Carmen Forcadell, a su llegada al Tribunal Supremo.

AD.- Jaque mate al Estado. La crónica de una muerte anunciada. Lo apuntamos ayer y por desgracia los hechos vuelven a darnos la razón: la muerte del Estado español y de la soberanía nacional.

Carmen Forcadell, la exlíder de la siniestra ANC, una de las principales instigadoras del golpe de Estado para romper España, la presidenta del parlamento que declaró la república catalana, no irá finalmente a prisión. Ha bastado una falsa retractación del gravísimo delito cometido y un no menos falso acto de contrición, para que el Supremo haya decidido dejarla en libertad. Ha prevalecido la ‘doctrina Rajoy’, defendida en las últimas horas por el inútil jefe (técnico) de los Mossos, Juan Ignacio Zoido. Por si no había quedado ya acreditado, Mariano Rajoy es un cobarde que sólo busca mantener los privilegios de su casta. Un pactista adocenado, siempre dispuesto a ceder, cuya estrategia habitual es no hacer nada para que los problemas se pudran. Él y su Gobierno ya han acabado con la escasa dignidad que le quedaba a un Estado que ya hace aguas por todos lados, con la izquierda y los liberales de Ciudadanos abriendo grietas para acelerar el hundimiento. Hoy mismo, frente a la Audiencia, la Policía desalojaba a los que gritaban “¡Forcadell a la cárcel”! mientras consentía a los que la apoyaban, algunos con esteladas. Órdenes de Zoido, el mismo que ayer ordenó a los Mossos que actuaran contra los terroristas callejeros como tiernas ursulinas. “Para evitar portadas en la prensa internacional como las del 1 de Octubre”, justificó el rastrero. Ya sabemos que para un Gobierno tan indigno e indecente como el de Rajoy, el relato de la prensa extranjera pesa mucho más que la obligación de garantizar el derecho a circular libremente de los ciudadanos españoles, sin que ese derecho lo pueda cercenar una banda de delincuentes capitaneados por el líder de la Intersindical CSC, el terrorista Carlos Sastre, el asesino del empresario Bultó. El 9 de mayo de 1977, Sastre y otro terrorista de Terra Lliure entraron en el domicilio del empresario José María Bultó, de 77 años de edad, mientras comía con su familia y le adosaron una bomba al pecho con la amenaza de hacerla estallar si no entregaba 500 millones de pesetas para financiar el grupo terrorista separatista. Desde el primer momento, Bultó se negó a pagar. La bomba estalló cuando se disponía a salir de su casa para acudir a una comisaría de Policía.

40 años más tarde, el Estado aún representado en Cataluña le permitió el sabotaje de trenes, el corte de carreteras y que perturbase impunemente la vida de cientos de miles de personas. Ésta es la casta infecta que nos gobierna.

Los hechos por los que ha declarado Carmen Forcadell y la Mesa del Parlament han sido mucho más graves que los que empujaron a la juez Lamela a enviar a prisión a Oriol Junqueras y a varios ex consejeros catalanes.  El Tribunal Constitucional había advertido reiteradamente a Forcadell sobre las consecuencias de sus decisiones. Hizo caso omiso. Los letrados de la Cámara advirtieron a Forcadell de que tramitar la ley del referéndum era ilegal. No les hizo ningún caso.

Recordemos que la fiscalía catalana anunció que investigaría a Forcadell por admitir a trámite con sus votos el debate exprés y la votación de la Ley del Referéndum pese a la prohibición del Constitucional. La fiscalía subrayó que los querellados, con Forcadell al frente, “colaboraron con actos necesarios e imprescindibles para que el Govern (…) disponga ilícitamente de fondos para llevar a cabo su plan secesionista”, añadió.

Sobre el delito de malversación, castigado con penas de prisión, el fiscal lo consideró evidente: “la convocatoria y celebración de un referéndum implica un gasto de dinero público”, y como la consulta va contra la Carta Magna, “cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiación es por consiguiente ilegal”. Por tanto, “impulsar la aprobación” de la proposición de Ley del Referéndum “es permitir que pueda consumarse el despojo de fondos públicos”.

Respecto al delito de prevaricación –adopción de resoluciones injustas a sabiendas- el fiscal aseguró que no pueden estar amparados como actos políticos, sino como resoluciones administrativas. “Se trata de decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional”.

Pese al cúmulo de hechos delictivos, Forcadell brindará hoy con los suyos, acaso celebrando la rendición del Estado de Derecho. Unas cuantas portadas en la prensa extranjera, un puñado de twitters de un delincuente fugitivo y el alboroto callejero de los independentistas, han bastado para doblegar la voluntad del Gobierno. Que nadie dude que la excarcelación de Forcadell será la antesala de la de los delincuentes encarcelados en Estremera, Alcalá-Meco y Soto del Real. El resto ya se sabe: prevalencia de la doctrina del Supremo sobre la aplicada por la Audiencia Nacional, lo que pone en bandeja a los separatistas el relato de una justicia española parcial y de un fiscal general maniobrero. Todo ha sido previsto por los que dicen detentar la voluntad popular. El golpe de Estado en Cataluña les ha salido gratis. Ahora intentarán que las consecuencias penales del golpe se diluyan como un azucarillo en un vaso de agua. Confiemos que la Justicia española, a partir de ahora, le dé la misma oportunidad a cualquier delincuente que la que tuvo Forcadell. Imaginemos la secuencia de un pirómano ante el juez:

-“¿Promete usted ser bueno y no volver a prenderle fuego a la casa del vecino”.

