Por Josele Sánchez (R).- Ayer fue un día de extraordinaria felicidad para quienes hemos hecho, de la lucha contra la pederastia, una cruzada periodística. La victoria fue parcial, mínima, casi raquítica, pero lo suficiente para saber que el trabajo que estamos realizando, antes o después, debe tener resultado. Mario Díez (y Justicia Poética) han convertido sus vidas en otra cruzada contra la pederastia desde el ámbito del derecho. Si los ciudadanos nos unimos esto tiene que cambiar. Los jueces y fiscales son funcionarios a quienes retribuimos de manera excelente para que hagan justicia; no son caciques que puedan ejercer su autoridad con desprecio al derecho y, en multitud de casos, al servicio de los criminales.

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No es necesario que les recuerde que existe un caso de pederastia del que no puedo hablar por orden judicial y bajo amenaza de ingreso inmediato en prisión; a estas alturas, no es que ya lo sepan todos ustedes; lo sabe medio mundo, porque la mordaza judicial a un periodista, la conculcación de Derechos Fundamentales de un reportero como el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la libertad de expresión ya es noticia destacada en la prensa internacional que no comprende cómo puede ocurrir esta arbitrariedad en un Estado de Derecho.

¡Ay si la opinión pública internacional supiera -de la misa, la mitad- de la corrupción instalada en las más altas instancias de nuestro sistema judicial que lo convierte, sin duda, en la justicia (? ) más corrupta de Europa!

Lo que no puede impedirme la magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, María Lidón Calero Marzá (salvo que cumpla los deseos del Fiscal de Castellón y en otro alarde de injusticia ordene mi ingreso en prisión) es que siga informando, escribiendo y publicando cuanto entienda por conveniente en el libre ejercicio del más hermoso de los oficios: “contar lo que sucede y que OTROS no quieren que se sepa”.

Y la pederastia es tema de candente actualidad: la pederastia de “alto copete” y la colaboración necesaria de jueces y fiscales absolutamente corruptos, corruptos hasta la más vergonzosa prevaricación e inmorales hasta el límite de despreciar a las víctimas y estimar que el honor de sus togas vale mucho más que el daño sufrido por quien ha sido violada, desde los 12 años de edad…

Sí, no crean que exagero.

¿Les dice algo el nombre de la magistrado Ana Isabel Pérez Asenjo?

Les cuento: esta juez (compañera de carrera y profesión de María Lidón Calero Marzá, con idénticas obligaciones que “mi juez instructora” pero con plaza en San Sebastián) debería haber instruido un sumario; “el caso Kote Cabezudo”.

Un juez instructor es el encargado de recabar toda la información sobre un caso (respetando los derechos de imputados, denunciantes y abogados), reunir todas las pruebas y, desde el rigor jurídico, la objetividad profesional y LA INDEPENDENCIA respecto a las partes, dejar el camino preparado para que sea posteriormente juzgado ante un tribunal que presidirá otro magistrado.

Una juez que lee en diagonal y que durante 5 años se ríe del dolor de las víctimas

Pues bien, la juez de instrucción de San Sebastián, Ana Isabel Pérez Asenjo, fue apartada del caso por el Consejo General del Poder Judicial tras obstruir, durante cinco largos años, la investigación de un gravísimo caso de pederastia, decantándose deliberadamente a favor del principal imputado, facilitando la destrucción de pruebas, obstruyendo hasta la indefensión la labor del letrado de la acusación y perjudicando a las víctimas de un modo que será imposible reparar el resto de sus vidas.

Sólo les pongo un ejemplo: porque le dio la gana, porque para eso es la juez y se cree por encima del bien, del mal y entiende que la ley es Ella, Ana Isabel Pérez Asenjo se negó, durante 5 años, a dictar una orden que impidiera que siguieran viéndose en internet, a disposición de quien quisiera pagar 14,90 euros, los vídeos de las violaciones de estas menores. Sí, como lo leen.

Cualquier juez de instrucción riguroso, objetivo e INDEPENDIENTE de las partes, lo primero que hubiera hecho (antes de saber si los acusados eran culpables o no) es dictar una orden de retirada inmediata de esas grabaciones, al alcance de millones de usuarios de internet (de todos los usuarios de internet del mundo).

Esto no sólo lo hubiera dictado cualquier juez de instrucción riguroso, objetivo e INDEPENDIENTE de las partes: lo hubiera hecho cualquier ciudadano, con un coeficiente mental suficiente para distinguir entre el bien y el mal, sin necesidad de ser licenciado en derecho, ni de haber aprobado la difícil oposición de judicatura.

