Por Blas Piñar (Del libro “Escrito para la Historia”).- El tema de la transición política es, por supuesto, interesante, pero es, además, decisivo, porque afectó de un modo radical a nuestra historia, tanto a la pasada como a la que estamos escribiendo ahora mismo y a la que estamos a punto de escribir.

La llamada reforma puso en marcha la transición, es decir, el tránsito de un Sistema político a otro diferente. Este tránsito no se produjo por obra del azar.

La desviación política transitiva y trascendental no fue el resultado de un accidente impensable, sino el fruto de un plan en cuya elaboración y puesta en práctica colaboraron activamente hombres y grupos instalados tanto en el Régimen que nació del 18 de Julio como en la oposición al mismo. Munich, Bucarest, y Lausanne, son hitos de encuentros encaminados a llegar a la transición por la vía de la transacción y, por ello, del do ut des. Esta transición transaccional ha sido trascendente, en un doble aspecto: para España como nación, aquejada hoy por gravísimos problemas, que ponen en juego su existencia como sujeto histórico, y para el español, cuyo equipaje tradicional de valores, como normativa de comportamiento, se halla en trance de almoneda y sustitución.
La transición política de la que nos vamos a ocupar ha sido obra esencialmente de los políticos, pero no solamente de los políticos. Porque la política hace referencia a la “polis” y la “polis” descansa y recibe vitalidad de las instituciones que, de una manera o de otra, se ordenan a su servicio. Es lógico, pues, que la tarea reformista requiriese para su éxito la colaboración institucional, colaboración expresa o tácita, jubilosa o temerosa, que permitiera, a través de la misma, la porosidad necesaria para que la transición que iba a conducir al cambio encontrara la menor resistencia posible.

Por otra parte, la reforma debió revestirse de una apariencia de legalidad, y ante la misma hubo también posturas discrepantes y combativas, como la nuestra.

Por ello, voy a abordar el tema de la transición desde cuatro puntos de vista, a saber: el de las instituciones, el de los políticos coautores de la misma, el de su tratamiento jurídico -político y el de la posición de Fuerza Nueva.

I LAS INSTITUCIONES Y LA REFORMA

La Iglesia

En una nación como la nuestra, el factor religioso opera con tal vigor que el atractivo de utilizarlo era lógico. En una nación conformada por el catolicismo, la actitud de la Iglesia tenía que resultar decisoria, como lo fue, sin duda, en 1936, cuando en la zona roja se prefirió el martirio a la apostasía, y en la zona nacional se alzaban las cruces al lado de las banderas.

No era sencillo, en teoría, que la Iglesia se negara a sí misma y pasara al campo que estimó como enemigo, abrazándose a quienes, en la doctrina y en la praxis, se proclaman no sólo ateos sino antiteos, pisotean la más alta dignidad del hombre, al desconocer su inmortalidad, y no se cansan de decir que la religión es el opio del pueblo.

Una circunstancia histórica facilitó el cambio radical de postura. El Concilio Vaticano II, que no fue un Concilio dogmático, sino estrictamente pastoral, según los términos de su convocatoria, conturbó profundamente a la Iglesia y, de tal modo, que el gran objetivo de unir a los cristianos, por una parte, no fue conseguido y, por otra, produjo la gran desunión y confrontación de los católicos. El caos de esta confrontación, puesta de relieve en hechos y acontecimientos dolorosos, como el del Catecismo holandés o el III Congreso Internacional para el Apostolado de los Seglares, obligó a Pablo VI a decir públicamente que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia.

El humo de Satanás, efectivamente, había falsificado el Evangelio. La Fe quedó suplantada por una opinión que aspira simplemente a ser respetada en el mercado de las opiniones. La Esperanza quedó sustituida por la espera en la utopía imposible de un paraíso terrenal de iguales. El Amor, generoso, universal y altruista, quedó reemplazado por la solidaridad en el despecho o en la codicia. La Teología evangélica fue arrinconada para abrir paso a la Teología de la liberación, pero no de la liberación del pecado para conseguir la vida eterna, sino de la liberación de las opresiones económicas, de la marginación social, de los tabúes morales, para el logro, en el tiempo y en la tierra, de una felicidad sin límite.

De ahí, a las “Comunidades de base”, a los “Cristianos por el socialismo”, a los sedicentes movimientos apostólicos embarcados en la subversión, no hubo más que un paso. Como un paso hacia delante ha sido y sigue siendo en algunas naciones de Hispanoamérica, y lo ha sido también aquí, la militancia activa de religiosos y sacerdotes en grupos terroristas, cuyo objetivo no es otro que destruir y matar.

La participación destacada de amplios sectores eclesiales en el proyecto conjunto del posfranquismo, está demostrada una y mil veces. La nota de los capuchinos, de Barcelona, en 1964; la famosa operación Moisés; los hechos que llenaron de sacerdotes la cárcel de Zamora; los escándalos doctrinales del P. Llimona o de Mosén Xirinacs, son puro ejemplo de lo sucedido. Nombres como los de Francisco García Salve S.J, dirigente del Partido Comunista e hijo e un guardia civil asesinado por los rojos en 1934, o del P. Llanos, también jesuita, que luego de escribir un libro maravilloso sobre la aportación de sangre de la Compañía de Jesús a la Cruzada española, quiso levantar el puño y que en la lápida que cubre sus restos mortales conste su condición de militante de Comisiones Obreras, (carné número 14.774), son un índice del drama profundo de la Iglesia.

Publicaciones como Signo, que hubo de suprimir la jerarquía eclesiástica, Yelda, Incunable, Síntesis de Teología, Vida Nueva y Catecismos y libros de religión, como los que todavía tienen el Imprimatur y en los que, por ejemplo, se exalta a Carlos Marx y se reproducen poesías de un comisario político comunista en el Ejército rojo, o un himno a Satanás, obligan a señalarlos como respuesta a la pregunta formulada por don Marcelo González, el cardenal Primado, el 4 de julio de 1983, con motivo de la IX Semana de Teología espiritual: “¿Por qué un pueblo como el español, identificado por su fe cristiana con una herencia admirable de fidelidad y servicio a la Iglesia, que ha hecho fructificar la semilla evangélica en multitud de naciones, da sus votos a partidos políticos que en sus programas propugnan una nueva cultura que, directa o indirectamente, llevaría a la desaparición del sentido cristiano de la vida (y) a la ruina del concepto y de la realidad de la familia cristiana?”.

Recuerdo que en Las Palmas de Gran Canaria, el fallecido monseñor Pildain me dijo en una ocasión: “prefiero tener una parroquia sin pastor a poner al frente de ella a un mal sacerdote”. Es posible que esta frase, fruto de una larga experiencia pastoral, me sugiriese aquélla que pronuncié, hablando de la subversión, en el pleno del Consejo Nacional de enero de 1971: “prefiero una religión sin sacerdotes a unos sacerdotes sin religión”.

La trama no tenía sus actores tan sólo en el ámbito de los seglares o de los sacerdotes o de los religiosos. En 1974, en las instrucciones, no publicadas, pero ciertas, de la Comisión Permanente del Episcopado español, se decía literalmente esto: “hay que evitar que el franquismo se institucionalice después de la muerte de Franco; hay que someter a discusión los Principios fundamentales del Movimiento Nacional, legitimando ante la opinión los partidos políticos y la oposición política organizada; hay que condenar como contraria al Derecho Natural la Administración de Justicia española”.

En la nota que tengo en mi poder, confirmada por don José Guerra Campos, en carta de 25 de febrero de 1974, se dice lo siguiente: “Respecto al procedimiento para llegar a estos objetivos, parece que los obispos interesados en ello (al menos algunos), prefieren evitar los ataques de frente, intentarán aprovechar la infiltración, sobre todo en los medios de comunicación dependientes del mismo Gobierno”.

¿Acaso no hubo nombramientos masivos de obispos auxiliares, a los que se dio acceso y voto en la Conferencia episcopal con el fin de inclinar la balanza en el sentido de la maniobra posfranquista? ¿Acaso no fueron nombrados obispos sacerdotes con el proceso de secularización en trámite, o con denuncias ciertas de errores dogmáticos serios? ¿Acaso no fue promovido al Episcopado el redactor de una encuesta al clero español en la que se preguntaba a los sacerdotes si eran comunistas o anarquistas y cómo resolvían sus problemas de castidad?

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, en una entrevista hecha a Informaciones de Andalucía y que reprodujo ABC de 27 de mayo de 1977, y a la que me refiero en otro lugar de este libro, afirmó que en 1964 le dijo a Franco lo siguiente: “que era tentar a Dios detener el regreso a un régimen normal; que Europa nos daba la espalda; que la prensa estaba amordazada; que los Sindicatos eran pura burocracia; que a los seminaristas y al clero joven no se les podía frenar en sus deseos de acercarse al pueblo, y que la Iglesia no podía seguir vinculada a un Régimen dictatorial”.

