Y si repartimos los 2.500 millones entre los más de 8.000 ayuntamientos españoles, tocan a la miseria de 300.000 euros de media.

Como bien dice Don Miguel Ángel, estoy seguro que esto se lo pueden ahorrar en coches oficiales, asesores “digitales” (o sea, nombrados a dedo) y talvez alguna pequeña rebaja en su sueldo.

Pero estoy seguro que preferirán crear un nuevo impuesto que nos cosa a todos, tanto si nos vendemos el piso como si no, con la colaboración entusiasta del Congreso en pleno.