Los asistentes al memorable acto del pasado 16 de abril, festejaron de pie y con atronadores aplausos el anuncio que hizo Cristina Kirchner, acerca de la expropiación del 51% de las acciones que controlaba Repsol en la petrolera YPF. En medio de la euforia, nadie prestó demasiada atención a las amenazas que plantearon los directivos de la empresa española, cuando se hizo inminente que la presidenta tomaría esa decisión. Ahora los entusiastas descubren el lado oscuro de la expropiación.

El sábado pasado, un día después de que Repsol cancelara la entrega de gas por barco (GNL), la Casa Rosada tuvo que adoptar severas medidas para que no faltara el suministro en los hogares argentinos. Para ese fin, el comité de emergencia conformado por técnicos del gobierno y del Ente Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso que las empresas recortaran al máximo el consumo de ese combustible. A las grandes industrias, cuyo consumo ronda los 10.000 metros cúbicos por día se les ordenó que lo redujeran “al mínimo técnico”. Vale decir, al volumen sin el cual se detendría la producción.

El comité de emergencia fue más riguroso con las industrias medianas que pagan tarifas reducidas por el gas. A las que consumen más de 5.000 metros cúbicos por día se les recortó el suministro. El recorte no sólo afecta a las fábricas sino también a los grandes centros comerciales, conocidos en Argentina como ‘shoppings’. El gobierno de Cristina contaba con que Repsol aportaría 10 de los 81 barcos cargados de gas que necesita para satisfacer el consumo privado y el de la industria.

Hasta donde se sabe, la cancelación de la entrega de gas por barco es la primera represalia que ha tomado la empresa española desde que Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto que considera de interés público la parte que le correspondía en YPF. Un funcionario de ENARGAS reconoció que la medida tomó por sorpresa al organismo responsable de la distribución del precioso recurso del que depende el funcionamiento de la industria y vital para que los argentinos no se congelen en un invierno particularmente riguroso. “Por suerte encaramos esta situación en un fin de semana largo (el del 1 de Mayo), cuando la industria no anda a su plena capacidad. Habrá que ver cómo se resuelve el problema más adelante”, dijo esa fuente a la prensa nacional. El proyecto de estatización ya recibió el visto bueno del Senado y se espera que este jueves reciba la aprobación de la Cámara de Diputados.