Las “redadas racistas”, es decir, la práctica policial consistente en pedir la documentación sin motivo aparente a ciudadanos con apariencia de ser extranjeros para comprobar si tienen los papeles en regla, están prohibidas. También, los cupos de detenciones de inmigrantes que, durante un tiempo, estuvieron vigentes en las comisarías españolas, incluídas las de Madrid capital.

Así lo garantiza la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha tomado cartas en el asunto después de que ONG, asociaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos hayan documentado durante años la existencia de controles de identidad de tipo racial en Madrid capital, además de en otras ciudades de Europa.

La delegada Cristina Cifuentes fue explícita este viernes. La práctica, aseguró, queda completamente desterrada después de que ella misma en Madrid y el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, a nivel del conjunto del Estado hayan dado órdenes de acabar con la misma. Así se lo comunicó al consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, Salvador Victoria, que, al término de una reunión con la mandataria, sentenció: “Tenemos claro que la Policía tiene instrucciones muy concretas para que estas redadas no se sigan produciendo”.

Cifuentes también animó a los ciudadanos que presencien controles como estos a “denunciar” los mismos en comisaría o ante la propia Delegación del Gobierno si vuelven a producirse para tomar medidas.

Según datos de amnistía Internacional (AI), el Ministerio de Interior efectuó en 2010 un total de7.102.059 identificaciones en España.

“No paran por casualidad”

El fin de estos controles de identidad es una vieja reivindicación de los colectivos como Pueblos Unidos, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino o las Brigadas Vecinales de Observación, que denunciaban la situación de indefensión que padecían los ciudadanos frente a lo que ellos llaman una práctica que viola el derecho a la libre circulación. En marzo de 2009, el Ministerio del Interior admitió su existencia, aunque aseguró que la practica era residual y que no volvería a repetirse.

En Madrid, la mayoría de estas identificaciones se han venido realizando en las estaciones de Metro y los intercambiadores de transporte. El hecho de que la apariencia fuese el factor determinante para ser parado por la Policía lo corroboranquienes los sufrieron. “No paran por casualidad. Es auténtica persecución. Me ha pasado una vez a la semana”, asegura Mohamed Sidy, ciudadano de Mali que vive en Madrid.

A pesar de que, en teoría, ya no se realizaban y de que Interior volvió a negar su existencia, el sindicato policial SUP denunció a principios de marzo que los agentes seguían recibiendo órdenes en este sentido.

El 13 de marzo, después de ser denunciados por dos policías por, supuestamente, obstaculizar un control e insultar a los agentes, cuatro activistas de las Brigadas Vecinales de Observación fueron absueltos por un juzgado de Madrid.

En Lavapiés, uno de los barrios de Madrid con mayor grado de población inmigrante, los vecinos increparon a la Policía en julio de 2011 hasta que los agentes tuvieron que abandonar la zona cuando trataban de detener a un ciudadano extranjero que, según los policías, era un traficante.