Después nos cosen a comisiones, claro.

Para poder cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda -si se quiere- pero sobre todo como una cuestión de justicia elemental social hay que comenzar a efectuar un plan ordenado y progresivo de expropiación de suelo urbanizable y crear un banco hipotecario nacional que compre junto el morador nacional la la vivienda de éste de modo tal que, en la medida en la que los moradores puedan ir haciendo pagos para ir reduciendo el principal de la deuda, puedan ir también ir pagando un alquiler cada vez menor. Ésto supone, por supuesto, una legislación revolucionaria y la concepción de un nuevo instrumento financiero flexible que no permita nunca jamás lo que hemos presenciado hasta ahora, es decir, las hipotecas como instrumento jurídico financiero usurero para extraer la riqueza de las familias aprovechándose de su capacidad de esfuerzo y de su ingenuidad y espectativas como ahorradores. Con un instrumento así, el banco no podría desahuciar a un morador salvo en casos verdaderamente excepcionales. Por supuesto también, dada la magnitud del agregado de este tipo de operaciones, habría que relajar mucho la política monetaria. Querramos un futuro donde se gana mucho más con operaciones productivas que con las especulativas y donde la política de un banco público (europeo o, sino, español) sirva para dotar de una base útil a la economía real.