Al nuncio de su Santidad, monseñor Luigi Dadaglio se le consideró como “uno de los hombres clave para la transición”.
No soy yo, es el cardenal Tarancon el que en su libro Confesiones. (Edt.P.P.C. Madrid 1996. pag.401) explica lo sucedido en la Iglesia, al decir que “la Santa Sede juzgaba indispensable un cambio de dirección en la actitud de la jerarquía española”; y es el propio Tarancón, que fue ultrafranquista y que ahora se reconocía y proclamaba “cardenal del cambio”, el que dijo refiriéndose a la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, de septiembre de 1971 -que él presidió- que la misma fue el “primer acto público de la Iglesia española en el que se había puesto en tela de juicio la postura de conexión íntima entre la Iglesia y el Régimen”.

Sumándose, en cierto modo, a esta corriente de ruptura – que podríamos probar con muchos documentos y conductas – las declaraciones de las Asambleas plenarias del Episcopado español, la XVII de 1972 y la XXI de 1974. En la primera – que tuvo veinte votos en contra – se dice, refiriéndose a la Asamblea conjunta mencionaba, que en ella se puso de relieve el deseo de la Iglesia y la comunidad política (de dar) una orientación nueva a las relaciones entre la Iglesia y el Estado en conformidad con la nueva psicología de la Iglesia y con las necesidades actuales de nuestro pueblo. En el documento emanado de la XXI Asamblea, la Conferencia Episcopal Española pedía “un generoso gesto de clemencia en consonancia con el mensaje jubilar del perdón cristiano a favor de todas las personas privadas de libertad”. Apelando a la reconciliación pidieron también los obispos “voluntad superadora de los efectos nocivos de la guerra civil, y la necesidad del pluralismo sindical y de los derechos de reunión, expresión y asociación”.

Más tarde los obispos auxiliares de Madrid, Alberto Iniesta, Ramón Echarren y Victor Oliver, se adhirieron a la solicitud de un manifiesto proamnistía.

Comentando la solicitud de la Conferencia Episcopal, en el nª 42 de Fuerza Nueva, de 25 de enero de 1975, decíamos que “el perdón precisa del arrepentimiento, y que había que pensar si la actitud de nuestra Conferencia episcopal solicitando amnistía y perdones era un instrumento político indebidamente usado para presionar a las autoridades civiles en consonancia con la consigna del comunismo”.

En un libro excelente de espíritualidad cristiana, formador de conciencias, he leído lo siguiente: “Es falsa la doctrina que en nombre de la compasión hacia los individuos daña el bien común”.

No entro en la procedencia de la consonancia: solicitud episcopal y consignas del comunismo; pero lo cierto es que éste manifestó en reiteradas ocasiones el apoyo que estaba recibiendo de una parte de la Iglesia española. Tengo a mi disposición pruebas múltiples de esta realidad, pero sólo transcribo algunas de ellas.

Santiago Carrillo, a la sazón secretario general del Partido Comunista, afirmó ante una Asamblea del mismo, en abril de 1969, según publicaba Mundo obrero, de 24 de mayo (nº.10): “El Vaticano ha iniciado ya una política de separación y de alejamiento del régimen franquista. La Iglesia española, que bendijo la sublevación, ahora se aparta de Franco”.

Dolores Ibárruri, La Pasionaria, dirigiéndose a un auditorio antifranquista concentrado en el Palacio de los Deportes, de Roma, el día 14 de diciembre de 1975, aseguró: “hemos encontrado fraterna ayuda en la Iglesia española”.

Que hubo entendimiento y colaboración entre cristianos, tanto de la Iglesia docente como de la glesia discente y la oposición marxista e incluso separatista, lo atestiguan, de una parte, las declaraciones de algunos obispos, en las que manifestaban la moralidad del voto a favor de los partidos con esa significación, (recuérdese – y solo es un ejemplo, espigado entre muchos – que monseñor Oliver, obispo auxiliar de Madrid, dijo en 1973: “Se puede ser cristiano y marxista”), y su negativa al procesamiento (facultad que el Concordato les concedía) de sacerdotes implicados de una u otra manera en atentados terroristas perpetrados por ETA. Como casos concretos en que así sucedía, puedo citar, los que figuran en mi archivo y que dicen así: “ La jurisdicción militar pidió en 1969 autorización para juzgar al señor Ubieta, vicario Pastoral de la Diócesis de Bilbao, en relación con la ayuda prestada al asesino de un taxista, y su obispo, monseñor Cirarda, la negó”; “El arzobispo de Pamplona no autoriza el procesamiento de once sacerdotes que en varias parroquias de la diócesis, el 4 de febrero de 1973, dijeron una homilía exaltando el separatismo, justificando el terrorismo de ETA y atacando al Estado y a sus autoridades”.

Por otra parte, y según mis notas, “ el Cabildo de Begoña no estimó procedente, por razones pastorales, autorizar la Misa de acción de gracias por el final de la guerra en el País Vaco, que tradicionalmente se venía celebrando en el mes de junio”.
La revista de Moscú Mirovaya Ekonomista, publicó un artículo en 1967, que reprodujimos – previa traducción – en Fuerza Nueva, de 13 de enero de 1968, en el que se alude a la “ transformación del ala izquierda del movimiento católico” y al “esfuerzo creciente de los católicos a favor de un diálogo positivo con los comunistas”. Este diálogo “ adopta formas diversas y se realiza en las páginas de periódicos y revistas católicos. Para este objeto ha comenzado a editarse una revista especial, Cuadenos para el Diálogo. Esta posición del movimiento católico ha creado una nueva atmósfera en España, que ha permitido al Partido Comunista sacar la conclusión siguiente: “hoy por hoy las masas católicas son los aliados básicos con el comunismo en la lucha contra el régimen franquista”.

A todos los efectos no debe marginarse lo que el cardenal Tarancón dijo por televisión el día 14 de mayo de 1975. Cumplía setenta y cinco años y, con tal motivo, mantuvo un coloquio con los periodistas Pedro Crespo, Pedro Rodríguez, Jaime Campmany y Manuel Alcántara. “Hoy, – gracias a Dios – tenemos una democracia, incluso una pluralidad religiosa y no he tomado ninguna decisión de las que me han censurado sin consultar con Pablo VI”.

Es impresionante lo que, proclamando esta postura convergente de cristianos y comunistas, manifestaron el canónigo de Málaga, Nicolás González Ruiz y el dirigente del partido separatista Ezquerra Republicana de Catalunya.

El primero, en las reuniones de Católicos por el socialismo, celebradas en Ávila, en enero de 1973, dijo: “Los cristianos que estamos comprometidos en una lucha marxista revolucionaria proclamamos nuestra carta de ciudadanía en el seno de la Iglesia, y no aceptamos ser reducidas a posiciones marginadas que nos obligan a actuar en la clandestinidad dentro de esta misma Iglesia. (Sábado Gráfico, de 7 de julio de 1973).

El segundo, después de la transición, en Cataluña Cristiana (de la última semana de febrero 1981), se expresaba sin titubeos: “ con justicia es preciso remarcar que no pocas veces la actividad conspiradora durante muchos años contra el franquismo, tuvo lugar en los locales de la Iglesia. Este es un hecho importante que no podemos olvidar”.

Si a esto se agrega el conflicto planteado por el obispo de Bilbao monseñor Añoveros (capellán requeté en la Cruzada), con motivo del documento leído en las parroquias de su diócesis, el 24 de febrero de 1974: El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos -cuyo contenido político antiregimen era indudable- se evidencia el objetivo común de un antifranquismo cristiano y un antifranquismo marxista. Es justo señalar dos cosas: 1) que la tensión Iglesia-Gobierno (representado por Pío Cabanillas, ministro entonces de Información y Turismo) la salvó la prudencia de Francisco Franco y 2) que, según hizo saber el cardenal Tarancón, la expulsión de España de monseñor Añoveros, por decisión gubernamental, habría llevado consigo la excomunión del Caudillo.

Cómo viene a cuento recordar que Pío XII, en su alocución al Sacro Colegio, el 2 de junio de 1948, condenó “la doble conciencia de aquellos que mientras pretenden pertenecer a la comunidad cristiana militan al mismo tiempo como tropas auxiliares de las filas marxistas contrarias a Dios”.

