A. Muriel/R.- La Inspección General de Servicios de la Junta está llevando a cabo una actuación especial para comprobar que en las nuevas agencias públicas empresariales nacidas tras la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público –«ley del enchufismo», según los empleados que llevan manifestándose más de un año– las potestades administrativas están siendo ejercidas por personal funcionario. Atendiendo a las últimas informaciones de la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo (en la imagen), los inspectores ya están requiriendo a las agencias documentos o realizando visitas «in situ», en virtud de la orden emitida el 25 de julio, tras el primero de los decretos-ley.

Además de la, «a priori», falta de imparcialidad del cuerpo de inspectores generales de servicios, ya que son puestos de libre designación –a dedo– y dependen jerárquicamente de la Consejería de Hacienda que ha puesto en marcha la reordenación empresarial –a través de la Secretaría General para la Administración Pública–, hay más datos que ponen en entredicho la labor de inspección que está realizando la Junta en las nuevas agencias empresariales.

Una de las inspectoras, María Dolores Luna Fernández, está siendo investigada por un juzgado de Sevilla junto a varios altos cargos de la Consejería de Empleo por supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y prevaricación, en relación con el fraude de las ayudas a centros de discapacitados. El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla admitió en el mes de julio la querella presentada por el responsable de una de las empresas. La querella se dirigía contra el anterior director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez; su jefe de Servicio Alfredo Bolaños; la ex directora general de Fomento del Empleo e Igualdad, María Dolores Luna; y contra los delegados provinciales de Empleo de Jaén, Granada y Málaga.

El Gobierno andaluz cesó a María Dolores Luna el 6 de abril de 2010 –siendo ya consejero de Empleo Manuel Recio– como directora general de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE. El 3 de agosto de ese mismo año se publicó en el BOJA la adjudicación de su nuevo puesto de «libre designación» como inspectora general de servicios.

Por otra parte, uno de los valedores de la actual jefa de la Inspección General de Servicios, Asunción Vázquez Pérez, es José Antonio Ortiz Mallol, el padre del «decretazo» y que fue cesado por el Consejo de Gobierno como secretario general para la Administración Pública en noviembre del año pasado. Asunción Vázquez es la principal responsable de velar por el cumplimiento de que el desarrollo de potestades públicas esté en manos de los funcionarios. Sin embargo, en los cargos que ocupó en la Consejería de Medio Ambiente entre 2002 y 2008 –coordinadora general de la Secretaría General y secretaria general– se produjo un cuestionado proceso de incorporación de personal externo. Tanto es así que, según fuentes de Medio Ambiente consultadas por este periódico, más del cincuenta por ciento del personal que ha gestionado las competencias de esta Consejería ha sido externo.

Hasta el año 2008, con la incorporación de más de 30 funcionarios a través de un concurso de traslado, en las dependencias de la Consejería trabajaban más de 200 empleados de la antigua Egmasa, en puestos sensibles como tramitación de subvenciones, departamentos económicos, bases de datos para tramitar las concesiones de obras o aprobación de presupuestos de obras y servicios. Estos externos, contratados a dedo, incluso concedían obras de contratos menores a los que la ley excluye de una oferta pública, bajo los criterios de publicidad y libre concurrencia.

Entonces, funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente ya alertaron de la usurpación de potestades públicas, aunque las críticas eran de digestión interna. Hasta septiembre de 2010 no estallan las movilizaciones de los empleados públicos. También se producían sentencias de los tribunales anulando encomiendas de gestión a Egmasa.

Todo esto sucedía mientras Asunción Vázquez, la actual responsable de la Inspección General de Servicios que chequeará que son los funcionarios los que ejercen las potestades públicas en las nuevas agencias empresariales, y Luis Partida –ahora director general de Espectáculos Taurinos– planificaban la política de personal en la Consejería de Medio Ambiente.