La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha revocado (por dos votos a favor y uno en contra) la decisión del juez José Castro de citar como imputada la infanta Cristina como cómplice o cooperadora necesaria de los delitos económicos cometidos por su marido Iñaki Urdangarin. Los magistrados son tajantes: “No hay indicios vehementes, ni sobre este punto se pronuncia el auto recurrido, es de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos”.

Los magistrados Diego Jesús Gómez-Reino Delgado (ponente del fallo) Juan Jiménez y Mónica de la Serna -tras adelantar la deliberación que estaba prevista para el 20 de mayo y sin celebrar una vista pública ni privada, en la que escuchar los argumentos de las partes- han “estimado parcialmente” el recurso del fiscal Pedro Horrach. Anticorrupción recurrió la decisión de Castro de acusar formalmente a la hija menor del Rey Juan Carlos al entender que en el sumario no hay pruebas suficientes de que estuviera al tanto de los negocios de su marido al frente y, aún menos, de que participara activamente en ellos, ni siquiera en Aizoon, la empresa de la que es coopropietaria al 50% y que sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros públicos.

En una resolución de 61 páginas, la Sala asevera que la conducta de la Infanta como vocal del Instituto Nóos no merece “reproche penal” al no vislumbrar su colaboración en una trama “tendente a cometer un fraude a la Administración” en virtud de los distintos convenios de colaboración suscritos entre la entidad y las Comunidades valenciana y balear, “ni a través de ellos a apropiarse ilícitamente de fondos públicos”. Y es que, a juicio del tribunal, el hecho de que tanto la hija del Rey como el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, figuraran en un folleto ilustrativo de Nóos como miembros de su junta directiva “carece de trascendencia penal” para deducir por ello que incurrió en un delito de tráfico de influencias.

“Las anteriores circunstancias constituyen efectivamente, en cierto modo, una influencia, pero no con el alcance típico” que se requiere para la comisión de esta infracción penal, incide la Sala al respecto, considerando que la presencia de ambos en un folleto informativo se entiende como “una especie de carta de recomendación o de presentación del Instituto Nóos ante posibles clientes y administraciones públicas, pero en modo alguna nos hallaríamos en presencia de una influencia típicamente antijurídica”.

‘Cómplice’ de Iñaki

La infanta Cristina fue citada a declarar como imputada el 27 de abril por el juez Castro en un auto que dictó el pasado día 3, pero el señalamiento fue cancelado dos días después, tras la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir que fuera revocada la imputación.

El magistrado citó a la infanta como imputada al apreciar indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir “un supuesto de cooperación necesaria” o “complicidad” en los delitos por los que se les procesa a ambos.

Dos días después, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó un recurso en el que solicitaba la revocación de la imputación, así como la suspensión de la citación para declarar que se había fijado el 27 de abril. La petición de Horrach fue atendida de inmediato por Castro que dejó en suspenso la imputación, pasando la ‘patata caliente’ sobre el futuro procesal de la infanta a sus superiores de la Audiencia Provincial, que ahora ya han decidido.

Horrach se opuso a interrogar a Cristina de Borbón porque consideraba que los indicios de cooperación o complicidad que apunta el juez son meras “sospechas personales” o circunstancias “inocuas”, “inconsistentes”, “equívocas” o “especulativas” y asegura en el recurso que “el procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola”.

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ya decidió sobre el recurso de apelación que planteó el sindicato Manos Limpias contra el auto del juez del 5 de marzo de 2012, en el que rechazó imputar a la infanta Cristina. En esa ocasión, el auto en el que la Audiencia Provincial rechazó que se citara a la duquesa de Palma fue dictado el 12 de julio de 2012, cuatro meses después de que el juez desestimara imputarla.

No obstante, la decisión de la Audiencia Provincial no es definitiva. Los magistrados instan al juez a pedir a la Agencia Tributaria más datos sobre la infanta para concretar posibles indicios contra la duquesa por delito fiscal. Si estas pruebas se concretaran, la sala -apunta- sí sería favorable a la citación. También invita a Castro a pedir a Diego Torres más correos electrónicos y no solo los que incriman a la hija de los monarcas.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que este martes ha dejado sin efecto la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos -si bien deja las puertas abiertas a un posible encausamiento por fraude fiscal-, alega en su auto que no hay “indicios vehementes” de que la mujer de Iñaki Urdangarin “conociera, se concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres”.

“LA JUSTICIA NO ESTÁ SIENDO IGUAL PARA TODOS”

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha expresado su respeto a la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Palma de dejar sin efecto en un auto la citación como imputada en el ‘caso Nóos’ de la infanta Cristina. “De la misma manera que respetamos en su día la decisión del juez, el PSOE respeta la decisión que ha tomado la Audiencia con respecto al caso de la infanta Cristina”, se ha limitado a decir Valenciano a los medios de comunicación tras asistir en el Senado a una reunión del grupo socialista.

El BNG ha considerado que la justicia “no está siendo igual para todos”, tal y como apeló don Juan Carlos en su discurso de Navidad, ha recordado, por lo que a su juicio estas palabras “quedan claramente en entredicho”. Para su portavoz Francisco Jorquera, esta decisión es fruto de “la movilización de los poderes del Estado y de la propia Casa Real” pues es “total y absolutamente inverosímil que (la infanta) no estuviera informada de las actividades de su marido. Jorquera ha dicho respetar el principio de presunción de inocencia pero ha querido también recordar que la infanta Cristina participa del Instituto Nóos y de las empresas de su marido, ha reiterado. “Es total y absolutamente injustificable que instituciones como la Fiscalía, en vez de actuar para que se esclarezca la verdad, lo que parece es que actúa para evitar que se llegue a conocer la verdad hasta las últimas consecuencias”, ha recriminado.

El diputado de IU Ricardo Sixto ha lamentado que el Gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, haya impedido que un miembro de la Casa Real declare en los tribunales y que lo haya hecho justo cuando existe el compromiso de incluir a la Monarquía en la Ley de Transparencia. Si la infanta Cristina no fuera la hija del Rey de España, ha señalado Sixto en declaraciones en el Congreso, ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía “hubieran actuado como lo han hecho” y la imputación se hubiera mantenido. De acuerdo con sus explicaciones, el procedimiento se encuentra en una fase en la que la intención del juez era “clarificar” cuál ha sido el papel desempeñado por la infanta en la trama en la que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin.

La portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha defendido que “se tiene que dejar trabajar al juez instructor” del caso Nóos, José Castro, después de que la Audiencia haya anulado la citación como imputada que dictó contra la infanta Cristina. “Respetamos profundamente esta decisión judicial”, que causará “toda una serie de disquisiciones tanto jurídicas como políticas”, ha manifestado Costa, para quien cada instancia judicial ha actuado según el papel que le asigna el ordenamiento constitucional.

La diputada socialista ha apelado a la “separación de poderes” para que se respete la instrucción de Castro, de quien ha confiado en que lleve “hasta el final” su investigación del caso, “caiga quien caiga”. Además, ha abogado por que se devuelva todo el dinero sustraído si se demuestra la veracidad del fraude a las arcas públicas que se atribuye al Instituto Nóos que dirigieron Iñaki Urdangarin y Diego Torres.