Sabido es, sin embargo, que la Conferencia Episcopal Española -con la oposición de la llamada “gloriosa minoría”- no vió inconveniente moral o religioso para el voto afirmativo a la Constitución, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Así se hizo constar en el documento de su Comisión permanente, de 28 de septiembre de 1978, ratificado por la XXX Asamblea plenaria, titulado Orientación pastoral de los fieles, desde una perspectiva religión y moral: “No se dan motivos determinantes para que indiquemos o prohibamos a los fieles una forma de voto determinada”. De acuerdo con esta orientación, y según monseñor Suquía, 60 de los obispos orientadores votaron que sí a la Constitución. No puede echarse al olvido, que tanto don Marcelo González, cardenal arzobispo de Toledo, como don José Guerra Campos, se pronunciaron, como tales prelados de la Iglesia, contra el proyecto de Constitución, en sendas cartas pastorales publicadas en los Boletines diocesanos respectivos.

Por otra parte, y de una forma bien explícita, la LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, con fecha 26 de noviembre de 1999, ha reconocido que las “perspectivas conciliares propiciaron la aportación de la Iglesia a la transición pacífica a la democracia”.

Las Fuerzas Armadas

El artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, aprobada en referéndum de 14 de diciembre de 1966, decía que las Fuerzas Armadas garantizaban “la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional”.

¿Cómo puede explicarse que las Fuerzas Armadas, garantes del orden institucional, conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado que se forjó a partir del 18 de julio, fecha en la que el Ejército jugó la carta fundamental, sean hoy guardianes de un orden constitucional cuya filosofía religiosa, política y cultural se halla en radical oposición con el precedente?

Porque las cosas, nos gusten o no nos gusten, son así, aunque tengan, como todo, cuando se las examina con detenimiento, una explicación. Y la explicación es que al hecho que se reseña se ha llegado, no de repente, sino por escalonadas aproximaciones al objetivo. Si era necesario neutralizar a las Fuerzas Armadas para el momento de abrir las compuertas a la oleada antifranquista, era necesario también crear, durante la andadura previa, las condiciones precisas para que esa neutralidad tolerante se produjera.

De la Academia de preparación militar del entonces capitán Pinilla, auspiciado por la Compañía de Jesús, salieron oficiales que en el curso de los años se encuadrarían en la Unión Democrática Militar, a la que pertenecieron, entre otros, Julio Busquets, luego diputado socialista, Restituto Alcázar, hijo de un defensor de la fortaleza toledana y nacido durante las duras jornadas del asedio , y varios de los hoy colaboradores del Diario 16.

La táctica a seguir apuntaba en una dirección: marginar de las misiones que la Ley Orgánica del Estado encomendaba al Ejército la garantía del orden institucional. Tal fue el objetivo constante del teniente general Manuel Díez Alegría -al frente del Alto Estado Mayor-, por el que, según la agencia italiana de noticias ANSA, eran notorias las simpatías de Juan Carlos (La Estrella de Panamá, de 15 de agosto de 1974). En varias intervenciones, en medios no castrenses, eludió con suma destreza, analizando el quehacer militar, el cometido que nos ocupa. ¿Cómo puede extrañarnos que en su viaje a Bucarest pudiera entrevistarse con Santiago Carrillo? Se había logrado, también a escala castrense, la convergencia del franquismo oficial (el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército de la Victoria) y del antifranquismo militante (el secretario del Partido Comunista y responsable de los asesinatos de miles de españoles en Paracuellos). Díez Alegría y Carrillo se entendían como amigos cordiales y se dice que aparecieron sonrientes en la TV rumana.

La personalidad y la conducta del teniente general Diez Alegría fueron sorprendentes. Significativo fue que el general Narciso Ariza García, gran amigo de mi familia, y muy vinculado por razones profesionales al jefe del Alto Estado Mayor, me visitara con el fin de ofrecerme una conferencia dentro del curso que se estaba celebrando, quiero recordar, en la Escuela Superior del Ejército. El tema sería: La iglesia y la subversión. Me creí preparado para desarrollarla. Era para mí un honor dirigirme a un auditorio militar.

Pregunté a mi buen amigo el general Ariza, si para hacerme este ofrecimiento había contado con el visto bueno de su inmediato Superior. Me dijo que no, pero que tenía la seguridad de que a Manolo (así le llamaba) le parecería muy bien, “Consúltale”, le dije. Como era de suponer la respuesta fue negativa. Su segundo de abordo – mi amigo -, avergonzado sin duda, no volvió a verme.

Para conformar mejor la figura del teniente general Diez Alegría es muy útil y orientador el reportaje del periodista francés Jacques Guillme-Brulon, publicada en Le Figaro, de 15 de julio de 1974. Dice así: “El general ha hecho una carrera militar sin historia. Su papel en la guerra civil ha pasado desapercibido. Su aureola `liberal´ data del discurso poco conformista que pronunció en 1968, con motivo de su recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. (Ello, no obstante, Franco) no vaciló en nombrarle procurador en Cortes y confiarle el Alto Estado Mayor del Ejército, en julio de 1970, lo que llevaba consigo su entrada en el Consejo del Reino y en el de Regencia. En diciembre último, cuando el asesinato del almirante Carrero Blanco, su intervención se reveló decisiva para impedir cualquier tentativa de toma de poder por la extrema derecha. Más aún, emprendió conversaciones con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista español”.

De un informe confidencial, – que lógicamente “ha dejado de serlo”, y que obra en mi poder – de enero de 1971, entresaco lo que sigue, con referencia al teniente general Diez Alegría: “la prensa del exilio le elogia constantemente contraponiéndole a los generales azules; preside la conferencia en Madrid del dirigente radical-socialista francés Servan Schreiber; mantiene relaciones con el conde de Motrico y acude a la fiesta, que dio últimamente, y a la que por la significación política del anfitrión no asistieron otros generales invitados a la misma; en sus conferencias rehuye decir que una de las misiones del Ejército es, según la Ley Orgánica del Estado, la defensa del orden institucional; uno de sus hijos se presenta en la candidatura marxista a las elecciones para la junta directiva del Colegio de Abogados; y un hermano, jesuita, se proclama enemigo del Régimen y recibe felicitaciones de Santiago Carrillo; Radio España Independiente, en su emisión de 5 de abril de 1968, ha comentado favorablemente su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de 5 de marzo el mismo año; Hora de Madrid, órgano clandestino del Partido Comunista, alude en su número de febrero de 1970, “a la intervención del Jefe del Alto Estado Mayor, general Diez Alegría, en el Consejo del Reino, en contra de las penas de muerte”.

Llegado el momento cumbre, se procedería en consecuencia: el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, (que estuvo a las órdenes del general Ungría en los servicios de información de Franco y del que todavía en 1976 dijo que fue “modelo insigne de los grandes capitanes”), sucedió como vicepresidente para los Asuntos de la Defensa, al también teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, en el primer gobierno de la Monarquía. La oposición de este último a la legalización “de facto” de la UGT y de CCOO no podía obstaculizar el empeño de los coautores del posfranquismo; y las promesas de Adolfo Suárez, jefe del segundo Gobierno de la Monarquía, arrancaron la nota tolerante del Consejo Superior del Ejército a la legalización – el sábado Santo de 1977 – del comunismo.

El ministro del Ejército, con fecha 14 de abril de 1977 se dirigió a todos los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales, en los siguientes términos: “En la tarde del pasado día 12 de abril, el Consejo Superior del Ejército, por convocatoria del ministro del Departamento, y bajo la presidencia del teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército, por enfermedad de aquél, se reunió a efectos de considerar la legalización del Partido Comunista de España y el procedimiento administrativo seguido al efecto por el Ministerio de la Gobernación, según el cual se mantuvo sin información y marginado al ministro del Ejército.

“El Consejo Superior consideró que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinadamente, pero consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las Leyes, expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efecto unilateralmente, dada la gran trascendencia política de tal decisión.

“La legalización del Partido Comunista de España, por sí misma, y por las circunstancias políticas del momento, determinan la profunda preocupación del Consejo Superior con relación a instancias tan fundamentales cuales son la Unidad de la Patria, el honor y el respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas.

“En este orden, el Consejo Superior exige que el Gobierno adopte, con firmeza y energía, todas cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar los Principios reseñados.

“Vinculado a cualquier decisión que se adopte, en defensa de los valores trascendentes ya expuestos, el Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona”.

En resumen, se trataba de convencer a las Fuerzas Armadas, y se consiguió, de que su juramento de defender el orden institucional no se quebrantaba, porque la reforma era tan sólo una de las previstas por el mismo orden constitucional jurado. Como señalaba Landelino Lavilla, subsecretario de Comercio con Franco, ministro de la UCD más tarde, presidente del Congreso de los Diputados, luego: “la ley de reforma política, no pretende ser, ni es, una derogación del Ordenamiento constitucional existente, sino una nueva pieza que se inserta en el conjunto de las Leyes fundamentales. Se trata de puros retoques en nuestra fachada para incorporarnos a Europa. (Estas leyes fundamentales eran: El Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; La Ley de las Cortes, de 17 de julio de 1942; El Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; La Ley del Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945; La Ley de sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947 y la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1957)”.

