Por ejemplo, Armando Robles tenía el dudoso honor de ser el director de Alerta Digital, una web de la ultraderecha española, xenófoba, antisemita y racista. Y de tanto ir el cántaro a la fuente, al final se rompió. Robles fue detenido el miércoles por un presunto delito de odio contra el colectivo musulmán, después de varias denuncias de dos asociaciones islámicas.

Robles fue arrestado en su domicilio y trasladado a los juzgados de Málaga. Después de prestar declaración ante una juez, quedó en libertad. No es la primera vez que Robles está inmerso en una polémica a raíz de sus palabras. De hecho, ya había sido arrestado el pasado 3 de octubre como presunto responsable de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Sin embargo, Robles había tocado fondo hace poco más de tres años, cuando celebró la muerte de Pedro Zerolo, dirigente socialista que hizo de la lucha por la igualdad su principal campo de batalla. “Los frutos del vicio se siembran aquí, y lo que se siembra se cosecha”, dijo Robles, haciendo alusión al cáncer contra el que Zerolo luchaba.

Sobre este personaje cabe destacar que a comienzos de los años noventa, cuando no llegaba a los 30 años de edad, ya era jefe de prensa de Jesús Gil. Encargado de marcar las pautas de las relaciones entre el corrupto alcalde marbellí y los medios de comunicación, este joven melillense muy pronto daría que hablar. La primera vez que saltó a la fama fue el 8 de junio de 1993, cuando Robles fue detenido tras ser acusado de haberse llevado diversos efectos de un apartamento que había alquilado en 1991 en el edificio Eurosol, de Torremolinos (Málaga).

Un reincidente común
Desde entonces, la polémica siempre ha acompañado al director de Alerta Digital, periódico que ha hecho de la lucha contra el inmigrante y la diversidad su principal campo de batalla. Pero como no sólo de la política vive el hombre, Robles ha compaginado su pasquín racista y homófobo con otra serie de negocios que van desde el sector de las bebidas alcohólicas (Proyectos Estekan S.L.) hasta la compra y venta de embarcaciones (Gasperyatch S.L.).

Negocios que le han ocasionado más de un quebradero de cabeza al director del programa (La Ratonera) desde el que se celebra la enfermedad y fallecimiento de Pedro Zerolo. Sin ir más lejos, en julio de 2013, la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía se vio obligada a precintar los equipos de los operadores en Cádiz, Granada y Málaga de su canal (actuaba como representante) de videncia y tarot ‘Vit Channel’ tras comprobar que estaban emitiendo sin licencia en gran parte de los 27 canales locales que tienen en la comunidad.

El lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El desgaste personal es inmenso, por lo que alguno llega a tirar la toalla.

El poder judicial es un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Maneja un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar «contaminado» por la política, que por ello queda desacreditada.
El lawfare requiere una estudiada coordinación entre diferentes actores cara un objetivo común. Una reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a «técnicos» (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este. A su vez, el caso judicial (usado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados. El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos, se elige sacar unos, ocultando o desestimando otros. Medios de comunicación masivos y concentrados: es un «periodismo de guerra», manipulando la opinión pública al magnificar unos casos e invisibilizar otros.