El juez que investiga la querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por posibles delitos en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia sopesa adoptar nuevas medidas cautelares contra el primero al constatar que únicamente dispone de 247 euros en su cuenta.

El magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó la semana pasada el embargo de los bienes de ambos empresarios. En el caso de Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, la medida afectaba a un yate por el que pagó 325.515 euros y a dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros.

Sin embargo, en una providencia, el juez informa de que la cuenta bancaria de Medina únicamente dispone de 247,26 euros y que “ya no dispone de los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal”.

Por ello, pregunta a las partes personadas que informen sobre la adopción de “nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de las responsabilidades civiles”.

La pregunta no solo afecta a la Fiscalía, ya que precisamente ayer el juez aceptó la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular, y del PSOE, del grupo municipal socialista y de Podemos como acusación popular en el procedimiento.

La causa nació de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios por delitos como estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por supuestas irregularidades en operaciones de compraventa de material sanitario realizadas en marzo de 2020.

El juez investiga el manejo de unos fondos “en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”, según un reciente auto.

Según la tesis de Anticorrupción, ambos empresarios se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros.

Productos que se pagaron a un precio muy superior al que pedía el vendedor y que, además, tenían una calidad muy inferior a la ofertada.

Con el dinero de las comisiones, los investigados adquirieron varios coches de alta gama, entre ellos un Ferrari 812 Superfast por 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros o un McLaren 720S por 250.000.

También una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 1,1 millones de euros o un yate por 325.515 euros

Ambos tendrán que declarar el próximo 25 de abril ante el juez.