La inquietud y el desasosiego que la ruptura encubierta por la reforma traería consigo, dieron origen a múltiples incidentes en los que se puso a prueba la escasa simpatía y la repulsa generalizada hacia el teniente general Gutiérrez Mellado, pero también la tenacidad del mismo para cumplir la orden recibida y que puede verificarse trayendo a colación aquello que dijo con ese tono acre que le identificaba: “Pase lo que pase, el Ejército no se moverá”, porque como había declarado en Méjico “El Ejército garantiza el avance de la democracia”. No se quería, por ello, despolitizarlo, sino, más bien, politizarlo en otro sentido.

La tensión en las capas más altas del Ejército, se trasluce a través de dos declaraciones, después del discurso aperturista de Carlos Arias, presidente del Gobierno. El teniente general Díaz Alegría manifestó: “ Yo estuve en las Cortes el día 12 de febrero y aplaudí”. Otro teniente general, Antonio Barroso, ex ministro del Ejército, en carta de 19 de febrero de 1974, me decía: “A pesar del discurso de Arias estoy muy preocupado con muchas cosas de las que te hablaré si me recibes cuando puedas”.

En otros lugares de este libro doy cuenta de la animosidad contra nosotros de Gutiérrez Mellado. En un informe oficial 1/1978, aludiendo a Fuerza Nueva, aunque sin nombrarnos, atacaba “a los que pretenden monopolizar en exclusiva los símbolos y signos que son patrimonio de todos, actuando siempre en la intransigencia y en la violencia para imponer su opinión.”

La Universidad

En la Universidad, en toda la Universidad y en todas las Universidades, en mayor o menor escala, penetraron e influyeron los coautores del posfranquismo. A escala de estudiantes y a escala de profesores, comenzando, naturalmente, por los últimos, por ser los menos numerosos y los más dispuestos a caer en las tentaciones de vanidad o suficiencia.

El reparto amistoso de las cátedras entre la oposición encubierta al Estado del 18 de julio y los que disfrutaban de su protección o beneficio al amparo de nobles objetivos espirituales, dejaba escaso resquicio a los hombres con auténtica vocación de magisterio y lealtad acrisolada para participar con éxito en las oposiciones.

Laín Entralgo, al que conocí con el yugo y las flechas en su solapa civil, el autor de Los valores morales del nacional-sindicalismo, (Edit.Nacional. Madrid, 1941), siendo rector de la Universidad Complutense, patrocinó un Congreso de escritores jóvenes, profusamente anunciado, que hubo que suspender al tratarse de una reunión de militantes comunistas.

Pues bien; si las crisis de obediencia son fruto de las crisis de autoridad, la subversión estudiantil no fue otra cosa que una consecuencia de la actividad antifranquista de un sector influyente del profesorado. Los incidentes en la Universidad madrileña, con un herido muy grave, que hubo de estar mucho tiempo en hibernación, y la salida del Gobierno de Joaquín Ruiz Giménez, dieron paso a la desaparición del SEU y a la formación de grupos de estudiantes, como la FUDE, que se movieron con absoluta libertad y que obligaron en múltiples ocasiones a suspender la vida académica.

Para no citar otros ejemplos, me limitaré a mencionar lo ocurrido en las Universidades españolas de máxima población escolar: las de Barcelona y Madrid.

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, con motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort, fue representada, el 27 de enero de 1967, ante unas 1500 personas, una obra de teatro en la que un personaje que hacía las veces del Caudillo, luego de subir a la tribuna presidencial, llevando una pancarta en la que se leía: “Paco, estás hecho un mulo”, pronunció una arenga sobre “los demonios familiares como sujetos de valores eternos”, que terminó así: “Señores procuradores, panolis y gilipollas todos: permitidme que yo también entre en la intimidad de vuestros corazones… para hablaros de una ley orgánica llamada así en atención a los órganos de los que ha salido”. Más tarde se produjo la defenestración del busto del Jefe del Estado, se arrancó con desprecio la bandera española, se destituyó al rector de la Universidad, que quiso mantener el principio del orden y se nombró catedrático de la Escuela de Arquitectura al señor Oriol Bohigas, que estuvo encerrado en el Monasterio de Montserrat, en actitud rabiosamente antifranquista, en los últimos días de diciembre de 1970.

En Madrid, y en octubre de 1966, un comando de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias asaltó, en la noche del 21 al 22, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y pernoctó en élla, sin que, por lo visto, nadie se enterase o se quisiera dar por enterado. A las 9 de la mañana del día 22, yo entré en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Las pintadas chillonas decían: “Franco, asesino”, “Muera el Régimen Franquista”, “No a la dictadura franquista” . “Fascismo, No. Monarquia, No, República Popular, Sí”. Se fotografiaron las pintadas y se enviaron las fotos a quienes se estimó como más idóneos del Régimen. ¡Estábamos en octubre de 1966, a nueve años vista de la muerte del Caudillo!

Pero no se tomó ninguna medida. Incluso el ministro secretario general del Movimiento se negó a convocar una reunión urgente del consejo Nacional que solicitamos – yo entre otros – por escrito, a bien de adoptar una postura beligerante contra la subversión en la Universidad.

Por una parte, y valiéndome de mi buen amigo Federico Silva, ministro de Obras Públicas, hice llegar una nota a Franco, en la que le decía: “ he autorizado un acta notarial reproduciendo frases totalmente insultantes para el Jefe del Estado, pintadas en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Políticas. Se unen fotografías. Envié copias a los ministros militares, al de Justicia y al de Educación, al Fiscal Jefe, al Rector (de la Universidad) y a los Capitanes Generales. Solo contestaron: por teléfono, el ministro de Justicia, y con un oficio, el de Marina. El requirente, oficial retirado del Ejército, sufrió dos investigaciones de la Guardia civil. El ministro del Ejército ordenó telefónicamente a los Capitanes Generales el archivo del acta”.

Más tarde, el 5 de marzo de 1969, acudí al Palacio de El Pardo, en unión de un grupo de catedráticos de las Universidades de Madrid y Barcelona, que, en directo, iban a exponer a Franco su punto de vista, leal al Régimen, y lo que ellos estimaban preciso para detener la campaña contra el mismo.

El coloquio de Franco con los catedráticos fue precedido por unas palabras mias de presentación:

“Mi general:

“Me cabe el altísimo honor de venir a saludarle, una vez más, y de cumplir un noble servicio ante S.E.: el de introductor y presentador de un grupo de catedráticos numerarios de las Universidades de Madrid y Barcelona, es decir, de aquellas donde la subversión ha logrado éxitos al conseguir el cierre de sus Facultades y Escuelas, y aquellas en las que se sigue la constante acción corrosiva, después de su reapertura, y a pesar de las medidas que lleva consigo el estado de excepción.

“Yo no puedo ni debo consumir el turno analizando la política que ha conducido al país y a la Universidad al estado que ahora puede contemplarse. El vicepresidente del Gobierno lo hizo ya en una aguda exposición, que obliga a muy serias reflexiones sobre el pasado y a medidas urgentes y rectificadores para el futuro. Tales medios exceden del campo estricto de la enseñanza y se refieren a la política nacional en su conjunto.

“Los lamentables sucesos de carácter delictivo, que se cometieron en nuestra Patria durante los meses pasados, y que tuvieron su culminación en hechos tan significativos como los asesinatos de Pardines y Manzanas, el desgarramiento de banderas nacionales, la rotura de bustos y retratos de S.E. y el empleo como arma arrojadiza de un crucifijo, pudieran producir la impresión en el ánimo del Jefe de Estado, que el país se encuentra en el límite que separa, a la vez que aúna, esas dos fases de la guerra revolucionaria-subversiva, y que los técnicos llaman de incubación y de consolidación.

“Esa línea-puente se caracteriza por una clara perturbación de las conciencias, por los intentos de huelgas y manifestaciones, por una campaña de atentados, por el propósito de desvigorizar y neutralizar al Ejército, por la promoción de una propaganda internacional contra el Régimen y, sobre todo, por la batalla sin tregua para ganar la complicidad del silencio.

“Pues bien, para que no pueda entenderse que la Universidad española se hace solidaria del bando comunista en esta complicidad del silencio, que constituye uno de los frentes más importantes de la guerra revolucionaria y subversiva, un grupo de catedráticos numerarios de Madrid y Barcelona, cuya opinión comparten muchos de sus compañeros, ha querido venir a este lugar para decir cosas tan graves como decisivas, tan comprometedoras para ellos como para las resoluciones que a S.E. como Jefe de Estado le incumbe la responsabilidad de adoptar.

