P.C.- Nunca se había producido una situación igual en el Consejo General del Poder Judicial. Como otras instituciones del Estado, sufre desde hace años la contaminación de la ideología de sus vocales y la procedencia de la mano que les presentó como candidatos, pero habían aprendido a convivir con ese condicionamiento.

En esta ocasión, distintos miembros coinciden en señalar que las diferencias personales entre el presidente Carlos Dívar y el vocal José Antonio Gómez Benítez han provocado esta crisis que afecta directamente al prestigio del Consejo, que es lo que preocupa en estos momentos a la totalidad de los integrantes del órgano encargado de la correcta administración de la Justicia

El origen de esas diferencias entre Gómez Benítez y Dívar hay que buscarlo en los casos que han apartado a Baltasar Garzón de la Justicia. Benítez es íntimo amigo del hoy extitular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, además de su abogado. Hay unanimidad en considerar que Gómez Benítez no le ha perdonado a Dívar su nulo apoyo a Garzón cuando era presidente de la Audiencia Nacional, y que no ha desaprovechado la oportunidad de poner al hoy presidente del Consejo y del Tribunal Supremo en una situación delicada al acusarle de cargar gastos personales a las cuentas del organismo y denunciarle ante la Fiscalía.

Dietas

Hasta 1992, los miembros del Consejo, como ocurría con diputados y senadores, disponían de unos ingresos extras con los que hacer frente a sus gastos de representación y transporte, distintos en función de que residieran o no en Madrid. A partir de ese año, se decidió que viajaran con dietas y que presentaran factura de sus gastos de hotel, almuerzos o cenas. Y en el 96, se les dio un voto de confianza y, a partir de ese momento, no había necesidad de informar sobre las personas con las que cenaban o almorzaban, porque además de confianza se consideraba que había que actuar con cierta discreción y reserva sobre los encuentros del presidente y vocales, por el tipo de trabajo que realizan. Pero, para que no hubiera abusos, aparte del control interno de los gastos, sumados a los de la intervención general del Estado, se aceptó que cualquier miembro del CGPJ tuviera acceso a las facturas de sus compañeros. No podían hacer copia, pero sí apuntar los datos. Y es lo que ha hecho Gómez Benítez en estas últimas semanas.

Carlos Dívar es malagueño, una hermana vive en Málaga y viaja con frecuencia a esa ciudad y a Marbella. Además, si como presidente del Consejo tiene algún acto allí, a veces adelanta el viaje unos días y costea su hotel, pero a menudo ha pasado gastos de cenas y almuerzos al Consejo. Y es ahí, donde Gómez Benítez vio datos que consideró abusivos y llevó a la Fiscalía.

La incomodidad por los gastos del presidente fue generalizada en la institución, pero lo que provocó una irritación unánime fue que Gómez Benítez acudiera a la Fiscalía en lugar de denunciar los hechos a los órganos de control del propio Consejo, porque esa acusación es lo que ha afectado de forma muy grave a la imagen del CGPJ. Tal es así, que en la reunión del pasado jueves el propio Benítez se vio obligado a reconocer ante sus compañeros que posiblemente se había equivocado al acudir al fiscal, que archivó la denuncia, por considerar que no existían elementos que demostraran conducta delictiva en el presidente de la institución.

Dimisión

Los acontecimientos son conocidos: la petición de cinco vocales del llamado sector progresista para que Dívar presentara su dimisión, a lo que se negó el presidente, y la solicitud de siete vocales -en su mayoría conservadores pero también con algún progresista en sus filas- de que fuera Gómez Benítez el que presentara su renuncia por su denuncia no fundamentada. Pero además de esas peticiones, ha habido mucha trastienda de fondo. En la que no quedan bien parados Carlos Dívar ni José Antonio Gómez Benítez.

El vocal Manuel Almenar, preocupado por la tensión que se vivía y, sobre todo, por la imagen que se transmitía al exterior, trató de que sus compañeros se sumaran a un comunicado en el que se expresaba «el profundo pesar por el quebranto a que se ha dado lugar, no solo para el Poder Judicial, sino para todos y cada uno de los jueces y magistrados que lo conforman. Resulta comprensible la repercusión mediática y social, conscientes de la difícil situación que atraviesa nuestro país» y proponía «la elaboración de un plan de transparencia en la ejecución del presupuesto de este Consejo, en el que se delimite de la forma más exhaustiva posible, y con el fin de que estos hechos no vuelvan a producirse, el régimen de fiscalización de todos los gastos que se realicen, con expresa justificación y correlativa motivación.

Lo negoció exhaustivamente con los distintos miembros del Consejo para exponerlo en el pleno de pasado jueves, y llegó con el respaldo inicial de 10 de los 21, pero Dívar se negó a que lo hiciera y, por tanto, a su votación. Una postura que desagradó a los integrantes, porque consideraban que Dívar no defendía la necesaria credibilidad del CGPJ.

En ese acto, mientras Gómez Benítez insistía en que dudaba de las cuentas del presidente pedía su dimisión, Dívar mantuvo una actitud calificada de «soberbia» por algunos de los vocales. No respondió a las acusaciones que le hacía Gómez Benítez, dijo que no tenía que dar explicaciones de sus gastos más que a los responsables de su control y cuando se le pidió que hiciera unas declaraciones públicas para salvar así la maltrecha imagen de la institución, respondió que era la portavoz Gabriela Bravo la persona que tenía que hacerlas. Cuentan algunos vocales que fue la reunión plenaria más dura y más tensa que se recuerda en la sede del CGPJ.

Y de consecuencias graves, ya que no solo afecta a la imagen de su máximo responsable, a pesar de haberse archivado la denuncia presentada contra él, porque en este momento está en entredicho el prestigio del CGPJ.