E.E.- El PP se encontrará con una desagradable sorpresa si gana las elecciones del próximo domingo. Su portavoz de Fomento, Andrés Ayala, asegura que el Ministerio dirigido por José Blanco “oculta la existencia de un agujero de, al menos, 14.000 millones de euros para la próxima legislatura”, según revela el diario de información económica ‘El Economista’.

Este cálculo proviene de un informe interno y de carácter reservado que ha realizado el Ministerio de Fomento y que, según Ayala, estructuraría este socavón económico en cuatro pilares. El primero de ellos, cuantificado en 1.650 millones de euros, incluiría toda la obra realizada por el equipo de Blanco, pero que todavía no ha sido certificada a sabiendas de que así se retrasa el pago a los proveedores durante algún tiempo.

Después existe una segunda partida de obra realizada, que sí está certificada pero cuyo pago está técnicamente en situación de mora, ya que no se ha desembolsado el importe a los proveedores pese a que el periodo legal de 60 días para realizar el pago ya se ha extinguido. Aquí el desfase detectado por el informe sería de aproximadamente 1.560 millones de euros.

Además, habría que sumar entre 1.500 y 1.700 millones de euros provenientes del déficit presupuestario de algunas grandes obras proyectadas de este ejercicio y que no tienen la cobertura económica necesaria. En este apartado se incluirían, sobre todo, las relacionadas con la línea de alta velocidad ferroviaria que unirá el centro de la Península con Galicia.

En este caso hay ejemplos claros de la rapidez con la que Fomento ha querido resolver concursos. Es el caso del sistema de señalización ferroviaria del tramo del AVE a Galicia que circula entre Olmedo y Orense. Se trata de uno de los mayores contratos licitado de estas características y que podría superar los 800 millones de euros.

Celeridad en contratos

Otras fuentes del PP consultadas por ese periódico aseguran que siempre les ha extrañado la celeridad de este proceso, ya que a la obra civil de esta infraestructura (plataforma, catenaria vía) le quedan por lo menos tres años para ejecutarse. A falta de tres días para las elecciones parece imposible que se adjudique esta cuantiosa licitación, pero si así ocurriera, el PP ya ha advertido de que revisaría este megaconcurso en el caso de que accediera al poder, como auguran todas las encuestas que se han realizado hasta el momento.

Desde el sector del negocio ferroviario se está muy expectante por este concurso, una vez que se adjudicara hace varias semanas la señalización del tramo Albacete-Murcia, un contrato que se llevó un consorcio liderado por el gigante francés Alstom por importe de 280 millones de euros y en el que se ha llegado a hablar de que el descuento económico sobre la oferta inicial se ha acercado al 40 por ciento.

Falta presupuesto hasta 2015

Por último, el cuarto pilar que cimenta este alarmante agujero económico “es el más preocupante” para Andrés Ayala. Se trata del déficit presupuestario de las adjudicaciones de obra que ya están contratadas para los próximos cuatro ejercicios: 2012, 2013, 2014 y 2015 (años que coinciden en el tiempo con la próxima legislatura). El importe del desfase entre las previsiones de presupuesto y las firmas de contratos alcanzaría los 9.350 millones de euros y “afectaría, sobre todo, a empresas públicas como Adif, Aena o Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre)”, añade el Portavoz del PP en la Comisión de Fomento.

En total, más de 14.000 millones de euros de agujero con los que se encontrará el nuevo ejecutivo del PP en el caso de que se adjudique los comicios del 20-N y con el que tendrá que lidiar el nuevo equipo del Ministerio de Fomento cuando se realice en las próximas semanas el traspaso de carteras de los respectivos Ministerios.

Ayala denunció una parte de este agujero, aproximadamente 5.100 millones de euros, durante la Junta General de Aerco (Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública ), que se celebró en octubre. Según el portavoz de Fomento del PP, “tras esta denuncia no he tenido ninguna contestación oficial por parte del Ministerio de Fomento”.

Dentro de las empresas clave que forman el Ministerio de Fomento, una de las más perjudicadas por este lastre es Adif. El grupo presidida por Antonio González, en declaraciones del propio Ayala, “puede tener un agujero por todos estos conceptos que oscilaría entre 3.300 y 3.400 millones de euros, lo que colocaría a su situación de tesorería en un escenario bastante complicado en los próximos años”.

En concreto, esta cifra provendría de 1.600 millones de euros de falta de consignación presupuestaria para obra contratada en el presente ejercicio y otros 1.700 millones de euros de agujero para los próximos cuatro años sobre proyectos de carácter ferroviario ya adjudicados.

De momento, los últimos datos oficiales ofrecidos por el gestor público de las infraestructuras ferroviarias aseguraban que los años 2009 y 2010 fueron los primeros ejercicios en los que Adif ganó dinero.

Respuesta del Ministerio

Este periódico se ha puesto en contacto con un portavoz oficial del Ministerio de Fomento que asegura que no se puede definir de agujero económico el hecho de que se haga una previsión presupuestaria. Se trata de una estimación que después se tiene que confirmar cada ejercicio con los presupuestos anuales. “Si no se hiciera así, ningún Gobierno podría tomar decisiones de licitación más allá de su primer año de legislatura, ya que no existiría una reserva de presupuesto previo”.

Respecto a las cantidades económicas que provienen de obra realizada pero no certificada y a la obra certificada pero que no se ha pagado antes de los 60 días que marca la Ley, las mismas fuentes oficiales responden que en ambos casos “no son cifras significativas”. En ninguno de los casos, el Ministerio capitaneado por Blanco desmiente las cifras económicas aportadas por el representante del PP en la Comisión de Fomento durante los últimos años, aunque insiste que no se les puede calificar de “agujero”.

Más allá de las interpretaciones, el nuevo Ejecutivo tendrá que tomar decisiones muy importantes en materia de inversión en infraestructuras. No es sólo la obra ya contratada, sino la que podría licitarse en el futuro para hacer frente, entre otras cuestiones, a los cinco corredores ferroviarios que pasan por España y que se consideran como prioritarios por Bruselas.