“Vienen hasta aquí sin haberse ligado a ninguna de las actitudes o comportamientos que han provocado la situación actual. Vienen aquí luego de conocer por su tarea diaria y por su puesto excepcional docente, la cruda realidad que nadie, por alta que sea su posición administrativa, puede disimular. Vienen aquí porque son leales a cuanto S.E. significa en el ayer, en el hoy y en el mañana de nuestro pueblo, y porque esa lealtad les impone la tarea, no excesivamente grata, de hablarle con todo respeto pero también con toda sinceridad. Vienen, en suma, a decirle que hay catedráticos numerarios en la Universidad española dispuestos a asumir todas las responsabilidades que sean necesarias, para mantener el orden ideológico y la normalidad académica en las Facultades y en las Escuelas, sin concesiones demagógicas ni promesas, luego lamentadas, aunque no corregidas, de impunidad.

“Quienes me acompañan -y no hemos querido ampliar la lista para no quitar a la audiencia su tono íntimo y coloquial-, son universitarios y son españoles, tienen una visión clara de los que ocurre en nuestro país y del papel que juegan ciertos grupos estudiantiles, de los que mucho se habla, y ciertos grupos de profesores, que apenas se mencionan.

“Quienes me acompañan saben, como ha dicho un ilustre escritor militar, que ‘la guerra revolucionaria subversiva no terminó en 1939, sino que continúa…, que todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá, desde 1939, con marcado sabor comunista, por muy disimulado que se considere tras la máscara engañosa de tantas asociaciones culturales, democráticas y neutralistas, no son un conjunto de actos independientes entre sí, sino una nueva fase preinsurreccional, contra la que debemos luchar cada día, manteniéndonos vigilantes, para reaccionar oportuna y decididamente ante todo ataque, venga de donde viniere’.

“La subversión comunista jamás descansa, ni se arredra, ni se declara definitivamente vencida. Fue SE el que dijo en cierta ocasión que ‘cuando parece que se va a recoger el fruto de la victoria, todavía hay que velar las armas’.

“Quizá, la vigilancia del arma ideológica se ha descuidado y las ideas base y motrices de la revolución comunista, disfrazada de mil formas, no han tenido, al aparecer sus primeras manifestaciones en el cine, en el teatro, la novela, la disertación pública y el ablandamiento político, la reacción, que es invencible cuando lleva consigo la rapidez, la sorpresa y la iniciativa.

“Aún tenemos amplias posibilidades de recuperar el tiempo perdido, de agavillar, luego del grave despilfarro de un esquema ideológico avalado por la sangre de una generación sufrida y ejemplar que liberó a España de la esclavitud comunista. Pero no se puede perder un solo minuto. Si la debilidad se sigue acusando, si las medidas del estado de excepción se aplican con tal delicadeza que se les pierde el respeto, si la autoridad se comparte con fuerzas oscuras que imponen sus consignas, pisoteando al poder constituido, entonces la complicidad del silencio de una población amedrentada jugará a favor del adversario. La tamborrada de San Sebastián, que tuvo que ser suspendida, y la inhibición y repulsa a dar testimonio de hechos subversivos, son pruebas evidentes de que no equivocamos el diagnóstico.

“En el marco de la Universidad española, y, concretamente en las dos que han sido víctimas de los mayores ultrajes, hay catedráticos que conservan el ideal de la Cruzada, y que tienen la gallardía de venir hasta aquí para ponerse a sus órdenes. A ellos les quedará, en todo caso, la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber: el de informar y de ofrecerse a quien corresponde, en definitiva, la resolución de algo que afecta a su propia dignidad y al porvenir inmediato de España.

“Y termino, señor, porque son ellos y no el que ahora concluya, los que quieren, los que desean hablarle, y que S.E. les hable también”.

La situación, muy conflictiva, estaba llegando a ser dramática. Así lo reconoció don José Botella Llusiá, rector de la Universidad Complutense, en una conferencia en el Colegio Mayor Antonio Rivera, el 10 de mayo de 1972, al decir públicamente: “estamos dominados en la Universidad por una minoría terrorista”.

Carrero Blanco, haciéndose eco de la situación por la que atravesaba la Universidad española, decía el 7 de marzo de 1972: “una minoría… del profesorado es instrumento de la subversión, a la vez marxista y liberal. Para que la actividad universitaria sea la que España necesita, además de las medidas académicas y orgánicas que se juzguen precisas, es absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y alumnos que llevan a cabo en ella la subversión”.

Pero no salieron ni unos ni otros. Salieron, tan sólo, expulsados oficialmente de la Universidad, los militantes de Defensa Universitaria -un hijo mío, entre ellos- por haber impedido que se quemara la bandera nacional. Apaleados unos y amenazados todos de muerte, tuvieron, por añadidura, que soportar los ataques furibundos de la prensa oficialista y de la prensa libre, y hasta una nota de antiguos seuístas que alegaban -como después se ha dicho tantas veces – que este grupo de muchachos -valientes como pocos- se apropiaba de los símbolos, cuando en realidad no habían hecho otra cosa que defenderlos arriesgando mucho, mientras los que protestaban permanecían ajenos a la lucha.

Y no salieron ni los profesores ni los estudiantes que participaban en el plan conjunto. Quién salió disparado a las alturas, desde la fachada posterior de la iglesia de la Compañía de Jesús, en la calle madrileña de Claudio Coello, fue el almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, víctima de un atentado cometido bajo la promesa de dejarlo impune.

La Corona

Todo el pensamiento político de Francisco Franco giró en torno a la completa instauración monárquica, como garantía y continuidad del Régimen del 18 de julio. “Somos de hecho una Monarquía sin realeza, pero somos una Monarquía”, dijo el 1 de abril de 1956. Construido jurídicamente el Estado nacional como Monarquía, la Corona iba a completarlo como una institución más a su servicio. De aquí, que Franco hablara constantemente de instauración y no de restauración. “La Monarquía que en nuestra Nación puede… instaurarse, no (ha de) confundirse con la liberal y parlamentaria que padecimos”, afirmaba el 23 de enero de 1955, pues sería “un fraude restaurar una falsificación, una apariencia.

Nuestra misión en este orden no (es) la de restaurar, sino la de instaurar, la de crear, la de fundar, asumiendo la sustancia viva y sólida de la tradición” (31 de diciembre de 1959). Por eso, concluía Franco en la proclamación del Príncipe de España, ante las Cortes, el 22 de julio de 1969: “el reino que nosotros, con el consentimiento de la nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendente, que no admite pactos ni condiciones”.

Más aún, el 20 de julio de 1973, al presentar a las Cortes españolas su programa de Gobierno, Carrero Blanco dijo, aludiendo al tema, que “esta Monarquía instaurada es una Monarquía nueva”.

Pero del pensamiento político de Franco sobre la Monarquía no quedó otra cosa, si la frase de Manuel Fraga sirve para algo, que una República coronada, o lo que es más claro, una Corona sin Monarquía.

Para llegar a la fórmula de la República coronada o de la Corona sin Monarquía, el posfranquismo oficial tenía preparada la fórmula. Su portavoz fue Carlos Arias, sucesor del almirante asesinado, que en su discurso del 12 de febrero de 1974, ante las Cortes españolas, al dar a conocer su programa de Gobierno, dijo enmendando la plana a Franco y a Carrero: “no se trata, en efecto, de una restauración; (pero) no es tampoco la instauración de una Monarquía de nueva planta. El neologismo ‘reinstauración’ define el acto del 22 de julio de 1969”, es decir, el acto de la proclamación del Príncipe de España, Jefe del Estado en el futuro, con el título de Rey.
Así, recurriendo al neologismo de la reinstauración, que no es otra cosa que instaurar de nuevo lo pasado, se rechazó la Monarquía nueva, continuadora del 18 de Julio, para anudar, la que iba a reinstaurarse, con el liberalismo de la Monarquía parlamentaria y partitocrática de Sagunto, que cayó el 14 de abril de 1931.

Quiero dejar constancia expresa del papel reservado a la Corona por el posfranquismo victorioso, señalando la contradictio in terminis que suponen las palabras de don Juan Carlos, siendo Príncipe primero, y, más tarde Rey de España.

Don Juan Carlos dijo ante las Cortes, el 22 de julio de 1969, al ser designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado: “(Velaré para que) los Principios de nuestro Movimiento y las Leyes Fundamentales del Reino sean observadas, (y) para que dentro de esas normas jurídicas, los españoles vivan en paz y logren cada día un creciente desarrollo en lo social, en lo cultural y en lo económico”, añadiendo: “Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936 (por lo que) mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los Principios que acabo de jurar”.