-Sí, sí, lo prometo.

“¡Ea pues! váyase a casa”.

Así las cosas, parece que una vez más le toca al pueblo español hacer frente a los enemigos de la nación española, que incluye también al Gobierno y a todo el Parlamento. La traicionera élite española vuelve a darle la espalda al pueblo. Por consiguiente, le toca al pueblo asumir la responsabilidad que la gravedad histórica del momento le impone. Y eso pasa por ‘botarlos’ en las urnas y por causar a los separatistas el mayor daño económico posible. Ya hemos argumentado que la solución al pomposamente llamado conflicto catalán pasa por cercenar sus fuentes de ingresos. Felizmente, disponemos de recursos que no tienen que ser aprobados por el Congreso ni fiscalizado por Maza. Disponemos del derecho a la libertad de elegir lo que compramos y lo que no, de decidir si queremos o no que nuestro dinero vaya a parar a los que alientan la insurrección contra España. Les instamos a no comprar productos fabricados o comercializados en Cataluña y perseverar en el empeño de que los empresarios catalanes paguen por su complicidad de décadas con el separatismo. Ya somos el 23 por ciento los españoles que hemos apartado los productos catalanes de la cesta de la compra. Si superamos el 50 por ciento, el castigo económico será pavoroso. Es una llamada que hacemos desde este revulsivo de la conciencia nacional, desde esta narrativa de patriotismo a carta cabal. No deben imponerse a nosotros, porque somos la última línea defensiva de nuestra Patria y la razón de que tantos españoles buenos hayan existido.

Forcadell eludirá la cárcel si paga 150.000 euros

Colau, Puigdemont, Junqueras y Forcadell en un acto en el Parlament.

El juez del Supremo Pablo Llarena ha fijado una fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que pueda evitar su ingreso en prisión y le da una semana de plazo para abonarla

La Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión preventiva de Carme Forcadell y otros tres antiguos miembros de la Mesa del Parlamento catalán por el desafío secesionista ilegal. El Ministerio Público ha pedido la medida cautelar más grave para Forcadell, la actual presidenta del Parlament en funciones, y para Lluís María Corominas, Lluis Guino y Anna Simó, para que no entorpezcan la investigación por rebelión, o sedición, y malversación. Todos han dado un frenazo este jueves al acatar la aplicación del artículo 155, que supuso la intervención de la Generalitat, y otorgar un mero valor simbólico a la declaración unilateral. En su turno de última hora, según EFE, se han desvinculado incluso de la vía unilateral hacia la independencia.

El Ministerio Público ha solicitado estas medidas en la comparecencia que ha comenzado pasadas las cuatro y media de la tarde, después de una larga jornada de declaraciones en el Tribunal Supremo.

En la misma vistilla, la Fiscalía ha pedido que Joan Josep Nuet, el único antiguo miembro de la Mesa que no pertenece a los partidos independentistas, sino a Catalunya Si Que es Pot, y ha solicitado que Ramona Barrufet pueda esquivar la prisión si abona una fianza de 50.000 euros. Todos ellos han restado valor este jueves a la declaración de independencia, al considerarla un acto simbólico sin efectos jurídicos, y han asumido el nuevo escenario en Cataluña, tras la intervención de la Generalitat por el Ejecutivo de Rajoy.

Los antiguos parlamentarios catalanes que provienen de la antigua Convergència, el PDeCAT, Corominas y Guino, han sido más explícitos en las palabras empleadas para expresar su vuelta a la legalidad. Estas declaraciones se aplazaron el jueves pasado ante la petición de suspensión de los abogados defensores, que alegaron que no habían tenido tiempo para preparar la declaración, ante una citación tan urgente.

Forcadell equiparaba el 155 que ahora acepta con “un golpe de Estado”

Carmen Forcadell comparó la aplicación del artículo 155 de la Constitución con un “golpe de Estado de facto” que “pretende descabezar las instituciones catalanas”. Así lo aseguró el 21 de octubre en una comparecencia en la cámara catalana, donde afirmó que las medidas del Gobierno español eran “un golpe a la democracia con el objetivo de acabar con un Gobierno elegido democráticamente por un Parlamento democrático”. “Un golpe autoritario dentro de un Estado miembro de la UE”, va reblar.

Forcadell denunció que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, “nos quiere quitar el Parlament votado por la ciudadanía, y hacerlo pasando por encima de la legalidad, para que el artículo 155 no les permite hacer lo que quieren hacer”. “Pretende que el Parlamento de Cataluña deje de ser democrático y eso no lo vamos a permitir”, advirtió.

“No daremos ningún paso atrás. La ciudadanía de este país nos escogió como legítimos representantes y como servidores públicos nos debemos a ella. Nos comprometemos, hoy más que nunca, a trabajar sin descanso para que este Parlamento continúe representando lo que votaron los catalanes”, aseveró.