Daniel Perales conoce el adoctrinamiento en primera persona, como profesor y como padre (La Razón)

Una niña acaba de darse un golpe en la pierna. La herida no reviste importancia, pero la pequeña llora sin parar y pide a la profesora que le cure. Se dirige a la maestra en castellano y la docente le responde en catalán. «Perdona, no t’estic entenent, ¿que m’estàs dient?», dice la profesora. La alumna de Primaria insiste en castellano y es ignorada. Hasta que no pide ayuda en catalán no la trasladan a la enfermería. Ésta es tan sólo una de las muchas historias de acoso y marginación a la que se ven sometidos aquellos niños, y sus padres, que estudian en colegios públicos y concertados y que no comparten el fervor nacionalista.

De este caso fue testigo Dani Perales, padre y profesor, que ha vivido en primera persona el «fanatismo» y la castellanofobia que se impone en las escuelas de Cataluña. Perales trabajó durante muchos años en un colegio público de Primaria y ahora da clases a adultos. «El caso de esta menor es sólo una muestra de cómo los profesores obligan a hablar catalán. El sistema educativo está viciado. Me parece muy preocupante que, por ejemplo, en Educación Infantil, que incluye estudiantes de 3 a 5 años, no se realiza ninguna clase en castellano. Luego, si se analizan los horarios de los alumnos de Primaria, si se parte de la base de las 25 horas de clase semanales, tan sólo tres son de castellano, el resto son en catalán, salvo la de inglés», denuncia.

Por este motivo, hay padres que han llegado a los juzgados para exigir un 25 por ciento de las horas lectivas en castellano, ya que, aunque defienden que el catalán debe ser estudiado también en la escuela, tienen claro que el castellano es la lengua vehicular de España y quieren que sus hijos lo hablen y escriban con propiedad.

Agustín, de 50 años, es uno de estos progenitores que tuvo que aguantar la persecución de los independentistas radicales por exigir este derecho. Ganó una sentencia ante el Tribunal Supremo. Pero entonces vinieron los insultos, los escraches y las pintadas: «En el colegio a mis hijos les denigraban. Por los pasillos, muchos profesores incluso les exigían que no hablaran castellano, ni en el recreo con sus amigos. La situación era insostenible», apunta. Este centro educativo era la Escuela Pía de Santa Ana, en Mataró, un colegio concertado, también en el punto de mira, porque, según Agustín algunos «curas catalanes son ultranacionalistas». «Desde hace 30 años, si quieres que tus hijos aprendan castellano tienes que recurrir a los colegios privados. Es una injusticia», apunta. Este fue su caso.

Cuando sus hijos, ahora de 11 y 12 años, ya no podían aguantar más la presión de profesores y compañeros, sus padres decidieron cambiarles al Colegio Hamelin donde ahora «son felices». «En la Escuela Pía no se podía poner una bandera de España, los villancicos eran todos en catalán… Ahora están tranquilos, nadie les dice nada por hablar castellano», afirma este padre de familia que asegura que muchos más padres se sumaron a él y sacaron a sus hijos de ese colegio. «Los independentistas han tomado a los niños como rehenes, es un sinsentido», lamenta. Tras el referéndum ilegal, incluso las semanas antes al 1-O, la mayoría de las escuelas privadas y concertadas tomaron partido, así, por ejemplo, puede verse todavía hoy en la fachada del colegio público de Perafort, un municipio de Tarragona, un cartel en el que se exige «construir la república catalana». «Es una vergüenza. Y si se analizan los libros de texto la situación es peor. Los de preescolar son sólo dibujos en los que aparecen niños votando, un ‘‘Estatuto de Autonomía’’ e incluso el ‘‘Abecedario de la Independencia”», denuncia José Ángel, de Mataró, que ha vivido esta situación de adoctrinamiento con sus sobrinos.

Precisamente, tras el clima de hostilidad provocado por el presidente Puigdemont, la coacción contra los que apuestan por la educación bilingüe en catalán y castellano ha escalado estos últimos días, más aún contra aquellos alumnos cuyos padres son agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. «Les llaman fascistas sus propios compañeros, sólo por ser hijos de guardias civiles», asegura un matrimonio cuyas dos hijas de seis y ocho años han sido trasladadas a otro centro de estudios en Tarragona para evitar daños mayores. Prefieren permanecer en el anonimato. «Dicen que sus padres son asesinos», añade para después denunciar que los días posteriores a la consulta ficticia los profesores se dedicaron a detallar los pormenores del «exitoso» referéndum. El éxodo hacia la educación privada es ya un hecho y pronto los colegios públicos y concertados serán sólo un nicho de independentistas alineados dispuestos a llevar a Cataluña hacia la deriva separatista.

La Asociación NACE (No Al Acoso Escolar) está recibiendo llamadas y denuncias de algunas de estas situaciones. «Hemos recibido varios casos tanto de alumnos como de docentes, pero todos quieren permanecer en el anonimato. Tienen miedo», afirma Javier Pérez, presidente de la asociación. Aunque las mayorías de consultas se están haciendo al teléfono del acoso (900 018 018) que habilitó el Ministerio de Educación hace unos meses, NACE ya ha registrado algunas formas de acoso que les alarman: «¡Vete a tu tierra!» o «Nos estáis robando», son frases que se han popularizado entre los acosadores. Y es que desde esta entidad temen que «la presión del clima político actual sobre niños y jóvenes catalanes pueda interferir en su aprendizaje». Y exigen «un pacto explícito de todos los partidos de Cataluña para mantener a los alumnos y a las escuelas al margen de cualquier politización y evitar su utilización en movilizaciones».

Cuentos en clase donde se «mata al Rey y a los policías malos»

El Ministerio de Educación no deja de recibir denuncias de padres y alumnos por la situación de hostigamiento que se está viviendo en diferentes escuelas públicas y concertadas de toda Cataluña. Por ejemplo, en un colegio jesuita de Clot escenificaron un cuento para escolares de siete años «cuyo final feliz consiste en que se mata al Rey y a los policías malos». El diario La Razón dice haber tenido acceso al segundo requerimiento que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha enviado a la consejera catalana Clara Ponsatí en el que alerta del acoso escolar que están sufriendo los alumnos , ya no sólo por no hablar en catalán, sino por no querer participar en las manifestaciones que promueven sus centros. Según Educación, las vejaciones se han incrementado «exponencialmente». Y, por ello, el ministro aseveró ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que «si no hay respuesta, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales». En el documento enviado se describen muchas de las situaciones de acoso que se están viviendo en el ámbito escolar e insiste en que esta situación la sufren «tanto por parte de sus compañeros como por el profesorado del centro». La Alta Inspección de Educación de Cataluña ha pormenorizado cada una de las denuncias que le han llegado y detalla los centros y localidades más señaladas por los afectados. En un centro de Lérida se justificaba la jornada de huelga del 3 de octubre «porque le han pegado a la gente que quería votar y han matado a una persona». Una afirmación falsa. En otro centro de Barcelona, un padre expone que «las tutoras de sus hijas les obligaron a hacer un minuto de silencio por los hechos violentos del día anterior». En Vic, en clase de 1º ESO, «el profesor pide a los alumnos que levanten la mano los que están de acuerdo con el referéndum. Uno de ellos, hijo de guardia civil, no la elevó y recibió una gran cantidad de insultos e improperios», documenta el requerimiento. Por todos estos casos, Educación denuncia que los niños están siendo «catalogados» e «identificados como defensores de una u otra vertiente».

Fuente: La Razón