José Donís Catalá.- El 6 de junio de 1993 Felipe González ganaba las generales por última vez. Seis meses después, el día de los Santos Inocentes, González y Polanco traicionaban al que fue su elefante blanco, con el que aniquilaron la pluralidad informativa. El Banco de España intervenía Banesto, destituyendo al Consejo de Administración en pleno y al presidente, Mario Conde, banquero de zapato castellano, gomina y traje cruzado. El tonto útil podía seguir siendo tonto, pero no útil, o no de la misma manera.

Faltan palabras para describir la situación de España aquellos aciagos días. Nunca, en toda nuestra historia, se había robado tanto al mayor al por menor y al detall. Solo para financiar ilegalmente al PSOE o para forrar a sus amigos se habían destapado los casos Flick, Filesa, Malesa, Time-Export, AVE, Fondos Reservados, SEAT, Roldán, Paesa, Francisco Palomino (el cuñado de Felipe González), Juan Guerra, BOE, Expo 92 o el caso PSV, el mayor caso de fraude inmobiliario hasta la fecha, perpetrado por UGT estafando a familias humildes. No dejaron nada sin rapiñar.

Como preconizó el hermano de Juan Guerra (Alfonso), a España no la conocía ni la madre que la parió. Saquearon incluso la Cruz Roja (7.000 millones de déficit) o el fondo para huérfanos de la Guardia Civil (nada ha cambiado, en marzo de 2011 pillaron a los socialistas Carlos Macías, Gabriel Montesinos y Julio César Fuster robando millonadas de los excedentes alimentarios de UE con destino a los pobres de Extremadura, a través de Cruz Roja). En el último año y medio, además, el gobierno González había mandado un millón de personas al paro, y el pueblo pedía sangre. Lo de Rumasa estaba ya muy lejano, 1983, y lo de Lola Flores en 1991 no daba para tanto.

Además, un juez por libre estaba empeñado en instruir el caso Sogecable, contra Jesús Polanco y PRISA. El ministro sin cartera señor Polanco desfilaba cada quince días por la Audiencia Nacional, sin cámaras ni tele ni periodistas. Omertà absoluta. Había que montar el circo y había que montarlo ya. Un agujero de 600.000 millones y el mejor amigo del hombre, el chivo expiatorio, cumplirían perfectamente esa función. Lo de Polanco se solucionó echando de la carrera judicial al juez Gómez de Liaño y pidiendo ayuda a Aznar. “¡Que me lo meten en la cárcel!” (a Cebrián), llamó desesperado Polanco a su amigo Aznar, ya en Moncloa, que regaló al prócer de PRISA el monopolio de la televisión de pago.

Cebrián, el último censor de la televisión franquista, aquel que pasaba los vídeos de la revolución de los claveles al servicio de inteligencia (SECED) para identificar a los españoles que por allí se manifestaban, fue premiado en 1997 siendo nombrado nada menos que académico de la RAE. En muy pocos años, Felipe González, Jesús Polanco y José María Aznar restauraron el status quo: los que mandaban siguieron mandando, y robando, mientras los que robaban pero también querían mandar, entraron en prisión.

Todo empezó con Argentia Trust. En 1990 Mario Conde ordenó a su director general, Javier Abad, el pago de 600 millones de euros de la sociedad Banesto Industrial Investment (BII), a la sociedad Argentia Trust, en concepto de varios trabajos inexistentes. El dinero se ingresó en un número de cuenta, el 225, que pertenecía al European Banking Corp, de Zurich (Suiza), sin ser aprobado por la comisión ejecutiva del banco, ni expuesto al consejo de administración. Los intermediarios fueron Antonio Navalón y Diego Magin Selva, y el destino del dinero sobornos a políticos. Selva, que fue absuelto por falso testimonio, cayó años después por una macroestafa en la bolsa de Londres, por apropiarse de forma fraudulenta de más de 450 millones de euros, junto a un socio igual de turbio, Abraham Hochman, ex agente del Mosad residente en Barcelona.

Antonio Navalón, que se fue de rositas, organizaba almuerzos con personalidades en el restaurante Lhardy, entre otros con el juez Garzón. Cuando Gómez de Liaño encausó a Polanco y Cebrián, Baltasar Garzón denunció al juez, traicionando al que hasta entonces era amigo suyo, logrando echarle de la carrera judicial con información que le filtraba Navalón, que se fue a Méjico para ocuparse de los negocios de Prisa. A mediados de 2011 Navalón fue contratado por Gas Natural Fenosa, de la que es consejero su amigo Felipe González, sigue escribiendo en El País y publica ensayos de memoria histórica y actualidad. Mario Conde, en su declaración ante el juez, implicó a altos cargos del PSOE, el juez llamó a declarar al número tres, José María Benegas, y al ex ministro de Economía Carlos Solchaga. Otro salpicado fue el presidente Suárez. Nunca se supo el destinatario final de los sobornos.