Pero Ana Isabel Pérez Asenjo, magistrado, juez de instrucción, una de esas personas a las que los ciudadanos ven con temor y hasta con pequeñez, y a la que deben dirigirse como “Su Señoría”, no sólo no lo hizo sino que su respuesta a cada petición del letrado Mario Díez de que procediera a ordenar la clausura de la web donde se vendían estas grabaciones y, en todo caso, a eliminar las cintas en las que aparecen las niñas violadas, fue una negativa tras otra por considerar que “no había lugar”.

¿Habría actuado igual Ana Isabel Pérez Asenjo de ser su hija la que hubiera sido violada y que, para incrementar el sufrimiento padecido, durante 5 largos años ha tenido que soportar, día tras día, el infierno de saber que todo el mundo podía verla, en tan trágica situación, a través de internet?

Ana Isabel Pérez Asenjo fue apartada de su juzgado e investigada por el Consejo General del Poder Judicial, ese organismo inservible cuya única misión es proteger, siempre, a jueces corruptos o incompetentes.

Y el Consejo General del Poder Judicial hizo lo que cabía esperar del máximo órgano de la mafia judicial española: no sancionar a esta juez cuya acción sólo tiene dos posibles interpretaciones: o es tan rematadamente torpe que no reúne las mínimas condiciones para estar al frente de un juzgado, o es rematadamente corrupta y actuó así para proteger al violador Kote Cabezudo.

¿Saben cuál es el argumento que utilizó “esta tipa” (que quieren, me niego a llamar “Su Señoría” a una juez tan indecente) para “escurrir el bulto” y librarse de un sanción -que no debiera haber sido otra que la expulsión de la carrera judicial y la apertura de un expediente por prevaricación y colaboración criminal-?

“Que leyó en diagonal los escritos del letrado Mario Díez…”

¿Puede una juez de instrucción “leer en diagonal” los escritos de un abogado ante una causa tan importante? ¿Es práctica habitual entre los jueces de instrucción “leer en diagonal” los escritos de las defensas y las acusaciones?

La juez que instruye mi causa, me deja en indefensión y evidencia su manifiesta enemistad hacia mí

¿Tengo -pues- derecho a temer que María Lidón Calero Marzá esté leyendo en diagonal los recursos de mi abogado?

Qué quieren que les diga: sea cual sea la respuesta me echo a temblar; me echo a temblar porque estoy privado de Derechos Fundamentales por la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, con la obligación de acudir a firmar todos los lunes a un juzgado y con la amenaza de ingreso inmediato en prisión si digo o escribo algo que, tal vez, también María Lidón Calero Marzá, pueda leer “en diagonal”.

Y si tengo la fortuna de haber encontrado una juez que lee como toda la vida de Dios, de izquierda a derecha, haciendo pausas de respiración en las comas, con la necesaria comprensión del texto leído, aún me queda el otro temor, mucho mayor si cabe (porque me niego a creer que Ana Isabel Pérez Asenjo sea lerda y, por el contrario, estoy convencido de que ha prevaricado y ha estado actuando deliberadamente a favor del violador y en contra de las niñas violadas): temo que la instrucción de “mi caso” (es tan ridícula la situación que no puedo mencionar el nombre “del caso” por el que estoy sufriendo este acoso judicial sin precedentes en la historia del periodismo en España) no responda a los requisitos exigibles a un juez de instrucción: rigor jurídico, objetividad profesional e INDEPENDENCIA respecto a las partes.
¿Cómo quieren que no tema esta falta de INDEPENDENCIA respecto a las partes cuando mi principal acusadora es otra juez, otro miembro de este “peculiar” sistema judicial que tenemos y, a mayor abundamiento, compañera de juzgados en la misma localidad, en la misma provincia y en el mismo edificio de trabajo?

Un juez de instrucción no puede tener ninguna animadversión por ninguna de las partes y, de tenerla, debe renunciar al caso y dejar que lo instruya otro compañero.

¿Creen ustedes que puede inspirarme alguna seguridad la independencia de una magistrado, María Calero Lidón Marzá -que antes incluso de que yo compareciera en sede judicial- le dijo textualmente a mi procurador: “Dígale a su cliente que estoy muy enfadada con él y que mejor será que deje de escribir”?

¿Creen ustedes que puede inspirarme tranquilidad respecto a su rigor jurídico el que la juez de instrucción del Juzgado nº 5 de Castellón haya desestimado la petición de mi letrado de 30 días naturales para poder estudiar unas diligencias ¡de 9 tomos! y que encima lo interprete como una maniobra de la defensa para dilatar el proceso? ¿Dilatar un mes un proceso, en el que se me hacen acusaciones gravísimas que ni siquiera puede estudiar adecuadamente mi abogado defensor?