El propio don Juan Carlos decía el 12 de febrero, en la clausura del Consejo General de la Guardia de Franco: “Habéis jurado fidelidad a los Principios y a las Leyes Fundamentales; yo también. Habéis jurado lealtad a Franco y a lo que Franco significa; yo también”. Por si fuera poco, el 3 de marzo de 1970 dijo a los alfereces provisionales: “He jurado lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento, ideales por los que murieron vuestros compañeros en la Cruzada. Sobre estos ideales tenemos que basar el desarrollo del país buscando sin desmayo la grandeza de España”.

Pero las frases decisivas, por la solemnidad del acto y por la importancia trascendental del momento, fueron pronunciadas por Su Majestad el Rey el 22 de diciembre de 1975, ante las Cortes, en el mensaje de la Corona. Recojo algunas de ellas: “Una figura excepcional entra en la Historia… (el recuerdo de Franco) constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad… Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio”. “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”.

Estas son las palabras textuales de la Corona, pero de una Corona sin Monarquía, sin unidad de poder, porque Manuel Fraga, siendo ministro de Interior en el primer gobierno de esa Monarquía, prohibió a los Ex combatientes la concentración que en su memoria proyectaba celebrarse en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de mayo de 1976, y cursaba una circular a los gobernadores civiles vetando la inauguración de monumentos que recordaran al Caudillo.

El posfranquismo oficialista y el de la oposición se mostraban de acuerdo. Felipe González, jefe del Gobierno de la Monarquía y amigo de don Manuel Fraga, había dicho antes de subir al poder: “La desaparición física de Franco significa algo más que la muerte de un dictador. Implica la inexorable liquidación de la superestructura que nació con él. El PSOE rechaza toda fórmula que continúe el régimen con desprecio de otras formas de Gobierno”.

Por su parte, Rafael Calvo Serer -el mismo que obtuvo el premio nacional Francisco Franco, por su libro España sin problema (Ed. Rialp. Madrid, 1949)-, puso en marcha, en París, en unión con Santiago Carrillo, la Junta Democrática de España. Ambos y Vidal Beneyto, entregaban a la prensa en el Hotel Internacional, su Manifiesto de la Reconciliación, invitando a ingresar en dicha Junta a la Asamblea Democrática de Cataluña, a la Plataforma unitaria vasca, y a la Junta Democrática de Galicia, reconociendo expresamente la identidad nacional de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Creo que fue el 29 de julio de 1974. Al decir de Radio España Independiente, “estaba compuesta por personalidades de derecha, monárquicos liberales, representantes de las finanzas y de la industria, personalidades que tienen autoridad en Cataluña, Galicia y en las diferentes regiones españolas, Comisiones Obreras y el partido Comunista”.

Esta Junta Democrática, y la Plataforma Democrática, se unificaron con el nombre de Coordinadora Democrática.
Calvo Serer – que fue ultrafranquista – cambió de postura, escribió y publicó: Franco frente al Rey, y la Dictadura de los franquistas (Ruedo Ibérico. París. 1972 y 1973) llegó a afirmar que el Caudillo “fue un dictador implacable y mediocre, intelectual y aun moralmente”; que su periodo de gobierno no fue más que “un paréntesis largo, pero sin gloria y lleno de humillaciones para todos los españoles”, y que la tarea primordial del momento consistía en “impedir que perdure el franquismo en torno del sucesor, el Príncipe Juan Carlos”. “Olvidemos a Franco”, concluía el directivo de la Junta Democrática, catedrático de la Universidad de Madrid y destacado miembro de un Instituto secular.

Los dos – Calvo Serer y Carrillo – estuvieron en el Congreso Socialista de Suresnes (Francia), y juntos viajaron por los Estados Unidos recabando ayudas de todo tipo para su causa común antifranquista.

II LOS HOMBRES DE LA REFORMA

Hechas tales consideraciones, conviene que entremos en el estudio de la reforma llevada a cabo por los políticos.
Pues bien; la iniciativa eficaz de la reforma corresponde, no a la oposición al Régimen del 18 de Julio, sino a quienes en el mismo ocupaban puestos de la máxima responsabilidad. Torcuato Luca de Tena aseguraba en ABC, el 18 de mayo de 1977, que “algunos dirigentes de Alianza Popular han sido los verdaderos iniciadores de la reforma”, y en términos aún más concluyentes, Manuel Fraga, ese mismo día y en el mismo periódico, afirmó sin rodeos: “la reforma la hemos hecho los franquistas”.

La reforma tiene tres nombres claves, con su lógico acompañamiento, a saber: Carlos Arias, Manuel Fraga y Adolfo Suárez; los tres, lógicamente, en función de lo que acabamos de decir, ministros de Franco y colaboradores de Carrero Blanco, que no supieron ni quisieron respetar lo que este último dijo en el Pleno de las Cortes, de 15 de julio de 1963: “ningún rey o regente podrá el día de mañana ordenar un referéndum para modificar el texto de algunos de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional”.

A) AriasCarlos Arias fue nombrado presidente del Gobierno a raíz del asesinato de su predecesor, siendo ratificado su nombramiento a la muerte de Franco. El proyecto de reforma se manifiesta en su famoso discurso en las Cortes de 12 de febrero de 1974.

Nuestra oposición a la letra y al espíritu del 12 de febrero dio origen a una beligerancia oficialista contra Fuerza Nueva. En unas declaraciones a la Agencia Cifra, el 11 de septiembre de 1974, que, alentadas por los mecanismos oficiales tuvieron una amplia difusión, Carlos Arias, refiriéndose a nosotros, aunque sin citarnos de modo expreso, aludía en ellas a la “incomprensión y reticencia de algunos sectores proclives a anclarse en la nostalgia”, frente a la “legitimidad (anhelada de un) ancho espectro (en el) deseable pluralismo político”.

Carlos Arias, contrariando tan noble proyecto democrático, nos hizo “incompatibles con las responsabilidades públicas asumidas por el Gobierno”.

No tuve más remedio que replicarle con un artículo titulado Señor Presidente (Fuerza Nueva, 28-9-1974), en el que, entre otras cosas, decía: “Es usted, y no nosotros, el que niega que podamos ser escuchados y atendidos si tuviéramos razón. Si nuestra actuación no interfiere ni puede interferir la acción del Gobierno, es usted el que nos elimina; el que después de llamarnos maximalistas y ponernos en el mismo lugar que a los asesinos de Carrero Blanco… nos rechaza olímpicamente, públicamente, oficialmente y con desprecio. Señor Presidente: muchas gracias, porque la claridad ilumina y hace que las decisiones se tomen sin duda ni inquietud. Nos autoexcluímos de su política. No podemos, después de lo que ha dicho, colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. No renunciamos a combatir por España, pero hemos comprendido que nuestro puesto no está en una trinchera dentro de la cual se dispara contra nosotros y se airean y enarbolan estandartes adversarios. Señor Presidente: en un diario catalán, que no se destaca precisamente por su adhesión al Régimen, se decía: ‘Arias ha mojado su dedo índice, lo ha levantado y ha dicho: Por ahí’. Pues bien; nosotros no queremos ni obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y adónde le acompañan. Piense si le dirigen o le empujan. Y no se lamente al final, si contempla cómo ese tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres, de los que son anuncio y adelanto, cuando esa democratización se inicia, los que se sacaron de los escombros, de la calle del Correo, el 13 de septiembre, del corazón mismo de la capital de España”.

El Fiscal General del Reino, a instancias del Gobierno, presentó querella contra mí ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Me he permitido traer a colación este episodio de la reforma en periodo operativo inicial, para poner de manifiesto que nosotros no tuvimos parte en la misma, y que en ella y en sus resultados no nos incumbe la más mínima responsabilidad.

Consecuentes con la idea y la táctica, al legalizarse las Asociaciones políticas, no nos constituimos como Asociación, lo que, por otra parte, fue un acierto, ya que si con ellas se pretendía atraer a la reforma a los grupos hostiles al Régimen, los mismos dieron una respuesta negativa. A la sazón, escribí lo siguiente: “Se pide lo imposible: que los grupos enemigos del Movimiento se constituyan como Asociaciones, dentro del esquema y respetando los Principios de un Movimiento, que no comparten y que desean abolir. Afortunadamente, tales grupos marginados o enemigos del Movimiento, con un concepto del pundonor de que carecen aquellos que les invitan a prostituirse, han respondido que no”.

