Teniente Enrique.

No tengo poder terrenal, pero ruego a Dios por tu bien.

En el, yo creo.

Acabo de ver una noticia que dice: el Juez Peinado solicita al Supremo que investigue al ministro Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio.
Me pregunto ¿hay ordenamiento jurídico para para ilegalizar o disolver un partido político? ¿no volverán a crearlo de nuevo con otro nombre?

Querido Armando: Abstracción hecha de nuestro incidente, te ruego publiques este informe, al que seguiran todos los documentos del procedimiento que tengo en el Supremo.

INFORME TÉCNICO-JURÍDICO
Sobre la actuación del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales promovidos por y contra el 
Tte.
Coronel Enrique F. Área Sacristán Autor: Enrique Area Sacristán Fecha: 15/04/2025

1.- Introducción
Este asunto se inició con la DENUNCIA del JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército) ante un 
artículo publicado en un medio digital, entre un conjunto de otros (que no fueron recogidos en 
esta), presentada ante el Fiscal Togado de la SALA QUINTA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO, JUAN 
A. POZO VILCHES, que la
remite a la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, siendo firmada su remisión por 
parte del FISCAL JEFE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, ÁLVARO GARCÍA ORTIZ, a la FISCAL JEFE DE LA 
FISCALÍA
PROVINCIAL DE MADRID, PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, siendo encargada su presentación a la FISCAL ELENA 
MARÍA DOMÍNGUEZ PECO (10 primeras páginas de la DENUNCIA (DOCUMENTO 0). Es de resaltar la estrecha 
unión existente entre los señores POZO VILCHES y el denunciante, y querellado ante el Juzgado de 
Instrucción n.º 4 de BURGOS, JEME FRANCISCO JAVIER VARELA SALAS.

Entre tanto, se preparaban por parte de ENRIQUE ÁREA y por su letrado, sendas periciales para 
iniciar una querella contra los aludidos en el expresado artículo digital, por los hechos 
denunciados, consistentes en varios supuestos delitos contra la LEY DE SECRETOS OFICIALES. 
Periciales que aparecen unidas a la querella.

2.- Actuación de la Fiscalía
Pues bien, la denuncia contra ENRIQUE ÁREA dieron lugar a las Diligencias Previas 489/2021, que se 
siguieron ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de BURGOS, con el resultado de elevación a juicio 
oral y corresponde al Procedimiento Abreviado 9/2024 ante el Juzgado de lo Penal n.º 1 de BURGOS, 
señalado para los 24 y 25 de MARZO de 2025, suspendido por no comparecencia de los testigos de la 
defensa y pospuesto para el próximo 20 de noviembre de 2025. En el marco de estas Diligencias 
Previas, se ha observado que el FISCAL interviniente, FERNANDO ELÍAS GIL, que aparece adscrito a la 
Fiscalía de Burgos, con antigüedad desde 11 de febrero de 2009 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?utm_source=chatgpt.com, BOE de 1 de agosto de 2009 con el 
nombramiento), firma varios escritos con pie de firma en la calle FORTUNY de MADRID, sede de la 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y Sistema de Comunicación Interna. En este sentido, adjuntamos los 
DOCUMENTOS 1 y 3, de los cuales se observa ese pie de firma en la calle FORTUNY o en el Sistema de 
Comunicación Interna que lleva la misma denominación, sin firma electrónica válida. Finalmente, 
este mismo fiscal firma el ESCRITO DE ACUSACIÓN, ya sin pie de firma FORTUNY, y sin firma 
electrónica válida
(DOCUMENTO 5).

En relación con esta primera querella presentada por ENRIQUE ÁREA que se siguió como Diligencias 
Previas 459/2021, ante el Juzgado de Instrucción n.º 4 de BURGOS, y que fue archivada y apelado su 
archivo ante la Audiencia Provincial de BURGOS, Sección Primera, con el Rollo de Apelación n.º 
143/2024, se ha tenido el AUTO NÚM. 473/2024, cuya impugnación mediante RECURSO DE AMPARO (como 
paso previo a protección de Derechos Fundamentales ante el TSJUE que se afronta en este momento); 
respecto de la intervención de FISCALÍA cabe decir lo siguiente:
a.- Se hizo cargo de él la FISCAL MERCEDES BUJANDA BUJANDA, destinada en la Fiscalía de Burgos en 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, (Real Decreto 344/2023, de 9 de mayo, 
publicado en  el  BOE  el  10  de  mayo  de  2023,  nombramiento, 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?utm_source=chatgpt.com).  Dentro  del  indicado 
procedimiento de Diligencias Previas, firmó también escrito con pie de firma FORTUNY, sede de la 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y Sistema de Comunicación Interna (DOCUMENTO 7), sin firma electrónica 
válida. Esta misma Fiscal se encargó de otra querella por el denunciante, presentada ante el TSJ 
SALA DE LO PENAL, Sección 1 de BURGOS, y se siguió como INDETERMINADAS 11/2023, en esta ocasión 
firma sin pie de firma FORTUNY (DOCUMENTO 9).

