En España se podrá seguir negando a Dios y los dogmas de la Iglesia con entera libertad. Con la misma libertad que se podrá negar los crimenes de Stalin o que los norteamericanos fuesen los autores de las dos bombas atómicas lanzadas contra sendas ciudades japonesas en 1945. Tampoco tendrá ninguna responsabilidad penal negar los crimenes de los yemeres rojos, la matanza de hutus en el Congo, ponderar a Pol Pot como un dechado de virtudes pacifistas o blasfemar contra los símbolos sagrados del Cristianismo.

En cambio, en la España de Rajoy y de Alberto Ruíz Gallardón, la versión oficial acerca del holocausto pasa a convertirse en axioma irrefutable, en dogma de fe de obligado acatamiento. Cualquier refutación u opinión contraria pasarán a estar tipificados como delitos.  

Así, el Gobierno quiere incluir como delito en el Código Penal la negación y trivialización del Holocausto. Esta medida, anunciada por el ministro de Justicia, está contenida en el anteproyecto con el que trabaja su ministerio.

El Ejecutivo, al recoger esta mención específica —en el borrador no se alude al término Holocausto, pronunciado por Gallardón en rueda de prensa, sino que se apunta a delitos que “hubieran sido declarados probados por los Tribunales de Nüremberg”—, cumple así con una de las exigencias más demandadas por las asociaciones judías: que el negacionismo sea considerado en sí mismo un delito.

El Gobierno ha ido más lejos que lo que pedía Europa en la redacción de este artículo. Gallardón justificó la inclusión del delito, penado hasta con dos años de cárcel y no reflejado en el actual Código, por el “compromiso adquirido” con una Decisión Marco del Consejo de Europa, de 2008, que insta a homogeneizar la legislación de los Estados miembros en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Pero esta normativa europea no exigía hilar tan fino como ha hecho el Ejecutivo. Obliga sí, a condenar la “apología pública, la negación o trivialización flagrante” de “crímenes de genocidio”, pero sin hacer referencias concretas al Holocausto ni a otros episodios genocidas del siglo XX, como los de Ruanda o Sebrenica.

“Una redacción sinuosa”

La forma, todavía provisional, en la que está redactado el nuevo artículo es “extravagante”, según fuentes jurídicas consultadas por 20minutos.es, y la referencia a los crímenes probados en Nüremberg “ampliamente sobrepasada e innecesaria”.

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, considera que era necesario incorporar una referencia explícita al Holocausto, sobre todo, argumenta, por “el crecimiento exponencial del negacionismo difundido a través de Internet”, pero también reconoce como “sinuosa” y “ambigua” la prosa utilizada por los juristas.

Según juristas, incluir una referencia a Nüremberg es una “extravagancia” además de algo “innecesario”Además de introducir una referencia extemporánea a los crímenes cometidos por los nazis, el nuevo artículo contiene una coda final que limita los delitos de negación de genocidio a cuando estos “favorezcan un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación”.

Un matiz “interpretativo” que, en palabras de Ibarra, “seguramente trata de vadear” una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007. En esta sentencia, el TC declaró parcialmente inconstitucional el punto 607.2 del actual CP porque la prohibición de negar el Holocausto chocaba con el derecho a la libertad de expresión.

Un ministro “amigo sincero” de Israel

Gallardón, impulsor de esta nueva reforma del Código Penal, es el ministro del Gobierno que públicamente ha mostrado más simpatías hacia Israel. Fue el primer miembro del gabinete de Rajoy que visitó el país, en mayo de este año. Una gira diplomática en la que, además de participar en una ceremonia de homenaje a las víctimas de la Shoah, recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Haifa por su “trayectoria a favor de las relaciones de amistad y cooperación entre España e Israel desde todos los puestos oficiales que ha ocupado”.

Este mismo mes de octubre, dos días antes de la presentación en Consejo de Ministros de las los cambios en el Código Penal, entre ellos los referidos al Holocausto, Gallardón se reunió con el presidente del Comité Judío Americano, David Harris, y el Presidente de Comunidades Judías en España, Isaac Querub.

Según fuentes ministeriales, en la reunión se trataron temas relacionados con los problemas que afrontan los judíos en Europa, uno de ellos el crecimiento del ‘virus’ del negacionismo, pero “de ninguna manera hubo presión” sobre el ministro para que incluyera sus peticiones en el borrador de reforma, porque “éste estaba redactado con anterioridad a dicha cita”.

Gallardón se ha manifestado siempre, desde sus comienzos políticos como presidente de la Comunidad de Madrid y también siendo alcalde de la capital, como defensor y “amigo sincero” de la causa de Israel, aunque crítico con su postura en relación con el conflicto palestino. Fue vicepresidente de la Casa Sefarad, a quien concedió en 2009, no sin polémica, un palacete en el centro de la ciudad como sede de la institución, y ha participado en celebraciones judías ataviado con la kipá (tradicional gorro usado en los rituales judíos).

El negacionismo en Europa

Si finalmente la reforma del Código Penal incorpora la tipificación como delito del negacionismo, para cualquier genocidio, pero también y específicamente referido al Holocausto, España seguiría la estela –aunque con varias décadas de retraso— de otros países que contemplan medidas similares en sus ordenamientos jurídicos.

Francia y Alemania incluyeron en su ordenamiento medidas similares hace varias décadasDentro Europa, los países que consideran delito negar la solución final —entre ellos Francia y Alemania (cuya población judía en 2009, según la Jewish Agency For Israel, era de 485.000 y 120.000 personas, respectivamente)— fueron potencias que, a diferencia de España (donde residen actualmente unos 12.000 judíos), sí combatieron en la II Guerra Mundial. En éstos, la conciencia social por la responsabilidad en los crímenes del nazismo sigue presente en el imaginario político e histórico.

Son Estados, además, en los que hay una fuerte presencia de escuelas revisionistas de pseudohistoriadores, cuyos argumentos negacionistas gozan de amplia difusión, y que cuentan con partidos políticos de extrema derecha que, como en el caso del Frente Nacional francés, trivializan abiertamente el Holocausto.

“Una forma de prevenir el antisemitismo”

Las asociaciones judías en nuestro país consultadas han mostrado su satisfacción por la medida, aunque de forma “discreta”, porque se trata del primer paso de una reforma que tardará meses en ser aprobada, y que está sujeta a cambios durante su tramitación parlamentaria.

“Estamos muy contentos, es una forma de prevención del antisemitismo”, dice Yessica San Román, del área de Holocausto de la Casa Sefarad en España, “aunque nosotros no hemos pedido expresamente al Gobierno que legisle en este sentido”. San Román recalca que, desde su óptica, “todos los escritos revisionistas tienen un claro contenido judeofóbico”.

Desde la Federación de Comunidades Judías de Madrid también se valora positivamente que se legisle en este sentido, aunque expresan sus “reservas”, puesto que la redacción final de la norma aún no se conoce y prefieren no pronunciarse sobre algo todavía “etéreo”.

En cualquier caso, consideran que una medida así “sería muy necesaria”, según su portavoz, María Royo. “Era un tema pendiente y ya era hora que el España lo incluyera”.