A lo largo de mi vida he vivido dos golpes de estado en España: el del 23 de febrero de 1981, creo recordar, que me cogió realizando el servicio militar, y el nonato golpe de estado que encabeza la Generalidad catalana, es decir, una institución básica del Estado.

En el primero de ellos, un grupo de patriotas españoles, bien intencionados, pero posiblemente equivocados y, desde luego, engañados por el Rey, intentaron dar un golpe de timón a la catastrófica situación de nuestra Patria, que iba camino del desguace, en manos de una UCD totalmente dividida, con baronías territoriales que hacían de su capa un sayo.

Los asesinados terroristas se sucedían un día sí y otro también, e íbamos camino de los mil muertos e inválidos, la mayoría de ellos guardias civiles, que fue el cuerpo que más ha sufrido en sus carnes a estos criminales de la Eta.

Un teniente coronel de la guardia civil, creyendo obedecer las “órdenes” del Jefe del Estado (no olvidemos que uno de los cabecillas del golpe fue el 2º. Jefe del Cuarto Militar del Rey, nada menos), intentó que un gobierno militar se hiciera cargo de la situación, con la idea de acabar con el terrorismo etarra y poner freno a las pretensiones independentistas de algunas regiones de España.

Todos ellos cedieron sus armas, se entregaron voluntariamente, sin oponer resistencia, y penaron con muchos años de prisión los delitos cometidos. Y ello a pesar de la posibilidad ofrecida a los cabecillas de marchar al extranjero, con un avión que se había preparado y un maletín con trescientos millones de pesetas, para poder rehacer sus vidas, y vivir dignamente.

Prefirieron arrostrar las consecuencias de sus actos, con la caballerosidad propia de los generales, jefes y oficiales del Ejército español.

Y en el caso de los suboficiales y miembros de la guardia civil, se entendio que era aplicable la eximente de obediencia debida, ya que los mentados oficiales lo primero que negociaron fue los derechos de sus subordinados, aceptando ellos toda la responsabilidad sobre lo sucedido, en un gesto que les honra, y les honrará siempre.

Pero lo que es importante destacar es que ninguna institución se rebeló contra los poderes constitucionalmente establecidos, sino que fue un grupo de personas, que creían actuar obedeciendo los deseos del Rey, para enderezar la situación.

Huelga decir que el Borbón, como siempre, les dejó a los pies de los caballos.

El nonato golpe de estado de la Generalidad catalana tiene una gravedad muy superior, pues es una de las Instituciones básicas del Estado la que se rebela contra el mismo.

En efecto, las comunidades autónomas son partes sustanciales del Estado, y están constituidas –en el caso catalán- “por provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes”, tal y como establece el art. 143 de la Constitución vigente, de 1978. Al presidente de la comunidad autónoma le corresponde –art. 152, 1- “la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”.

Es decir, que uno de los órganos básicos del Estado se dedica, desde hace años, a organizar un golpe contra el propio Estado del que emana toda su legitimidad política.

El Gobierno de PP, en un alarde de imbecilidad y cobardía manifiesta, ha dicho por boca de los portavoces oficiales del PP, que no piensa aplicar el artículo 155 de la Constitución, ¡por falta de tiempo!, y supongo que por razones de oportunidad o estrategia, suponiendo que esa recua de cobardes tenga alguna.

El art. 155, 1, de la Constitución establece que: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (como sucede en el caso que nos ocupa), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado (creo recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Un destacado político y patriota español, don Alejo Vidal-Cuadras, ex vicepresidente del parlamento europeo, nada menos, por el PP, y posteriormente casi eurodiputado por VOX, hace ya tiempo que propugna una solución consistente en hacer que los Mozos de Escuadra (el brazo armado de los separatistas catalanes) pasen a depender directamente del Gobierno de España, por mediación del Ministro del Interior, situando a su frente a un Director General, con rango de Teniente General o General de la División de la Guardia Civil, con su Estado Mayor, del mismo Cuerpo, formado por generales, jefes, oficiales y suboficiales.

Y el que no obedezca, expediente disciplinario, deducción de testimonio a la vía penal, y a la puta calle. A grandes males, grandes remedios.

Una última conclusión: los golpistas de 1981 asumieron gallardamente y con hombría todas las responsabilidades penales y disciplinarias, y su principal –por no decir única- preocupación fue librar de responsabilidad alguna a todos sus subordinados, de teniente para abajo, mientras que estos políticos golpistas son unos cobardes, que tienen miedo a las consecuencias jurídicas de sus actos, y pretenden cargar todas las responsabilidades sobre la muy digna carrera de los funcionarios a sus órdenes, mozos de escuadra, etc.

Precisamente para salvar sus previsibles responsabilidades futuras, mi consejo jurídico es pedir todas las órdenes por escrito, y con registro de salida, firma y sello del político golpista responsable, etc.
¡Habrá que ir pensando en construir nuevas cárceles en Cataluña, pues van a hacer falta, de seguir así las cosas!

*Abogado y escritor. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.