Ni aunque se tratara del Bufete Cuatrecasas, con todo un equipo de penalistas metiendo mano a esos 9 tomos, en 14 días no serían capaces de preparar mi defensa.

Pero es que aún hay más: el tomo 8 no le ha sido facilitado a mi letrado hasta la pasada semana porque Su Señoría lo estaba repasando ¿Qué pasa, que no se puede fotocopiar el tomo de marras para que Su Señoría repase todo lo que tenga que repasar (espero que me haya tocado una juez de las que repasan de izquierda a derecha y no en diagonal), al tiempo que mi letrado pueda preparar mi defensa?

Y la cuadratura del círculo corrupto que ha envuelto al “caso Kote Cabezudo” (a nivel judicial, porque otro día les contaré el apoyo mediático que ha tenido Odón Elorza por parte de “la prensa del sistema” y muy particularmente por Atresmedia y Mediaset) está en la Fiscalía.

Una Fiscalía, al servicio del violador, que se niega a solicitar la prisión del criminal

La Teniente fiscal de San Sebastián, Carmen Rebollo, ha sido el otro pilar de defensa del violador Kote Cabezudo y la otra espada de Damocles sobre las pobres víctimas violadas.

Una Teniente Fiscal que, reiteradamente, un intento tras otro, impidió que el Fiscal Bermudez solicitara la prisión para Kote Cabezudo.

¿Saben qué argumento jurídico tan sólido se utilizó para que este cerdo no ingresara en prisión durante 5 años?
Que “su ingreso en prisión ya no podía evitar el daño cometido”… ¡con dos ovarios!

¿Saben que ha hecho la Fiscalía General del Estado con su putrefacta Teniente Fiscal de San Sebastián?

Nada, nada de nada. Probablemente lo único que haga es aprovechar y querellarse ¡otra querella más! contra este periodista.

Tenemos, en definitiva, un sistema judicial modelo para cualquier república bananera, un sistema judicial especialmente cómplice de cualquier tipo de abuso infantil.

Algunos de lo máximos representantes de la justicia española implicados en casos de abusos infantiles

Comenzando por la ministro de Justicia que dice que vio a jueces y fiscales acostarse con niñas en Cartagena de Indias y, pese a la gravedad del delito, no actuó (siendo entonces Fiscal de la Audiencia Nacional). No actuó porque protege a sus compañeros. No actuó (y presume de feminista ¡la muy desgraciada!) porque no era su hija, ni su sobrina ninguna de esas niñas.

Continuando con la Fiscal General del Estado, acusada ¡con montones de pruebas! de estar implicada como encubridora de una Red de Secuestro de Niños (cuando era Fiscal Jefe en Sevilla) y que la propia Fiscalía General del Estado echó tierra encima y desestimó la causa.

Con un Fiscal, José Grinda (otrora Fiscal Anticorrupción, ¡que hay que joderse) que ha estado investigado en dos causas de pedofilia (en una de ellas, todos los implicados ingresaron en prisión a excepción del fiscal Grinda). ¿Saben que ha hecho la Fiscalía General del Estado con este fiscal pedófilo? Nada.

Con una investigación de la Guardia Civil sobre una red de pedofilia a nivel internacional, con seguridad la mejor investigación llevada a cabo por la benemérita y que precisó, incluso, de una modificación del Código Penal para poder introducir agentes infiltrados entre los pedófilos. Y de repente, cuando estaban a punto de desmontar todo un castillo de naipes, llega una orden de una juez de Orihuela y manda parar la investigación. ¿Por qué da esa orden la juez de Orihuela? ¿Quién “estaba a punto” de aparecer entre los pedófilos identificados al que había que proteger?

Luego se quejan de que llame “mafia judicial” al Estado español. El letrado Mario Díez aún utiliza términos más contundentes para referirse a este chiringuito que tienen montado y del que sólo pueden extraer una conclusión: jamás los jueces ni los fiscales pisan la cárcel, jamás pagan por sus “errores profesionales” por graves y fatales consecuencias que deparen.

Conozco tanto de tantos casos, desde Puente Genil hasta San Sebastián, desde Lérida hasta Vinaroz, casos de pederastia y de pedofilia en los que siempre aparecen inexplicables (o no tan inexplicables, que no somos tontos, ¡joder!) comportamientos, actitudes, peticiones o inhibiciones fiscales y resoluciones judiciales.

Lo único que me causa esperanza es la movilización de la opinión pública internacional. Cada vez son más medios y de más países los que se enteran de lo que está pasando, de lo que lleva pasando en España desde que el Régimen del 78 instauró una nueva casta: “la casta de la justicia”, jueces y fiscales que, lo mismo que de Jefe del Estado, de manera tácita o implícita, resultan inimputables.

Director de La Tribuna de España