Hombres fuertes y jovenes islámicos con entrenamiento militar, miles de ellos, con smartphones, todo ello financiado expresamente.

También tienes razón, Pablo del Moral.

Todo lo que dices es muy cierto, pero no hay que olvidar que desde hace ya mucho tiempo un bien de primera necesidad como es la vivienda ha sido objeto de una gran especulación, y está situación ha probocado que un derecho constitucional como es poder acceder a cuatro paredes y un techo se convierta en una suerte de lotería, ya no que dependa de la disposición del individuo honrado a trabajar para poder cubrir sus necesidades habitaciones, sino de haber nacido en una época en la que existía esa posibilidad porque el acceso era razonable para un trabajador medio o bien haber llegado a este injusto mundo en buena cuna y tener esas necesidades ya cubiertas.
Todos esos firmantes que citas tienen intereses lucrativos en el negocio inmobiliario, no están por tanto muy interesados en las connotaciones éticas de este problema.
La indefension del trabajador honrado es enorme, ya por la precariedad laboral como por la especulación en el sector inmobiliario, tanto para el acceso a compra como por los abusivos alquileres.
Si no se deja construir a la gente en el suelo público su casa donde lo desee, no se puede equiparar la vivienda al oro como objeto de inversión y especulación. Si esto no es posible porque atentaria al orden urbanístico y sería un completo caos, se debe regular la inversión privada para que las personas honradas y trabajadoras puedan acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho amparado por la constitución.
Lo que ocurre en este país, es que sólo se favorece a los grupos de presión, aunque sus demandas no sean muy legítimas.
Los movimientos ocupas son un cáncer que florece al calor de una injusticia social.
La solución requiere un precio a pagar inasumible desde el punto de vista de inversores, especuladores y herederos de patrimonio. Y es regular y limitar la inversión inmobiliaria con el fin último, no de hacer negocio sino de asegurarse un patrimonio que les permita vivir de acuerdo a sus posibilidades pero no de acaparar un recurso finito para luego exprimir a las clases obreras.

No tienen un día aportado a la Seguridad ninlo tendrán en su vida

Vergonzoso

Nos han subido cinco euros la pensión o el sueldo pero mucho me temo que vamos a necesitar mucho más en gastos farmacéuticos y jurídicos.

No sé a que obra de Jorge Manrique te refieres, pero la que más se conoce es justo lo contrario que comentas.
“Recuerde el alma dormida
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte,
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado,
fue mejor”.
Habrá que guardarla bien, pues las los actuales ministras ministros podrían dejarla fuera en su memoria histórica cultural por representar una época de reconquista.

Todos los de fuera que traen los traidores politicos y sus mafias mas los vagos y jetas autoctonos.

El problema se ha ido agravando con el tiempo y la situación se va extendiendo. Ya no estamos ante ocupaciones aisladas. Hablamos del hecho que cualquier ciudadano se puede encontrar sometido a la ocupación de su vivienda, porque la ocupación se ha convertido en un negocio ilegal gestionado por tramas mafiosas que viven a expensas de familias necesitadas a las que engañan ofreciéndoles derechos inexistentes a ocupar viviendas a cambio de dinero.

Hacen falta instrumentos legales para combatir la ocupación ilegal, como lo fue la ley que en 2018 reformó la normativa procesal civil para hacer más ágiles los procedimientos judiciales en los casos de ocupación ilegal de una vivienda. Se tienen que continuar modificando las normas en este sentido, porque ya no nos encontramos ante el problema particular de un propietario, sino ante un problema de interés general.

Los vecinos y las familias que lo viven de cerca denuncian que afecta a la convivencia en las comunidades de pisos, a la seguridad ciudadana de los barrios y genera una degradación que pone en peligro a otras personas, como en el caso de entronques de instalaciones eléctricas en mal estado que pueden generar incendios.

La Administración no puede mirar hacia otro lado ante las denuncias y reclamaciones que formulan los ciudadanos afectados. No puede acabar favoreciendo el fenómeno de la ocupación, por falta de actuación o -peor incluso- porque lo acabe asumiendo en las disposiciones que aprueba, como acaba de suceder en el Decreto Ley 17/2019 y en su secuela, el Decreto Ley 1/2020.

En el primero, se amplía la obligación de determinados grandes tenedores de hacer una propuesta de alquiler social antes de iniciar una demanda judicial ejecutoria de hipoteca o una demanda de desahucio, exigiéndola también en casos de viviendas ocupadas. En el segundo se dice que la ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, cargando sobre el propietario la necesidad de actuar judicialmente contra los ocupantes ilegales de forma diligente para que no transcurra el plazo (de 2 años) previsto a las normas y se pueda considerar la vivienda como vacía, con riesgo de poder ser sometida a medidas expropiatorias.

El propio Consell de Garanties Estatutàries ha advertido al Govern que esta segunda disposición es inconstitucional. Estas dos disposiciones admiten que los ocupantes de viviendas puedan tener determinados derechos o determinada protección, pero siempre a cargo de los propietarios particulares, cuando tendría que ser la Administración la que encontrara una solución a la necesidad de vivienda de los que se encuentran en situación de exclusión residencial, y no cargar siempre las consecuencias de la falta de viviendas sobre la espalda de los particulares.

Por eso, reclamamos que las Administraciones asuman las responsabilidades que les corresponden. Los Gobiernos de Cataluña y de España, y también los Ayuntamientos, dentro de sus respectivas competencias, tienen que adoptar las medidas legales y administrativas imprescindibles para erradicar la ocupación de viviendas, ante el riesgo que este fenómeno genera para las personas y la convivencia en sociedad.

Esta tribuna está firmada por Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya; Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província; Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE); Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida; Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)