El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Sevilla y candidato socialista a la reelección, Antonio Muñoz(i) durante el acto de campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo hoy sábado en el Palacio de Congresos de la capital andaluza.

Han sido quince días más difíciles para los socialistas y sus socios que para el PP y sus posibles aliados. Porque en el aire de esta campaña del 28M estaban sobre todo las listas de Bildu con antiguos etarras, la compra de votos en Melilla, Mojácar y Murcia y para rematar, la investigación judicial a Noel López por secuestro, mano derecha de Juan Espadas, líder del socialismo andaluz. Y en sendos asuntos, las listas del PSOE pueden ser las más perjudicadas.

Pero en Ferraz y Moncloa, aunque no ocultan su preocupación -dicen- confían en que su posible electorado se fije más en los anuncios hechos por Pedro Sánchez en campaña y que ha refrendado después el Consejo de Ministros. “Esa sí es la lista que le interesa al PSOE”, señalaba un portavoz: la que incluye medidas como la nueva Ley de Vivienda publicada ya en el BOE, la de los avales del ICO para la primera hipoteca, las ayudas directas contra la sequía, el derecho al olvido oncológico y los descuentos para viajar en interrail o para ir al cine en el caso de los jubilados.

Anuncios y medidas que la oposición critica por electoralistas y porque aseguran que tienen poco que ver con lo que se va a votar este domingo. Pero en Ferraz nunca han ocultado que con estas medidas se busque influir en el ánimo del votante para salvar el 28M las nueve autonomías y los 2.500 municipios de gobiernos socialistas.

En todo caso, termina una campaña municipal y autonómica en la que los mensajes locales se han difuminado por decisión estratégica de Moncloa. Aunque desde la dirección de Ferraz otra voz autorizada advertía ayer de que “las medidas nacionales del PSOE influyen positivamente en lo local, en lo autonómico”.

La del 28M ha sido una campaña que además de resultados electorales inciertos para el PSOE -con riesgo de perder autonomías como la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Aragón- deja pendiente un rastro judicial y varios compromisos legislativos para quien gobierne a partir de diciembre: el caso del secuestro de Maracena, las reformas necesarias para evitar el fraude del voto por correo o la inhabilitación electoral para condenados por terrorismo, al menos con delitos de sangre.

Para el PSOE esta ha sido una campaña demasiado larga. Al partido le ha costado colocar sus anuncios y mensajes ante las polémicas políticas y judiciales que sobresaltaban a sus candidatos en cada mitin. Empezando -así lo denunció la asociación de víctimas COVITE- por la decisión de su socio EH-Bildu de incluir en sus listas a cuarenta y cuatro terroristas de ETA condenados, siete de ellos con delitos de sangre.

La noticia sorprendía al gobierno, al PSOE y, a juzgar por sus palabras, al propio líder de la coalición abertzale Arnaldo Otegui, que se excusaba diciendo que “no fue una decisión política consciente”. Otras fuentes apuntan a que Sortu – formación que pertenece a EH-Bildu- decidió incluir a los etarras condenados sin consultarlo con el propio Otegui. Tanto daba. Para el PSOE el daño que le hacía su socio político estaba hecho.

La noticia servía de ariete para la oposición que pide ya un cambio legislativo que impida en adelante que puedan ser elegidos terroristas condenados y más aún con delitos de sangre. Finalmente, Bildu anunciaba que los siete etarras con este tipo delitos incluidos en sus listas no tomarían posesión de sus escaños aunque fueran elegidos. Un alivio temporal para el PSOE que ya en la primera semana veía amenazado el desarrollo de su campaña.

Pero estaba por llegar otra tormenta más dañina: los múltiples casos de presunta compra de votos por correo en Melilla, Mojácar (Almería) y Albuideite (Murcia), con varios implicados detenidos en las listas del partido. Según fuentes de las distintas investigaciones que se llevan a cabo en estas tres ciudades, los implicados ofrecían entre 100 y 200€ por voto. De nuevo, el PP exigía un cambio en la ley para evitar un fraude demasiado fácil de consumar con la legislación vigente.

Pero ahí no acababan las sombras de la campaña para el PSOE. De Pronto llegaba la noticia de un secuestro. Y la noticia salía del peor sitio: un juzgado de instrucción en la provincia de Granada. En sus conclusiones, el juez elevaba a la Sala de lo Penal que deduzca testimonio contra el número 3 del PSOE andaluz, Noel López, ex alcalde de Maracena por su presunta participación en el secuestro de la concejala Vanessa Romero quien podría hacer público un caso de corrupción urbanística.

La noticia volvía a hacer saltar las alarmas en el PSOE de Sevilla y de Madrid. La dirección de Ferraz mostraba su preocupación por lo ocurrido pero recordaba que Noel López no está aún investigado. Técnicamente es así, aunque si no lo está es porque es aforado. Pero tanto el juez como la fiscalía recomiendan al TSJA que tome declaración al acusado.

En el partido se resignan a afrontar un asunto complicado aunque lamentan que al calor electoral del “todo vale” algunos medios y partidos de la oposición se hayan lanzado a acusar a López antes de que lo haga el propio Tribunal Superior andaluz y recuerdan que ni siquiera las diligencias han terminado.