Javier Marzal Mercader.- La alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha denunciado a España ante la Comisión Europea, por eliminar la acusación popular en los casos en los que intervenga la Fiscalía Europea.

Esta violación del derecho español y europeo se ha realizado en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, concretamente en los artículos 19.3 y 36.5.

La Fiscalía Europea tiene la exclusiva en la investigación de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, incluyendo el blanqueo de capitales y el cohecho.

En la denuncia se utilizan argumentos constitucionales y el hecho de que el Gobierno y el Parlamento, han desoído las recomendaciones del Consejo de Estado y de la Fiscalía General del Estado que recomendaban manener la acusación popular. Cabe recordar que ambos organismos estaban liderados por políticos del PSOE.

En la denuncia se dice que “El artículo 325.2 del TFUE tiene la siguiente redacción: “Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros”; por tanto, la exclusión de la acusación popular para defender los intereses financieros de la Unión vulnera este principio puesto que el “combate” contra el fraude que afecta a los intereses de España sí permite la acusación popular”.

También se utillizan abundantes argumentos jurídicos del propio Reglamento (UE) 2017/1939 de la Fiscalía Europea, por incompatibilidad con esta exclusión.

En la denuncia se informa sobre que el primer Fiscal anticorrupción, Carlos Jiménes Villarejo, fue denunciado tributariamente en 2004 por no declarar 203 millones (entre euros y dólares estadounidenses), siendo sancionado tanto él como su esposa y sus hijos.

También se hace referencia a los vergonzosos resultados de la enorme Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado que, además, encubre las denuncias contra funcionarios públicos.

Por último, se recuerda a la Comisión nuestra denuncia contra María Concepción Sabadell Carnicero, Fiscal Europea Delegada para España, por encubrir el blanqueo de capitales de varios funcionarios públicos en el 75% de las denuncias de particulares. Este 75% de las denuncias han sido interpuestas por nuestra Alianza.

Se recuerda que la corrupción casi alcanza el 8% del PIB (Eurostat 2018) y seguirá creciendo si se elimina la acusación popular que es la única que ha funcionado en España, destacando la acuación de Manos Limpias que es el auténtico creador del interés mediático por la corrupción.

En la denuncia se afirma que la dimisión ayer de la Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, está relacionada con el absoluo desprecio de la ley por pare de ese gobierno que también es del PSOE. El Consejo de Estado, haciéndose eco de la recomendación de la Fiscalía General del Estado (´liderada por la ex Minisra del PSOE), sugería que no se eliminara la acusación popular en los procedimienosw penales donde intervenga la Fiscalía Europea por tratarse de delios que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

La dura denuncia se ha remitido con copia visible a los europarlamentarios del Comité de Estado de Derecho, así como a la Presidenta y a los tres Vicepresidentes del Comité de Asuntos Constitucionales.