El 20 de diciembre de 1997, Mario Conde fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel, por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por el caso Argentia Trust. Ese mismo año se iniciaba el juicio por el caso Banesto, que había comenzado el 28 de diciembre de 1993 con la intervención del banco. El 31 de marzo de 2001 la Audiencia Nacional condenó a Conde a 10 años y dos meses por los delitos de estafa y apropiación indebida, obligándole además a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Conde evitó la cárcel pagando una fianza de 500 millones de pesetas, y apeló al Supremo. El 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo dictó sentencia aumentando la pena de Conde de 10 a 20 años de cárcel. Además, Conde y sus tres cómplices, Fernando Garro, Pérez Escolar y Arturo Romaní, debían devolver a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros).

España siempre ha sido un país muy tradicional, se roba pero ordenadamente, no nos amontonemos: si quiere robar, de momento se me saca usted el carné de un partido, y luego proceda. Mario Conde lo entendió tarde y mal. En marzo del 2000, después de la condena por Argentia Trust, Conde se presentó como candidato a la presidencia del gobierno por el CDS, pero sin la protección de Polanco y Felipe González, consiguiendo unos ridículos 23. 576 votos. En marzo de 2001 fue condenado por el caso Banesto. Tarde y mal. Ni la Gran Logia de España lo apoyó, al contrario, le pidieron que dejara la masonería o al menos que pasara a “durmiente” (parece que ya ha “despertado”, este verano, 13 de junio de 2012, asistía a la presentación del libro “Sombras de acacia. Compás sobre escuadra”, del Venerable Maestro Ilia Galán).

Pero las condenas no son un impedimento para este gallego profesional. A Mario Conde hay que reconocerle muchos méritos, entre ellos que es capaz de defender que lo blanco es negro, o blanco, o ambas cosas. Depende de si sube o baja, y eso solo lo sabe él. En 2009 mantuvo una polémica con Carlos E. Cué en La Mañana de la Cope. Cué le decía que no era normal con su pasado que hiciera giras televisivas, publicara libros de ética o siguiera siendo una de las mayores fortunas de España. Conde contestó dos cosas:
Primero: que quienes cobraron ese dinero fueron un miembro del consejo de administración de Prisa y “un señor que trabaja para ustedes en México, Navalón”. Traducido: Mario Conde sobornó a señores de PRISA, confesión de parte en toda regla, y ya se sabe, tanto es el que da como el que toma.

Segundo: que la condena de 20 años “fue anulada por el comité de Derechos Humanos de la ONU”. El mismo argumento esgrimió en la entrevista de La Gaceta, miércoles 15 de agosto de 2012: “el Comité de Derechos Humanos de la ONU anuló esa sentencia y el Estado español se niega a cumplir su palabra y su firma”. Esto, sencillamente, no es verdad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU no es un tribunal, no es una instancia de casación que emita sentencias y pueda “anular” condenas, pero es que, además, el Comité confirmó la sentencia condenatoria. La instancia de Conde ante la ONU fue arguyendo que “las pruebas decisivas” para su condena no fueron revisadas por el alto tribunal. El dictamen –que no sentencia- del comité, constató que el Tribunal Supremo de España sí “examinó extensa y detenidamente la valoración de las pruebas”, tras analizar más de 170 motivos de casación esgrimidos por la defensa de Conde, en una sentencia de más de 500 folios. Lo que sí dictaminó la ONU es que, siendo culpable, al plantear casación ante el Supremo su pena aumentó de diez a veinte años, por lo que al agravar el Tribunal Supremo la condena y no existir una instancia superior que pudiera revisar ese fallo, se vulneró el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Culpable sí, condena también, pero de diez años, no veinte, pues según el citado pacto cuando un tribunal de casación aumenta la pena debe existir otra instancia superior a la que pueda acudir el condenado.

Como el dictamen del comité fue en noviembre de 2006, cuando Conde ya estaba en la calle, no podía tener ninguna consecuencia práctica sobre la sentencia. En cuanto al desacuerdo con el pacto de Nueva York, una cuestión técnica, por entonces se estaba tramitando en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introduciendo la doble instancia penal, y actualmente todo volverá a quedar patas arriba con la reforma de Gallardón.

Pero todo esto, que es puramente técnico y arduo de explicar, para Conde es un filón que le permite presentarse blanco, o negro, o no se sabe. Otro de sus ejemplos recurrentes es cuando inventa que la masonería es perfectamente compatible con el cristianismo católico. De momento, sus amigos de Intereconomía no le han dejado abroncar al Papa, que ya lo intentó con Anson en los tiempos del antenicidio, pero todo llegará. Si la realidad no se adapta a sus fantasías místicas, es que la realidad no es real. La Iglesia ha condenado en más de 200 documentos a la masonería, desde su creación en 1717. Entre las últimas condenas están los documentos “Declaración Sagrada Congregación para la Fe” del 17 de febrero de 1981 y la de 26 noviembre de 1983, ambas del Papa Juan Pablo II, firmadas por el cardenal Ratzinger. En la última citada hay un párrafo bastante expresivo:

“No ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave, y no pueden acercarse a la santa comunión”.