De no haber sido grabadas las imágenes gracias a la pericia de un vecino, la hembrista habría denunciado a su pareja por malos tratos y éste hubiese dado con sus huesos en un calabozo, en el mejor de los casos.

Los hechos que ustedes pueden contemplar ocurrieron en La Laguna, Tenerife. Una pareja transitaba por una calle del municipio tinerfeño cuando ella, de forma repentina, comenzó a autogolpearse y a proferir gritos simulando una agresión con lesiones.

Por fortuna, el gozo de la hembrista cayó en el pozo de sus propias mentiras. Nos preguntamos sin embargo cuántos casos idénticos a éste se producen a diario. En estos casos, el sistema no necesita de más base indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del denunciado pase por su trituradora.

Una ley abominable

Cierto que existen algunos casos de maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas, y que condenamos con toda firmeza, aunque infinitamente menores a lo que cuentan las estadísticas oficiales, pero el otro también existe, además de forma creciente, y parece que lo aconsejable no sea otra cosa que aminorar sus efectos, ridiculizarlos o incluso negar que existan. Desde el mismo día de la promulgación de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género (LOIVG) hemos podido constatar que en realidad no se trataba de una ley para la defensa de la mujer maltratada, pues de ser así se hubiera redactado en términos muy diferentes y se hubiera tratado de mantener el fundamental principio de que todos somos iguales ante la ley penal.

Subvención de la UE por cada denuncia falsa de malos tratos

Cada vez que en España se tramita una denuncia falsa de malos tratos, el Gobierno recibe más de tres mil euros de subvención de la UE. No importa si la denuncia termina en la papelera a los cinco minutos, aunque el protocolo policial establece la detención y posterior calvario judicial de un inocente. Pero genera mucho dinero, que las hembristas se reparten como buitres atacando la carroña. Las denuncias falsas por malos tratos las promociona el Estado porque se trata sin duda de un negocio rentable.

Existen también centenares de informes de prestigiosos expertos que prueban cómo la mayoría de las denuncias por maltrato son literalmente falsas. Yo también lo creo. Y no sólo yo: El año 2010 se cerró con un 40% de denuncias de mujeres extranjeras. Y los jueces ya anunciaron que al menos la mitad de las denuncias que se presentaron fueron falsas. Hay que recordar que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, se ampliaron los marcos de aplicación de la ley de Violencia de Género por el procedimiento de otorgar más beneficios aún, en este caso a las mujeres inmigrantes sin papeles: automáticamente, solo por denunciar, tenían papeles, casa, pensión, cursos de formación y todo lo necesario para integrarse como una ciudadana española ya asentada.

El argumento que se dio entonces para tal medida es que así las mujeres extranjeras ilegales en España podrían denunciar sin el miedo que tenían de poder ser deportadas, argumento falaz totalmente falso ya que cualquier extranjero, con o sin papeles, puede denunciar un delito en España y por el mero hecho de estar su denuncia subjúdice ya no se deporta pues es parte en juicio. Así pues, lo que realmente había detrás era fomentar la industria y el negocio de género dando datos del crecimiento de denuncias que se hacían única y exclusivamente a cambio de beneficios sociales. Las subvenciones se están dando en función del número de denuncias, no de objetivos alcanzados, cuando se justificaba la discriminación positiva para la mujer, discriminación negativa para el hombre, por una cifra de muertas en manos de sus parejas que se mantiene por inutilidad de la Ley, creciendo, en cambio, el número de hombres muertos en manos de sus parejas.

Patria potestad

Por si fuera poco, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó un decreto por el que los hombres denunciados, no condenados, por violencia de género se les retirarían la patria potestad. A un ladrón de bancos no se le retira, se puede ser ladrón y buen padre, pero resulta que una vez más ni hace falta ser condenado, solo denunciado por una mujer, para que a un padre se le quiten sus hijos, su casa, aunque siga pagando la hipoteca, y se le obligue a pagar una pensión alimenticia, cuando no, además, una compensatoria. Así se están suicidando entre 600 y 800 hombres cada año, cálculo que se hace extrapolando estadísticas porque el Estado de la Igualdad dejó de publicar estos datos a los dos años de aprobar la ley de Violencia de Genero, cuando observó que las falsas acusaciones estaban disparando la cifra de suicidios.

La falacia más grande de todo ello es justificar que estas medidas se toman por el bien de los menores. A una mujer denunciada por malos tratos no se le priva de la guardia y custodia, pero a un hombre sí; a un violador, a mi modo de ver la actitud más ruin del machismo “como situación de dominio y de poder contra la mujer”, como cita la ley de Violencia de género, tampoco se le priva de sus hijos. Es más, como el caso de Marcos, de San Adriá del Besos, Barcelona: su mujer le clavó 5 puñaladas, estuvo procesada por intento de homicidio, le quitaron la guardia y custodia mientras estaba detenida, pero ya está en la calle y los servicios psicosociales (SATAF) consideraron que la madre debía tener la guardia y custodia porque el padre “hablaba mal de ella” y se la han dado. Para el interés del menor no existen ni las maltratadoras, ni las asesinas, ni los violadores… solo existe que una mujer, que por definición es, ha de ser, siempre será y se ha de decir así, “pura, santa y buena madre” y que denuncie en falso a su pareja.