Si en unos casos el procedimiento estribaba en añadir “falsos prejubilados” a las listas pactadas por las partes en el proceso del expediente, en otros, al parecer, es el falseamiento de la vida laboral de los trabajadores para mejorar las cantidades asignadas. Es el caso de Minas de Riotinto en cuyo caso el expediente fue acordado únicamente entre los sindicatos de la empresa y la Consejería, ya que la empresa se negó a firmar. Por otra parte, Nueva Rumasa investiga ahora si en el ERE de Dhul, SA hay “intrusos”, habida cuenta de la participación de Juan Lanzas, el conseguidor, en sus negociaciones.

En Minas de Riotinto, SA se certificó que todo el personal afectado —más de 400 trabajadores— había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente exigido y se certificó que numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres, aquellos que aportan más beneficios a la hora de calcular las asignaciones económicas. Algo que, por ejemplo, no se hizo en el caso de Boliden en el que mñás de cien trabajadores quedaron excluidos del ERE por no cumplir las condiciones.

Pese a recibir diversas ayudas públicas, como un crédito del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de nueve millones de euros y otro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de seis millones de euros, la sociedad —controlada accionarialmente por las centrales sindicales— se vio obligada a vender la empresa en septiembre de 2001 por un euro a un grupo de profesionales que esperaban reflotar el negocio ante una posible mejora en los precios del cobre. N o obstante, tras diversos problemas de índole sindical, en enero de 2003 la empresa solicitó un expediente de extinción de contratos que fue rechazado por la Junta de Andalucía, que sí aceptó el presentado por la representación laboral de la empresa. La diferencia entre ambos era la vida laboral de los empleados y trabajadores.

En 2003 la mayoría del personal de la empresa nunca había trabajado en minería subterránea y no alcanzaba a tener más de tres años adicionales de edad compensada al aplicar el estatuto del minero. Es decir, un trabajador con 42 años físicos no superaba los 45 compensados, haciendo imposible un plan de prejubilaciones multitudinario, como proponían los sindicatos y había aceptado la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la Junta accedió a falsear los datos. Se consideró abierta la mina subterránea hasta septiembre de 2001 —fecha en la que entraron los nuevos accionistas—, cuando en realidad se había cerrado en 1987.

Se certificó que todo el personal —trabajadores de mina a cielo abierto, de planta de tratamiento y personal administrativo— había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente deseado.

Y tambièn se certificó que numeroso personal había trabajado en los puestos más insalubres, aquellos que aportan mayor coeficiente reductor para el cálculo de la prejubilación. Esta última medida originó escenarios laborales absurdos, como por ejemplo que aparecieran 80 personas trabajando de jumbistas cuando sólo había tres jumbos —máquina utilizada para la perforación de barrenos—.

De este modo fraudulento, se logró que personas de 42 años, sin haber pisado la mina subterránea en su vida, alcanzaran reducciones de diez años gracias a la aplicación de coeficientes reductores falsos del 50 por ciento a la totalidad de su vida laboral.

El expediente de extinción de contratos de Minas de Riotinto supuso más de 120 millones de euros a las administraciones. La gran paradoja es que probablemente hubiera bastado con un crédito puente de unos seis millones de euros para garantizar la supervivencia de la empresa, ya que en el mes de septiembre de 2003 los precios del cobre empezaron a remontar y pronto se situaron por encima del coste operativo. Hoy, su valor hace que este material se robe con frecuencia en lugares públicos.

Nueva Rumasa y el caso Dhul

La foto que nadie creyó ver nunca, se vio hace poco. En ella, un Gaspar Zarrías, viejo conocido de Juan Lanzas en Jaén, ponía las primeras piedras de la nueva empresa del grupo Romasa en Jaén, en cuyas negociaciones ha participado Juan Lanzas, según fuentes de todo crédito. Por si fuera poco, es sospechado, dice ABC, que la mujer de Lanzas, Patrocinio Sierra podría aparecer entre los prejubilados de Dhul, SA.

Ahora, Dhul investiga si existe alguna irregularidad en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó en 2004 sobre 77 trabajadores y en el que contaron con el asesoramiento de Juan Lanzas, el dirigente de UGT de Jaén detenido tras actuar como «conseguidor» en diversos ERE, especialmente el de Mercasevilla.

Nueva Rumasa asegura que no hay constancia por ahora de la existencia de irregularidades, pero sí admite que la firma se ha dirigido a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para solicitarle el listado de personas, con nombres y apellidos, que constan en la Junta como prejubilados en el ERE de 2004 de su firma, ante la sospecha de que su pueda haber incluido a algún «prejubilado fantasma» en su expediente, como los ya encontrados en otras empresas que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Desde la empresa granadina explican que el expediente presentado por Dhul en 2004 afectaba a 77 personas, aunque finalmente abandonaron la empresa 75, ya que dos siguieron trabajando, si bien el apoderado de la compañía ha señalado que «nunca cobramos subvenciones por esos dos trabajadores». Pero es precisamente ese estrecho margen el que pudo ser aprovechado para incluir a alguna persona ajena a la empresa. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que uno de los prejubilados es la mujer de Juan Lanzas, Patrocinio Sierra.

Nueva Rumasa ha estrechado en los últimos años su relación con la Junta de Andalucía gracias al acuerdo impulsado por el entonces consejero de Presidencia y hoy secretario de Estado de Cooperación territorial, Gaspar Zarrías que anunció en septiembre de 2008 el acuerdo alcanzado con Dhul y Proasego, empresas que invertirían 140 millones de euros en dos plantas que generarían 400 nuevos puestos de trabajo, entre ellos 145 despedidos de la empresa Primayor, heredera de Cárnicas Molina, donde se produjo el primero de los ERE fraudulentos.

La intervención de Zarrías permitió a Nueva Rumasa proyectar una nueva fábrica de Dhul, con incentivos prometidos por el Gobierno andaluz y central y facilidades para instalarse por parte del Ayuntamiento de Jaén. También se permite a la compañía de Ruiz Mateos hacerse con la fábrica sevillana de Central Lechera Asturiana, mediante un alquiler por cuatro años con opción a compra. Precisamente esa empresa también se ha acogido a dos ERE en los años 2001 y 2008. En el primero de los casos, la empresa Yoplait fue realizó un expediente que afectó a 56 trabajadores, tras lo que fue comprada por Capsa (Corporación Alimentaria Peñasanta), perteneciente a La Asturiana. Pero esta empresa realizó en 2008 otro expediente que afectó a un total de 165 trabajadores en Andalucía.