Pero seamos claros, no hay que derogar nada, lo que se ha de hacer es declarar la nulidad de Derecho de ambas normas. La diferencia radica en que la simple derogación deja sin efecto la aplicación posterior pero lo hecho, hecho queda. Mientras que la nulidad tiene el efecto de que nació como letra muerta y todo lo realizado en su aplicación, es nulo. En consecuencia, no queda otra que restituir lo deshecho, o sea, volver a la situación anterior a su publicación en el BOE.

Considerando que ambas normas son claramente inconstitucionales es lo que se debe hacer. Ambas normas han servido para enfrentar a los españoles una vez más. Y ambas son producto de un delito continuado de odio absolutamente injustificado e injustificable. Nadie en nuestra Historia durante los últimos dos siglos y medio ha sufrido una persecución semejante. Solamente desde el más profundo odio es posible tal bajeza e inmoralidad. Y no cabe hablar de crímenes del franquismo, pues ni son ciertos, ni el franquismo fue solamente Franco y cuatro fieles a su alrededor. El franquismo ha sido una etapa de la vida de la nación española entera. Y nadie tiene legitimidad, ni derecho alguno a criminalizar a todo el pueblo y el régimen que rigió sus destinos durante esos ocho lustros. Y todavía menos por parte de los descendientes morales de la barbarie de la Segunda República que fue tan democrática que hasta se permitió tener cientos de checas, o cárceles del populacho. ¿En cuántas otras democracias ha sucedido semejante disparate? Mientras que es un universal el derecho a la legítima defensa.