Un furgón de la Guardia Civil llega a Soto del Real.

Los funcionarios de prisiones están molestos y preocupados. Molestos por las continuas agresiones que sufren por parte de reclusos, en su mayoría afectados por algún tipo de patología psiquiátrica, y preocupados porque consideran que la Administración mantiene una actitud pasiva ante lo que creen que empieza a ser un problema estructural, informa El Confidencial.

Desde el sindicato Acaip denuncian haber sufrido 15 agresiones en una sola semana, las que sufrieron nueve funcionarios a mediados de abril en los centros penitenciarios de Aranjuez, Albacete, Soto del Real y Villabona. Un testigo de la que tuvo lugar en esta última prisión recuerda que el interno rompió una ventana, cogió un trozo de cristal y se lo clavó a un funcionario, que tuvo que ser trasladado al hospital.

Otro funcionario explica que, durante un cacheo, en la cárcel de Soto, un recluso se puso chulo y se encaró con el empleado público. “A mí no me cacheas”, le dijo mientras cerraba el puño y lo impactaba directamente contra el ojo del funcionario desprevenido. Un tercer trabajador de la prisión de Aranjuez rememora también el último episodio violento que tuvo lugar en el centro hace apenas dos semanas. “Un interno empezó a pegar golpes contra la ventana de una oficina, estaba fuera de sí; cuando un funcionario fue a pararle, le metió un cabezazo que casi lo tira; el preso no estaba catalogado como enfermo mental, pero la realidad es que no está cuerdo”, relata.

Las estadísticas aseguran que tanto las agresiones graves como las leves se han reducido en los últimos años. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias afirma que en 2005 hubo 21 graves o muy graves frente a 234 leves, cifras que nueve años después se redujeron considerablemente: 12 graves o muy graves frente a 156 leves en 2014. Los datos, sin embargo, podían haber sido mejores, a juicio de los funcionarios, ya que en esta última década ha bajado también de modo significativo tanto el número de reclusos en las prisiones como el de funcionarios. Además, añaden, en ocasiones ni siquiera se contabilizan muchas agresiones leves que tienen lugar en el día a día.

Desde Acaip culpan de que siga habiendo elevadas cifras de agresiones a dos causas: el descenso del número de funcionarios y el alto número de enfermos mentales que existen entre los reclusos. “No estamos preparados ni los funcionarios ni los centros ni el personal médico para este tipo de internos”, explican desde el sindicato mayoritario en el sector, que recuerdan que el 65% del personal de la Administración General del Estado agredido son funcionarios de prisiones, según la estadística de Administraciones Públicas, que no incluye a profesores ni a sanitarios, dependientes de las Comunidades Autónomas.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican que solo en Soto del Real, el 25% de los reclusos que se encuentran permanentemente en la enfermería lo están por algún tipo de enfermedad mental. “La enfermería no es un psiquiátrico”, protesta uno de los empleados públicos que trabaja en esta cárcel. Y esos son los que se encuentran controlados las 24 horas, ya que la prisión cuenta con otros 70 presos con algún tipo de enfermedad mental que toman pastillas a diario. En este centro, denuncian las mismas fuentes, no hay, sin embargo, un psiquiatra en plantilla. Tan solo acude un profesional cada cierto tiempo a atender a los afectados.

Torreón de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En la cárcel de Aranjuez, donde otro medio centenar de reclusos están enmarcados en el plan de enfermos mentales, tampoco hay psiquiatra en plantilla, se quejan las citadas fuentes, que inciden en que en España únicamente hay dos centros penitenciarios preparados para acoger a este tipo de reos, Alicante y Sevilla. “En Valdemoro la mitad del módulo ocho toma tranquilizantes y otro tipo de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades mentales”, asegura un funcionario. La mayoría de las agresiones, aseguran desde Acaip, provienen de esta clase de reclusos.

Son agresiones, además, inesperadas. Antiguamente, recuerda un empleado público, las agresiones se producían de forma organizada: los presos trataban de fugarse en falso, se amotinaban, secuestraban a algún funcionario y por ahí venía el asunto. Ahora, sin embargo, se trata de otro tipo de ataques, inesperados casi siempre, producidos en su mayor parte por reos sometidos a fuertes tratamientos médicos.

Los funcionarios consultados denuncian también una verdadera trama de tráfico de pastillas tranquilizantes vinculadas habitualmente con medicación psiquiátrica. Las pastillas que receta un psiquiatra se venden a seis euros, asegura uno de los empleados públicos consultados.

Por otro lado, el sindicato cifra en 3.000 funcionarios el déficit actual después de que el Gobierno haya estado casi cinco años con una oferta de empleo pública prácticamente nula tanto en Instituciones Penitenciarias como en el resto del Ministerio del Interior, donde apenas se ha renovado al 10% de la plantilla en las últimas convocatorias. Esto, a juicio de Acaip, también incide en que sigan existiendo este tipo de agresiones.

Desde Acaip recuerdan además que ya antes de la reforma de la última Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) los funcionarios de prisiones pedían ser reconocidos como autoridad de modo que una agresión contra ellos fueran una agresión contra la autoridad. El legislador, sin embargo, no atendió la reclamación. El sindicato recuerda, sin embargo, que aún está a tiempo de incluirlo en las disposiciones transitorias.