El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

Solo tres semanas después de que el Tribunal Supremo anulara el polémico indulto que el Gobierno concedió a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por circular en sentido contrario en la AP-7, en Valencia, y causara la muerte de un joven en un accidente de tráfico, el Ministerio de Justicia acordó idéntica medida de gracia para otro conductor que deliberadamente, y en dos ocasiones, atropelló en Madrid a dos peatones con la intención de matarles y a los que dejó malheridos.

El indulto del colombiano Sixto Mario Arango Durango fue firmado por Alberto Ruiz-Gallardón el pasado 29 de noviembre, cuando aún resonaban los ecos por el controvertido perdón, el 7 de noviembre, al kamikaze de Valencia. En el nuevo real decreto, el ministro perdona 8 de los 14 años de cárcel a los que fue condenado el conductor como «autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa», a pesar de que el propio Tribunal Supremo descartó de manera expresa que el doble atropello fuera un accidente fortuito, como alegaba el recurrente, entre otros motivos porque una de las víctimas fue embestida dos veces.

Primera instancia

Arango fue condenado en primera instancia en mayo de 2006 a dos penas de siete años de cárcel por la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal consideró probado que la madrugada del 26 de agosto de 2001 el procesado intentó matar a sus dos víctimas a la salida del bar Tormes, regentado por su mujer en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Según el fallo, cuando ambos salieron del local, el condenado, «que les estaba esperando, puso en marcha su vehículo y, acelerando a considerable velocidad, les embistió, arrollando a ambos cuando se encontraban en la acera». Según el fallo, el condenado siempre tuvo la «intención de quitarles la vida, lo que no consiguió gracias a la intervención médica de la que fueron objeto». Las dos víctimas quedaron malheridas. Una de ellas muy grave, con fracturas en el fémur y en el sacro, entre otras lesiones, que le hicieron pasar dos veces por el quirófano y le dejaron secuelas permanentes.

Arango Durango recurrió ante el Supremo con el argumento de que todo fue fortuito. El alto tribunal, sin embargo, confirmó la sentencia de la Audiencia, los catorce años de pena, y sobre todo que el doble atropello no fue un accidente fruto de una «negligencia», sino que fue una acción dirigida «intencionadamente» contra las víctimas, sabedor el conductor de la «potencialidad letal» de conducir un automóvil por la acera a «considerable velocidad».

Según el Supremo, pocas dudas de la intencionalidad del accidente podrían caber cuando no había huellas de derrape y el croquis de la Policía confirmó que el vehículo desde que arrancó hasta que colisionó con los peatones siguió una línea recta. Pero, sobre todo, la intencionalidad quedó demostrada porque una de las víctimas fue atropellada dos veces, según el Supremo, que insistió en que las heridas de los dos peatones no resultaron «letales» por «haber sido tratadas médicamente a tiempo».

El Ministerio de Justicia, en el real decreto, explica que su decisión de indultar al conductor colombiano es a petición del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla-La Mancha, que invocó el artículo 206 del reglamento penitenciario, que es el que faculta a la Junta de Tratamiento de la prisión solicitar al juez la tramitación de un indulto particular. Sin embargo, ese mismo artículo acota la reclamación de esa gracia solo a casos limitadísimos en los que la conducta del preso «se pueda calificar de extraordinaria» dentro de la cárcel y durante años.

Apoyo del tribunal

En cualquier caso, el indulto siempre es potestad exclusiva del Gobierno, que no debe ni siquiera argumentarlo y mucho menos justificarlo.

El Ministerio de Justicia explicó ayer que el perdón a Arango, además, contó con el visto bueno del tribunal sentenciador (en este caso la Audiencia Provincial de Madrid) y la Fiscalía, instancias ambas que deben ser consultadas de forma preceptiva por el Ejecutivo, pero cuya opinión no es vinculante ni mucho menos para el Gobierno, que viene rechazando sistemáticamente peticiones de indulto, por ejemplo de delincuentes multireincidentes.

Se da la circunstancia de que hace poco más de un año y medio, el conductor colombiano ahora amnistiado reclamó el indulto. Entonces, en mayo de 2012, el Ministerio Público y la Audiencia Provincial de Madrid se negaron a apoyar la medida de perdón del preso que ahora Instituciones Penitenciarias considera modelo. Y Justicia denegó su indulto. En ese mismo departamento no supieron explicar ayer qué ha cambiado en estos 18 meses para conceder el perdón al conductor que dejó lisiado de por vida, con el acortamiento de una pierna, a uno de los viandantes que aquella noche del verano de 2001 fue arrollado.