’ y regresó a España, ¿qué riesgo de fuga había? Muñoz regresó porque no tenía temor alguno, porque aquello no iba con él. Muñoz se había creído que había arcángeles en el cielo”, ha ironizado Saavedra, para subrayar a continuación que no existía riesgo de fuga y desacreditar la posterior orden judicial de ingreso en prisión. Por cierto, que el abogado aseguró que Muñoz es el preso más antiguo de la ‘operación Malaya’, con catorce meses en la cárcel, cuando en realidad es Juan Antonio Roca, que ha estado cuatro años en prisión preventiva por este caso.

Sobre el auto decretando la prisión, ha dicho que “a veces se te encoge el corazón cuanto te paras a ver qué razones le llevan al juez a meterlo en la cárcel”.
“Es la declaración de un contable (el de Roca en la empresa Maras Asesores), que dice que intuye, que cree, que las iniciales JM son de Julián Muñoz”, ha añadido.

El letrado ha recordado que Roca en su declaración dijo que tales iniciales “no correspondían a Muñoz, pero es más: ofende al sentido común que dos enemigos políticos jurados como Roca y Muñoz se pasaran sobres con dinero. Y además, ¿dónde está el dinero? Lo han buscado por tierra mar y aire…”.
Saavedra ha explicado al tribunal que a diario recibe descalificaciones por llevar la defensa de Muñoz, “pero me siento orgulloso de ello, porque lo que Muñoz me cuenta es veraz y cierto”.

El defensor del empresario y socio de Roca, Carlos Sánchez, acusado de malversación, cohecho y blanqueo, ha solicitado tambien la nulidad del proceso. Julián Chamorro ha recordado que “alguien dijo que mi defendido era el maestro de Roca, el que organizaba las famosas partidas de pócker. No sabemos quién dio la noticia”. También ha recordado como se produjo su detención: “Se le detuvo en el antedespacho del juez, adonde se había presentado de forma voluntaria, sin que nadie le citara, y se lo llevaron al calabozo. Luego fue conducido esposado a declarar.”Pone los pelos de punta cómo se han procedido las detenciones y los registros”.

Chamorro ha llegado a insinuar supuestas torturas en el trato recibido por su cliente, pero ha retirado sus palabras y pedido disculpas al ser advertido por el presidente del Tribunal de que había sobrepasado la raya de la crítica.

“La Junta de Andalucía ha hecho una acusación sorpresiva por malversación”, ha espetado el defensor del constructor José Ávila Rojas, quien ha puesto en cuestión el papel de ésta, que como acusación popular “no puede reclamar responsabilidad civil”.

“El tribunal se encuentra en un estado de necesidad procesal”, ha explicado el letrado del promotor Javier Arteche, que se ha referido a la nulidad del proceso que piden todas las defensas, y ha pedido a la Sala “una valiente resolución de cuestiones previas” y “una sentencia justa y también valiente”.