Ramiro Grau Morancho.- Soy aragonés, y como decía Costa, dos veces español, por aragonés. Contribuyo a la Hacienda Pública, nacional y regional, en la medida de mis posibilidades, y por lo tanto creo que tengo “derecho” a que no se malgaste o dilapide el dinero de mis impuestos, y mucho menos se apropien indebidamente de él unos listos que se llaman políticos, y que la mayoría no saben hacer ni una o con un canuto.

Pero no es así. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda (Recurso 246/2015), me acaba de recordar por Auto de 24 de junio de 2016, Ponente don Eugenio Ángel Esteras Iguácel, lo que ya me temía: que no soy nadie para impugnar en que se gasta mi dinero, y que lo que tengo que hacer es pagar y callar, con la sonrisa en la boca.

En otras palabras, que soy un súbdito y contribuyente, un simple vasallo, pero no un ciudadano, con deberes, con muchos deberes, pero también con derechos.

Claro que, viviendo en una monarquía semifeudal, en dónde quien se atreve a meterse con una hermana del Rey acaba rápidamente en prisión provisional (y sino, que le pregunten a don Miguel Bernad Remón, secretario general de MANOS LIMPIAS), no se de que me extraño.

Las Cortes de Aragón, nuestro parlamento aldeano, aprobaron hace varios años un Acuerdo realmente secreto, pues no fue publicado en boletín oficial alguno, en virtud del cual los ex diputados podían cobrar lo que podríamos llamar una “pensión compensatoria”, una especie de seguro de desempleo, a razón de un mes por año de diputado, y hasta un máximo de dieciocho mensualidades, es decir, año y medio.
Pueden cobrarlo todos los ex diputados que no tengan otros ingresos, pero como la mayoría son políticos profesionales, o más bien profesionalizados, vamos que no tienen oficio ni beneficio, lo cierto es que lo han solicitado y obtenido la mayoría de los que no han vuelto a salir electos.

En otras palabras, cada ex diputado se va a su casa con una bolsa de dinero, aunque debería decir de nuestro dinero, que oscila entre los 12.000 euros como mínimo, a los casi 60.000 euros de los que hayan ocupado un escaño durante un máximo de dieciocho años.

¿De dónde sale ese dinero? Pues obviamente de nuestros impuestos, que para eso pagamos impuestos. ¿O es que creía que era para hacer escuelas guarderías, residencias de ancianos, hospitales, etc.…? Es usted casi tan ingenuo como el que suscribe.

Luego no cuadran las cuentas, Aragón tiene un déficit cada vez mayor, etc., pero que más da. Lo primero es lo primero, y si hace falta sacamos al chico del colegio, pero no vamos a dejar de salir por ahí a comer y beber, y no digo a folgar, pues quedaría fea.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa denunció este asunto ante el Tribunal de Cuentas, pidiendo al citado Tribunal (que no es un auténtico Tribunal, sino un organismo constitucional): “…que se establezca la posible responsabilidad contable en que hayan podido incurrir responsables institucionales en el manejo de caudales públicos, exigiendo la reposición de los mismos.

El Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas (los fiscales lo mismo sirven para un roto que para un descosido) ha informado a esta Asociación, en una comunicación reciente, su decisión de archivo de las diligencias incoadas… Afortunadamente, esta Asociación decidió, en la última reunión de su Junta Directiva, ejercer la acción pública ante el Tribunal de Cuentas y reclamar ante su Sección de Enjuciamiento el establecimiento de las responsabilidades contables en que hayan podido incurrir los miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón…”, y bla. bla. bla.

Lo cierto es que no me consta que estos señores hayan hecho nada al respecto.

Por correo electrónico de 26 de noviembre de 2015 les escribí, interesando el envío de esos antecedentes para tener la máxima documentación posible sobre el asunto, y poder sustanciar mejor la demanda; al día de hoy, sigo sin recibir contestación alguna.

Asimismo les invité a participar en el procedimiento, compareciendo como codemandantes: “Asimismo, y si ustedes quieren comparecer como asociación en el citado recurso, les envío los datos correspondientes…”
No han comparecido, por supuesto.

El 9 de diciembre de 2015 envié un atento escrito, por procedimiento administrativo, al Tribunal de Cuentas indicando que “Estando interesado en conocer el informe emitido sobre el particular, en mi condición de contribuyente aragonés, así como en calidad de Abogado, pues estoy interesado en impugnar este asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa, e incluso por la vía penal, en su caso, ruego envío de la documentación emitida sobre el particular”.

La “contestación” del Tribunal, más de medio año después, ha sido la misma, el silencio administrativo. (La verdad es que no me extraña, pues andan tan ocupados en enchufar a todos sus familiares en esa “cosa”, que no tienen tiempo para nada más, los pobres).

Y respecto a la Asociación anteriormente citada, tal vez debería ir pensando en cambiar su nombre a otro más adecuado, por ejemplo, “Asociación para la Defensa de los Privilegios de los Funcionarios Públicos Aragoneses”.

Impugnado este acuerdo secreto, o por lo menos misterioso, la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón comienza su defensa, muy legítimamente, por cierto, con un buen ataque, y plantea como cuestión previa que yo no soy nadie, o dicho en términos jurídicos, pide la inadmisión del recurso “por falta de legitimación activa” del recurrente”.

Dice así el Auto: “… En todo caso no es suficiente, a los efectos de apreciar la existencia de legitimación, con las meras expectativas, los intereses hipotéticos o un mero interés por la legalidad, que es lo que guía la posición del demandante, ya que lo que invoca es la nulidad genéricamente entendida del Acuerdo de la Mea y Junta de Portavoces, sin que pueda aplicarse por analogía las previsiones concretas de las normas que se citan por el demandante, en su escrito de oposición, en el ámbito del Régimen local o urbanístico”.

Es decir, que por la boca muere el mero, y por la firma el Letrado que confía, iluso de él, en el mero interés por la legalidad.

Y la Sala, muy digna ella, me impone también las costas procesales por ser rechazadas mis pretensiones. ¡Así aprenderé a pensar que estamos en un Estado de Derecho, cuándo realmente vivimos en un estado de desecho!

Es lo que procede para que la gente no se atreva a impugnar nada, y un justo castigo a quien piensa que tiene “derecho” a defender la legalidad.

Pues va a ser que no, por lo menos en España.

En vez de irnos de vacaciones, vamos a ahorrar ese dinero para poder pagar las costas, no vaya a ser que los ex diputados aragoneses, que tanto han hecho por todos nosotros (aunque no Se el qué), no puedan irse a su casa con la bolsa de dinero llena.

*Abogado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.