b.- Para la Defensa de los Derechos Fundamentales en el caso del Auto de la Audiencia Provincial de 
Burgos, la Fiscal que impugna el recurso de apelación es SORAYA FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, abogada fiscal 
de apoyo de tercera categoría, nueva en el puesto, habiendo sido nombrada por Orden PJC/1343/2023, 
de 15 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 301, el 18 de diciembre 
de 2023 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?utm_source=chatgpt.com). Se deduce que dicha 
impugnación le ha sido trasladada para su firma, que efectúa electrónicamente a las 00:10 horas de 
la media noche del día 26 de febrero de 2024, lunes, una vez recibido el documento (DOCUMENTO 15).
Resaltar en este momento que el AUTO de APELACIÓN viene a calcar y desarrollar los mismos 
argumentos de Fiscalía, basados resumidamente en dos grandes explicaciones. Por un lado, 
inexistencia de delitos, basando en ser meras irregularidades administrativas, porque de los 
documentos (a los cuales faltan sello) y de la propia pericial (que refiere el tratamiento ilícito 
de los documentos, a los cuales faltan sellos), se deduciría que los intervinientes no tenían 
constancia y conocimiento de la naturaleza secreta de los documentos. Resulta de los propios 
documentos y de las fichas que componen la pericial que tienen sellos de CONFIDENCIAL, RESERVADO o 
CLASIFICADO, la sujeción a la Ley de Secretos Oficiales, e igualmente, se deduce que faltan o son 
indebidos todos los sellos que deberían tener de los órganos de control de secreto oficial, así 
como su indebido tratamiento, envío, traslado y recepción. Por otro lado, en segundo lugar, el AUTO 
sólo ha ido a transcribir la conclusión del Informe Pericial, pero, o no se lo han leído y han obviado todas las 
fichas de este; de lo contrario no hubiese emitido ese comentario intencionado y tergiversado, de 
que, siendo simples irregularidades administrativas, no se aprecian indicios de delitos. Del mismo 
modo, para incidir en esto, omite totalmente tanto en su referencia como en sus contenidos la Ley 
de Secretos Oficiales y su obligada aplicación al ámbito militar y, concretamente, a la materia de 
expedientes disciplinarios militares. Hace referencia a multitud de casos que nada tienen que ver 
con el contenido de lo analizado, mucho menos la Ley de Protección de Datos o argumentos similares. 
Sobre el delito de usurpación de funciones o de intrusismo, ningún motivo recoge para que no se 
deba investigar (salvo afirmar categóricamente que no existe), ni alude al Informe Pericial, del 
cual también se deducen argumentos sólidos para que se investigue por indicios de su existencia.

c.- Por último, como expresión de más aspectos que indican una actuación dirigida de la FISCALÍA 
GENERAL, tenemos que referirnos a la segunda querella, que se siguió ante el TSJ de BURGOS como 
INDETERMINADAS 11/2023, que dio lugar a un AUTO de DESESTIMACIÓN de QUERELLA, de la cual se ANUNCIÓ 
RECURSO DE CASACIÓN, que se acordó no tener por anunciado mediante AUTO de fecha 9 de febrero de 
2024. Contra el indicado Auto se interpone RECURSO DE QUEJA ante el TRIBUNAL SUPREMO. Mediante 
Providencia se forma Rollo de Sala (RECURSO DE QUEJA 005/0020288/2024). Por parte del TSJ de BURGOS 
se oficia al TRIBUNAL SUPREMO enviando testimonio del AUTO y expresando que no se emplazó porque no 
se hizo presente que se iba a recurrir en queja (cuando también es cierto que en el Auto de no 
tener por anunciada la casación, no se dio pie de recurso ninguno). Mediante Diligencia de 
Ordenación pasan las actuaciones al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe 
(DOCUMENTO 17). En el ínterin, antes de que emita su Informe la Fiscalía, se presenta y se tiene 
por unido escrito de alegaciones por esta parte. El fiscal que se hace cargo de dicho Informe y que 
lo emite casi tres meses después (DOCUMENTO 17), es FERNANDO RODRÍGUEZ REY (cuya firma digital en 
su informe no corresponde a este sino a un funcionario administrativo), el Delegado para Delitos 
Económicos, fue Vocal del Consejo Fiscal por la Asociación Unión Progresista de Fiscales y Jefe de 
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (https://www.fiscal.es/-
/fernando-rodriguez-rey-toma-posesion-como-fiscal-jefe-de-la-secretaria- 
ecnica?utm_source=chatgpt.com), relacionado con el actual FISCAL GENERAL ÁLVARO GARCÍA ORTIZ y 
DOLORES DELGADO GARCÍA.

3.- Conclusiones
Del análisis realizado, se concluye que:
a) La actuación del Ministerio Fiscal ha incurrido en una desviación de los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, al reproducir argumentaciones sin análisis crítico, omitir pruebas periciales relevantes, minimizar el contenido de documentos clasificados y desatender la aplicación
obligatoria de la Ley de Secretos Oficiales, entre otras deficiencias sustantivas.
b) Existen indicios de dirección centralizada de las actuaciones desde la Secretaría Técnica de la 
Fiscalía General del Estado, en aparente coordinación con fiscales delegados o de reciente 
nombramiento, lo que podría suponer una actuación jerarquizada contraria al principio de autonomía 
funcional del Ministerio Fiscal previsto en el artículo 124 de la Constitución Española.
c) Resulta procedente la interposición de acciones legales y jurisdiccionales orientadas a la 
protección de los derechos fundamentales del querellante y a la depuración de las posibles 
responsabilidades
disciplinarias, administrativas o penales que pudieran derivarse.