El reformismo, en clave de Carlos Arias, fue una contradicción que tenía necesariamente que fracasar. Había, ciertamente, una clara inclinación reformista o rupturista por parte de quienes desempeñaban a nivel ministerial los cargos importantes del Sistema. Así lo daban a entender los que fueron ministros de Franco: Gregorio López Bravo, que se definía como “liberal reprimido” (declaraciones a Tico Medina en ABC de 23 de junio de 1972); Manuel Fraga Iribarne, que aseguraba en septiembre de 1973, que centristas “somos la mayoría de los españoles” y más tarde que “el franquismo murió con Franco”; Fernando Suárez González, que manifestó, después de un viaje a Alemania, que si él fuera alemán, “votaría por los socialistas”; Tomás Garicano Goñi, que en mayo de 1973 declaraba “difunto al Movimiento” (Historia de España, la época de Franco” Stanley G. Payne. Espasa 1999, pág. 138); Laureano López Rodó, que en Méjico, el 22 de julio de 1974, aseguró que en España “el franquismo no existe”; Rodolfo Martín Villa, que en febrero de 1972 declaraba que “la empresa nacional-sindicalista y el sindicalismo vertical (no tenían) actualidad (y) que la división entre la parte empresarial, la capitalista y el sector social es evidente”; Federico Silva, que en una estrevista con Pedro Calvo Hernando, publicada en El Faro de Vigo – el 18 de octubre de 1980 – declaró que había dimitido como ministro de Obras Pública en 1970 “por considerar agotadas todas la posibilidades de regeneración del Régimen de Franco; Torcuato Fernández Miranda, que desde la Secretaría General del Movimiento propugnaba por un “Socialismo Nacional e Integrador”; Eduardo Navarro Alvárez, secretario general técnico de la Secretaría General del Movimiento, profesor de Formación política en el Seminario Central del Frente de Juventudes, que anhelaba “formar parte de la conjura de los moderados, porque los moderados han sido los únicos que han hecho progresar al país”; y Gabriel Cisneros -que fue delegado nacional de Juventudes -que en una entrevista concedida a Miguel Veyrat, de Nuevo Diario, y que reprodujo el Diario de Navarra de 19 de febrero de 1970, dijo: “La Falange ha desaparecido. Se trata de un sector germinal, y el destino de todas las semillas es florecer para fructificar”.

Por su parte, Enrique Sánchez de León, consejero nacional del Movimiento por Badajoz, y más tarde ministro de Sanidad y Seguridad Social, en el primer gobierno de la Monarquía parlamentaria – es decir, con la UCD de Adolfo Suárez – manifestó, al hacerse cargo del ministerio: “Yo nunca he llamado Caudillo a Franco ni jamás acudí a la plaza de Oriente”.

También se sumarán a la corriente rupturista, Joaquín Ruiz Giménez, ex ministro de Franco y ex embajador en el Vaticano, a pesar de que el 2 de mayo de 1956 había dicho: “Tenemos fe ciega en la fortaleza de ese Caudillo que Dios ha puesto al frente de España” y “salgo de este puesto (de ministro) -añadiría más tarde- en actitud de servicio, con una intacta fidelidad para lo que Franco encarna dentro de España”, y José María de Areilza, Conde de Motrico, ex alcalde de Bilbao, ex embajador en Bogotá, Buenos Aires y París, no obstante sus manifestaciones, recogidas por la prensa de San Sebastián del 16 de julio de 1939: “La guerra y la revolución de Julio traen hoy un guía supremo: el Generalísimo Franco autor de la Victoria”. Areilza y Ruiz Giménez, en unión de los adversarios al Régimen, Joaquín Satrústegui (monárquico) y Enrique Tierno Galván (socialista), dieron a conocer conjuntamente su postura, después de una visita en vida de Franco – a principios de febrero de 1975- a Walter Schell, ministro alemán de Asunto Exteriores, que se hallaba en Madrid, al que expresaron su deseo de que hubiera “libertades” en España.

Esta conducta explica que Areilza fuera con la monarquía parlamentaria ministro de Asuntos Exteriores y Ruiz Giménez Defensor del Pueblo.

Nada puede extrañar que al margen de todo el oficialismo político del momento, Jorge Vestringe Rojas, que después de la transición sería secretario general de Alianza Popular, entendiera que “la apertura hacia la izquierda socialista es – doctrinalmente hablando – posible y no constituye una muestra de desviacionismo de los principios del Nacional-Sindicalismo. (SP de 12 de junio de 1969).

Hasta Teresa (nº 167, de noviembre de 1967), la revista de la Sección Femenina, dedicó con la pluma del poeta José Hierro, grandes elogios al Che Guevara. Fueron estos: “El hombre ha muerto en la selva boliviana. No era su padre el Éxito, sino el Heroísmo. Su madre era la Generosidad. Un héroe con asma hace más heroico su perfil humano. Cuando un hombre así muere, la humanidad se empobrece. Pero el mito que nace enriquece a cada ser humano en particular, porque nos obliga a la reflexión y nos sentimos avergonzados por no ser capaces de su heroísmo. Y también confortados, pues nos damos cuenta que aún queda en nuestro corazón una parcela capaz de sentir admiración por quienes son limpios idealistas, fuertes y desinteresados”.

A la altura en que escribo ya no sorprende que, según informaba ABC, del 12 de mayo de 1973, a la primera reunión de PRISA, la sociedad editora de El País, diario antifranquista que se publicaría mas tarde, acudieron Fernando María Castiella, Joaquín Ruiz Giménez, Manuel Fraga, José María de Areilza, Laín Entralgo, Julián Marías, Pío Cabanillas, el marqués de Perinat, Mercedes Fórmica, Ramón Tamames, Juan Arespacochaga, Antonio Gallego, Fernando Chueca Goitia, Nicolás María Urgoiti y Carlos Mendo, consejero delegado. La presidencia correspondía a José Ortega Spottorno.

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, a la que pertenecían muchos de los altos cargos del Sistema, comenzó a despegarse del mismo. En el editorial Tercera España, de su revista, se manifestó equidistante de José Antonio y de La Pasionaria”.

El 21 de junio de 1969 escribí al presidente, Abelardo Algora Marco una carta en la que decía: “Si el editorial de Tercera España refleja oficialmente el pensamiento de nuestra Asociación, quisiera cuanto antes cursar mi baja en la misma, y ya, libre de toda disciplina, publicar una respuesta a ese trabajo”.

Se deseaba, en frase de Carlos Arias, “incorporarnos plenamente a las corrientes del mundo occidental; pero sin desnaturalizarnos, sin dejar en el camino jirones de nuestro propio ser”.

Se querían cuatro o cinco partidos políticos, “funcionando efectivamente en una nueva democracia española”, pero, a la vez, se quería “salvaguardar el Movimiento, que es el solar de la coincidencia, el recinto para el ordenado debate de las más nobles aspiraciones al servicio de la comunidad, toda vez que nos negamos a aceptar cualquier planteamiento que desde la subversión o desde la cobardía pretenda arrinconar nuestros Principios o hacer de ellos una reliquia”. (25-5-1975).

El espíritu dubitativo de Carlos Arias, su indecisión, tenía un origen. Para él, la reforma consistía en desarrollar el régimen a partir de sus propias raíces institucionales, “extraer de la legalidad vigente todo su contenido, oponiéndose a la ruptura y a cualquier tipo de periodo constituyente”(26 de febrero de 1975); pero la realidad era que ese tipo homogéneo y perfectivo de desarrollo no podía conducir al régimen distinto y antagónico que con la reforma se proyectaba.

La contradicción íntima de Arias se refleja en las siguientes frases: “no considero ni necesaria, ni conveniente ni oportuna la reforma constitucional” (2 de diciembre de 1974); “creemos en la virtualidad y conveniencia de la reforma (y) entendemos que existen motivos suficientes para abordarla y deseamos realizarla en el más breve plazo posible” (28 de enero de 1976), es decir, como apostilló Fraga “en dos semanas, dos meses, dos años”.

Mientras Adolfo Suárez hablaba de diálogo y de integración sin límites, Arias decía que “las fuerzas políticas que de una manera antagónica se opongan a la filosofía, a la política, a la razón de ser del Movimiento, quedan marginadas del diálogo”.

Carlos Arias, en esta última línea reformista, y en su calidad de presidente del Consejo Nacional y Jefe Nacional del Movimiento, por delegación de S.M. el Rey, me dirigió una carta, que supongo haría llegar a los demás consejeros, de fecha 13 de mayo de 1976, en la que me pedía colaboración y ayuda “para la buena marcha de los Proyectos de Reforma, que, a mi juicio, realizan la puesta a punto de nuestras instituciones políticas, cerrando definitivamente el paso a todo intento de ruptura”.

Así decía la carta: “quedan fuera de nuestro universo político toda idea revolucionaria de ruptura y cualquier petición de apertura de un periodo constituyente”.

Más tarde, con ocasión del debate en las Cortes de la ley de Reforma política, en noviembre de 1976, Carlos Arias contestó así a las preguntas de un periodista: “¿Saldrá (la Reforma) sin graves distorsiones?”, en los siguientes términos: “¡Saldrá! creo que va a salir y pienso que debe salir”. (ABC, de 17 de noviembre de 1976).

