Periodistas y políticos marroquíes presionan a España para que conceda la nacionalidad a los descendientes de los 325.000 moriscos expulsados de nuestro país en 1609, durante el reinado de Felipe III. La prensa del vecino reino ha dedicado sus principales titulares al otorgamiento de la nacionalidad española de manera discrecional a aproximadamente un cuarto de millón de sefardíes, los judíos que fueron expulsados de España durante el reinado de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que fueron los promotores de los tribunales de la Inquisición.

“En principio, la decisión española no es para nada sorprendente, sino es, una vez más, soberana y calculada, visto que el propio rey español, Juan Carlos I, había presentado sus disculpas a la comunidad sefardí. Pero no hizo un gesto igual con la comunidad morisca, que a su vez fue expulsada por razones religiosas, onomásticas, culturales, raciales y lingüísticas de España”. Lo escribe Ahmed Bensalha, periodista de Casablanca y uno de los principales consejeros del rey Mohamed VI. Bensalha trabajó en el primer semanario marroquí en lengua española, ¡Marruecos Siglo XXI¡.

Señala el marroquí que “aunque España haya votado a favor de Palestina, patria musulmana, como país observador en Naciones Unidas, y aunque se considere España como el primer artífice occidental y promotor del diálogo de culturas y alianza de civilizaciones, por desgracia, aún no ha podido dar por zanjado un capítulo siniestro de su historia, como es el caso de la asignatura pendiente de los moriscos, o sea, los musulmanes que fueron expulsados de España durante el reinado de la castellana Isabel y el aragonés Fernando por las mismísimas consideraciones por las que fueron expulsados los sefardíes, que, hoy en día, son objeto de naturalización en España”.

Cree Ahmed Bensalha que “la decisión de conceder la nacionalidad española a los nietos de los hebraicos de la España de los siglos XV y XVI, desconociendo a los moriscos, nietos de los musulmanes, es, sin duda, una flagrante segregación y una incuestionable discriminación, ya que ambas comunidades sufrieron a la par lo que sufrieron, en la España de aquel entonces”.

Bensalha revela asimismo la posibilidad de que Marruecos maniobre internacionalmente para que la comunidad internacional considere dicha decisión “como una absoluta inmoralidad e injusticia históricas”. “Incluso podría considerarse como una política puramente selectiva que innegablemente afectaría a la imagen de España entre el mundo arábigo-musulmán”, advierte. 

Desde Marruecos se va más allá e incluso se lanzan veladas amenazas a España sosbre la paralización del flujo de inversiones árabes si no se produce una reparación legal similar a la efectuada con los descendientes de los sefarditas expulsados en el siglo XVI. “¿No se trata de aplicar la ley del embudo? ¿Por qué no trata España la cuestión morisca y sefardí por el mismo rasero? ¿No es pescar a río revuelto hacer justicia a unos y discriminar a otros? ¿Es España consciente de lo que podría suponer estar de uñas con unos y hacer paces con otros? ¿Es España consciente de lo que podría costarle una similar decisión? ¿Ha reflexionado España que podría poner en riesgo las multitudinarias inversiones que llevan a cabo los musulmanes en su territorio? ¿Tiene España alternativas en inversión extranjera a los capitales musulmanes, si algún día esos capitales desembarcan a otros destinos por su decisión segregacionista hacia los musulmanes?”.

Para esta misma fuente marroquí, la decisión de conceder la nacionalidad españoles a miles de sefarditas “se ha tomado tras haber incluido como delito en el Código Penal la negación y trivialización del Holocausto, la aniquilación de judíos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, y es absolutamente ignominiosa y deshonrosa” y añade que “esa medida hubiera sido una acción laudable si hubiera incluido en pie de igualdad a los moriscos junto a los sefardíes. Pero, como los descendientes de los musulmanes han sido excluidos, la decisión resulta, a mi juicio, indigna y condenable.

“También podría haber sido una acción audaz y un primer escalón para la conciliación y la normalización si no hubiera sido selectiva y discriminatoria. La medida española se contradice con su propia implicación, aunque sea simbólica, en su promoción e inauguración, recientemente, en Viena, del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural ‘Rey Abdulá Benabdelaziz'”.

Se subraya desde Marruecos que la medida española se contradice con la propia declaración del ministro de Exteriores, García Margallo, quien sostuvo recientemente que “la coexistencia pacífica de diferentes culturas y religiones es uno de los principales desafíos del proceso de globalización, y, por tanto, es preciso favorecer el diálogo sin prejuicios que han envenenado la convivencia durante mucho tiempo y que siguen envenenando la convivencia en muchos lugares del mundo todavía hoy”.

Y una advertencia más desde el reino alauita: “Los ministros de Justicia y Exteriores de España, artífices de la medida, están echando leña al fuego, porque están, por conciencia o inconciencia, haciéndolo adrede o por inadvertencia, provocando con su incendiaria y sediciosa medida, improvisada e indiferente, la moral de los musulmanes, porque los judíos así como los moriscos dieron juntos durante su estancia en España palpables pruebas de avenencia y convivencia antes de que la megalomanía excesiva de Isabel y Fernando cometiera sus siniestros estragos de echarlos injusta y arbitrariamente fuera de España”.

Por último, se considera “absolutamente curioso que España, plural y múltiple, se reconcilie con los descendientes de los judíos sin reconciliarse con los nietos de los musulmanes” y se subraya que “si España naturaliza también a los moriscos, como plantea la Junta Islámica, incrementaría su riqueza lingüística, cultural y étnica y se consideraría pionera y referente modélico y justo en la conciliación con su pasado en el plano internacional”.