La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar mañana una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña, según han informado fuentes jurídicas.

La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirige contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra el titular de la conselleria vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

Torres Dulce niega «inacción»

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha considerado hoy que “no se puede acusar de inacción” al Ministerio Fiscal en la consulta del 9-N “desde el sábado se están investigando y valorando los hechos, sin ninguna precipitación pero siempre en el cumplimiento de la legalidad”. Torres, que se ha desplazado hoy a Logroño para visitar las obras del Palacio del Justicia, ha relatado, a preguntas de la prensa, cómo “desde el sábado la Fiscalía de Cataluña está recibiendo denuncias” y ya “el mismo día del proceso de participación se dijo que había indicios de hechos delictivos”.

No ha aclarado, sin embargo, qué delitos podrían haberse cometido porque es algo, ha explicado, en lo que está “trabajando la Fiscalía de Cataluña y cuando valore si los hechos son delictivos valorará, también, qué naturaleza de delitos y cuáles son las personas responsables”. Así, ha recordado que desde el Ministerio Fiscal se consideró que no era “proporcionado ejecutar medidas cautelares” con el proceso en marcha y que se han “recurrido” los archivos de denuncias en los juzgados en los que esto se ha producido.

“Vamos a actuar cuando creamos que tenemos que actuar, ni antes ni después” ha asegurado al tiempo que ha advertido de que “los tiempos de la Justicia no son como los tiempos políticos”. Así, ha insistido en que “la ley debe ser respetada, e interpretada” y ha pedido que se deje “trabajar al Ministerio Público”. “Cuando, con todos los datos, tengamos una decisión, la ejercitaremos si hay que ejercitarla”, ha avanzado.

Preguntado acerca de si, desde el Ejecutivo central, se ha pedido celeridad, ha indicado que es “ofensivo que alguien pueda pensar que al fiscal general del Estado, o al Ministerio Fiscal, un gobierno le da instrucciones”. Y ha añadido: “es ilegal, ilícito y yo no lo consentiría, por lo que no he recibido ninguna indicación del Gobierno, ni la voy a recibir, con respecto a las formas o a los momentos”.

Sánchez-Camacho

Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía catalana y ha afirmado que el Gobierno central garantiza que la justicia actúe contra quien incumple la ley.

Sánchez-Camacho ha subrayado que con esa medida se demuestra “la firmeza del Estado de derecho” y que las instituciones, la Fiscalía y el Estado de derecho funcionan. “El Gobierno de España es el que ha garantizado que no se hagan referendos ilegales, que se cumpla la ley y que la justicia actúe, la Fiscalía actúe frente a aquellos que, como Mas, han incumplido la ley”, ha añadido. Asimismo, ha declarado que Artur Mas se equivoca al no gobernar para 7 millones de catalanes, sino al servicio de los 2,2 millones que fueron a votar en “la farsa” del 9-N.

EL PP: QUIEN HAYA COMETIDO DELITO SERÁ JUZGADO Y CONDENADO

Recuento de votos del 9-N.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, ha pedido “calma y esperar a que actúe el Estado de Derecho” tras el llamado “proceso participativo” celebrado el domingo en Cataluña, y ha añadido que “probablemente habrá imputaciones” y “quien haya cometido un delito será juzgado y condenado”.

En su opinión, esos delitos los podrían haber cometido “los responsables políticos y administrativos que hubieran colaborado en la cesión de colegios, locales públicos y medios públicos, en general, para la realización de esto que se ha llamado proceso participativo alternativo que no deja de ser una patochada”, según ha dicho en declaraciones a la Cope.

Preguntado por las voces que, desde dentro del PP, han afirmado que el Gobierno podía haber hecho más para impedir la consulta, ha replicado que “siempre se puede hacer algo más, pero una cosa es eso y otra que se sienta desamparo”. Por eso, ha pedido esperar a la Justicia, que “siempre llega, a veces tarde pero siempre llega”.