Es curioso recoger lo que en el libro Azaña jurista publicado el año 1990 por el Ministerio de Justicia (página 50 y 51) se dice sobre Carlos Arias: “En el Anuario de la Dirección de los Registros del año 1929 aparece como escribiente Carlos Arias Navarro. Contaba entonces veintiún años. Había aprobado el mismo año 1929 las oposiciones al cuerpo administrativo del Ministerio. El primer destino de Carlos Arias es la Dirección de los Registros. En ella permanecería hasta 1931. Azaña, veintiocho años mayor que él, en un puesto relevante del Centro directivo, se apercibe pronto de la inteligencia y ambición del nuevo escribiente. Hace amistad con él -o quizá sienten sólo la simpatía o la complicidad de quienes se ven llamados a más altos destinos que el sillón burocrático-, y Azaña le recomienda que estudie, porque su capacidad podía llevarle a otras metas. Arias seguiría fielmente el consejo, y en muy poco tiempo aprobaría las oposiciones de Fiscal -en 1933-, y después las de jurídico militar y notario. En su época en la Dirección de los Registros, Carlos Arias colabora con Azaña”.

Por lo que respecta a las relaciones de Carlos Arias con Manuel Gutiérrez Mellado -el que sería el general de la transición-, me remito al libro de Luis Fernández-Villamea, editado por nosotros en 1996: Así se entrega una victoria.

B) Fraga

El papel asumido por Fraga en el primer Gobierno de la Monarquía, como vicepresidente y ministro del Interior, fue trascendental.
Estando en el Gobierno, parece que concedió a Carrillo el pasaporte para regresar a España y autorizó, violando la legalidad vigente, tanto el Congreso de la UGT, aún clandestina, como el acto en la Universidad de Madrid en el que, con la participación de católicos (como Joaquín Ruiz Giménez) y marxistas, se pidió paso libre al aborto, la amnistía para los asesinos y la disolución de las Fuerzas del Orden.

Es muy significativo que en Londres mantuviera Manuel Fraga, siendo embajador de Franco, conversaciones con Enrique Tierno Galván. Este da cuenta de las mismas en su libro Cabos sueltos: “A principio de 1975, por el mes de febrero, metidos ya de lleno en la recta final de la conjura democrática (ya sabemos en que consiste) viajé a Londres. Fernando Morán me facilitó la estancia en la capital británica. Llamamos a Fraga por teléfono, quien nos invitó a cenar en su residencia, es decir, en la sede de la Embajada de España. Ver a Fraga tan abiertamente dispuesto al cambio, tan convencido de que era necesario y predispuesto, si no dispuesto, a conversar con los comunistas, era sobradamente alentador. Salimos animados de la Embajada”.

No me consta lo que en aquella cena se pudo pactar en orden a la transición política, pero sí tengo noticia de que para verificarlo, Fraga, siendo ya ministro de la Monarquía, cenó con Enrique Tierno Galván, en el Horno de Santa Teresa de Madrid.

La Editorial El Burgo, con el título Fraga, genio y figura, publicaba una biografía del entonces presidente de Alianza Popular. El biógrafo narra, en las páginas 66 y siguientes, la “primera entrevista Manuel Fraga-Felipe González”, y de ella entresacamos lo siguiente:

“Había que tender ‘puentes’ para una segunda restauración canovista (sin Cánovas, por supuesto,) que condujese la bipolarización política de España. Fraga podría resultar Antonio Cánovas del Castillo, si Felipe, lidiador de las corrientes rupturistas, asumía el papel de Práxedes Mateo Sagasta.

“Los contactos Fraga-PSOE los venían manteniendo Carlos Argos, director del Gabinete Técnico del Ministerio y Enrique Múgica.
“Se previó inicialmente la reunión para el sábado, 24 de abril de 1976, en el estudio biblioteca que Fraga tiene en un piso de la calle Joaquín María López, en Argüelles, a las 5 de la tarde, pero, por diversas circunstancias, la misma no tuvo lugar hasta el viernes, 30 de abril. Había cena, siendo el anfitrión Miguel Boyer, miembro de la ejecutiva del PSOE y que conocía a Fraga de cuando aquél era jefe del Gabinete de Estudios del Instituto Nacional de Industria. Los comensales serían, por el PSOE: Felipe González, Miguel Boyer y un tercero designado por la Ejecutiva del Partido y que resultó ser Luis Gómez Llorente, y por el Ministerio de la Gobernación: Fraga, Otero Novas y Argos. El escenario era un lujoso chalet propiedad de Boyer situado en la calle Matías Montero, 18, próximo a la Colonia de El Viso, y la hora de cita las nueve y media de la noche. Se sirvieron unas copas, singularmente whisky con hielo. El menú consistió en cóctel de mariscos, cinta de carne con salsa y guarnición, tarta de fresa y vino tinto. En el salón, de seguido, café y copa.

“En el transcurso de la cena, Fraga le dijo a Felipe que hacía todo lo posible para que el socialismo se integrase en el sistema político. Y añadió: celebraré que usted dentro de cinco años y en limpia competencia electoral pueda ser Primer Ministro.

“En la cena se abordaron temas como los de la Ley de Reforma Política y referéndum para su aprobación; conveniencia de unificación de grupos y partidos socialistas y legalización del Partido Comunista dos años después.

“Por conducto de Tamames se le pidió una entrevista con Marcelino Camacho, para el día de su santo, 1 de enero de 1976, en la biblioteca estudio, y después de esperar varias horas, el líder de Comisiones Obreras no compareció.

“Quizá el asunto más delicado de la conversación con Felipe se planteó al tratarse de la Ley de Reforma Política.

“Felipe preguntó si su partido podría comparecer en público con nombres, insignias y símbolos. Fraga contestó que por supuesto y explicó que en los planes del Gobierno figuraba el proyecto de Ley de Asociaciones en el que Asociación y Partido eran lo mismo, pese a su diferencia semántica”.

Coherente en su totalidad con esta entrevista es lo que Manuel Fraga manifestó en Barcelona y publicó La Vanguardia, del 5 de diciembre de 1975, quince días después de la muerte del Caudillo: “No he dicho en ningún momento que la exclusión del Partido Comunista tenga que ser definitiva, aunque no me negarán que sería muy pronto para que el señor Carrillo apareciese el próximo mes en Televisión. Ya es mucho si se acepta el partido Socialista con todas sus consecuencias”.

La evolución del pensamiento de Fraga, desde un franquismo visceral (“Yo soy un hombre del Sistema. Me he movido siempre dentro de su marco”; septiembre de 1973), al reformismo profundo del Sistema, lo puso de relieve A. Pinillos, en un artículo publicado en Fuerza Nueva (nº 470, de 10 de enero de 1976 pág. 20 y s.) titulado Los 3 Fragas, en el que se recogen sus afirmaciones contradictorias. Así, mientras en Apuntes de Teoría de la Sociedad y de la Política, manifestaba que “el sufragio universal cuando no es un peligro formidable, es una mixtificación”, en La reforma política (ABC, de 12 de noviembre de 1975), escribe: “la legitimidad democrática debe ser reconocida en la elección por sufragio universal de una Cámara representativa”; mientras en Estructura política de España escribió que “los Principios configuran un Estado, a la vez tradicional y moderno, con una filosofía que está en Las Partidas, por ser perenne y con unas técnicas que son las de la más moderna planificación”.

Autotizado por Fraga, después de su cena con Felipe González, el XXX Congreso Nacional de la aún no legalizada Unión General de Trabajadores, en el mismo se adoptaron las siguientes conclusiones: luchar contra la Organización sindical; luchar por la ruptura total; implantar la República y reconocer las nacionalidades.

Por otra parte, Fraga (que en Godsa propugnó la negociación con Marruecos de la soberanía de Ceuta y Melilla y el divorcio vincular, y en Reforma Democrática el divorcio moderado, y en Alianza Popular, el divorcio para el matrimonio civil (olvidando que el matrimonio es indisoluble, no porque sea canónico sino porque es matrimonio), como abanderado del reformismo, afirmó, desde su postura de Centro y desde la fundación de su partido, que su propósito era marginar y aislar a la extrema derecha( declaraciones a The New York Times, del 12 de octubre de 1976), términos con los que, para desacreditarnos ante la opinión, se clasificaba a quienes, como los hombres y mujeres de Fuerza Nueva, habíamos salido a la política para defender un Estado, del que él y los suyos, y no precisamente nosotros, habían sido embajadores y ministros.

Fraga, en unas declaraciones a la agencia Cifra, dijo en 1977: “El franquismo no estaba en mi programa, que es básicamente liberal-conservador, ya que Alianza Popular está en el centro-derecha”.

Ignoro la vinculación de Manuel Fraga con la fundación europea Bilderberg Group, pero consta que fue invitado por el príncipe Bernardo de Holanda para asistir a su reunión de Torquay (Inglaterra), del 21 al 23 de abril de 1977.

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