En todo caso, ha defendido que actuar “no era muy fácil”, en parte porque la Generalitat había dicho que no se iba a apartar de la legalidad, y al final “no fue un referéndum ni una consulta, fue una patochada pero en locales públicos, con los Mossos movilizados y con funcionarios públicos”. “Por eso la Fiscalía ha abierto actuaciones y está investigando dónde, cuándo y quién cometió el delito si es que se cometió durante el desarrollo del 9-N”, ha explicado.

“Mas ha hecho el más absoluto de los ridículos”

Para el diputado ‘popular’, “lo importante es que dos terceras partes (de los catalanes) han dado la espalda al proceso, por lo tanto ha fracasado internamente” y que “internacionalmente el señor Mas ha hecho el más absoluto de los ridículos”.

Además, De la Serna ha insistido en que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le faculta para tomar medidas para garantizar que se cumplen sus resoluciones. En ese sentido, ha precisado que el artículo 87.2 “obliga a los juzgados y tribunales ordinarios a prestar con carácter preferente y con urgencia el auxilio judicial que el Tribunal Constitucional le pueda solicitar para que sus mandatos se cumplan”.

LA ABOGACÍA CATALANA Y ANTIFRAUDE NO VEN DELITO EN EL PROCESO PARTICIPATIVO

Como contrapunto, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, consideran que no hay delito en la actuación de la Generalitat en cuanto a la celebración del proceso participativo del 9 de noviembre sobre el futuro político de Cataluña.

“Por supuesto que no hay delito ni por parte de autoridades ni por parte de funcionarios”, ha valorado Pié este martes en declaraciones a Rac1 y ha añadido que, en todo caso, será un tema que se acabará archivando o en todo caso pasaría al contencioso administrativo.

También ha advertido de que la Fiscalía debe actuar bajo un criterio jurídico y no político, y de que el Ministerio Público “actuando políticamente podría llegar a incurrir en un delito”.

“Los jueces tienen la obligación de escuchar a la Fiscalía. Pero no sé encontrar con que artículo base pueden iniciar un procedimiento”, ha valorado el presidente del consejo que agrupa a los colegios de abogados de Cataluña.

En parecidos términos se ha pronunciado en declaraciones a Cataluña Ràdio recogidas por Europa Press el director de la OAC, que ha descartado que el 9N suponga un delito de malversación de fondos públicos por parte del Govern y tampoco prevaricación, al considerar que dada la participación la convocatoria “puede que tenga una utilidad pública”.

EL PSOE ABOGA POR RESOLVER EL CONFLICTO CON EL DIÁLOGO

Por su lado, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha insistido este martes en la necesidad de resolver el conflicto en Cataluña por la vía del diálogo y la negociación y ha dejado en manos de la justicia las posibles responsabilidades políticas y administrativas que pudieran derivarse de la celebración de la consulta alternativa de este domingo.

Así lo ha puesto de manifiesto Luena a los periodistas al término de su intervención en el encuentro ‘Los retos de la calidad de la democracia en el siglo XXI’, organizado por la Fundación Sistema y por la Friedich Ebert Stiftung, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Al dirigente socialista se le ha preguntado si su partido estaría dispuesto a que la justicia actuase contra los responsables de la convocatoria de esa cita después de que el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, haya advertido de que podrían producirse imputaciones relacionadas con la celebración del proceso consultivo del 9-N.

A este respecto, Luena ha respondido que la justicia es “independiente” y sabrá “lo que tiene que hacer”. En todo caso, ha defendido que “ahora es el tiempo de la política, del diálogo, de la negociación y del acuerdo, que es lo que le viene bien a España”.

Preguntado en este punto si considera prioritario que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoque elecciones anticipadas, el ‘número dos’ de los socialistas se ha limitado a señalar que lo que tiene que hacer es “gobernar y pensar en los catalanes”.