El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana (izquierda), y su homólogo del CCOO, Francisco Carbonero (derecha).

Las recetas contra la crisis aplicadas por el Gobierno andaluz con la anuencia de sindicatos y empresarios apenas han dado respiro a la economía: el paro sigue desbocado; el grifo financiero, cerrado, y la competitividad, bajo mínimos. Pese al pesimismo estadístico, el «diálogo social» ha resultado de lo más productivo a sus interlocutores. Las principales centrales sindicales, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), cuentan con una presencia significativa en plataformas de diálogo creadas por la Administración, que han crecido de forma exponencial en los últimos años. A cambio de sentarse en los consejos de administración y comisiones de organismos oficiales, la Junta les pagó más de dos millones de euros en dietas por asistir a reuniones sólo en el año 2010, cuando la crisis ya causaba estragos.

El papel de los sindicatos abarca desde la colaboración en estudios, la aprobación de programas de subvenciones —de los que, en muchos casos, luego se benefician— y de proyectos que el Ejecutivo pone en marcha con sus propias aportaciones. Los representantes sindicales, al igual que los miembros designados por patronales empresariales, reciben cuantiosas inyecciones de fondos que salen de los presupuestos y que vienen a sostener su financiación corporativa.

La amplia presencia de las organizaciones que dirigen en Andalucía Manuel Pastrana (UGT-A) y Francisco Carbonero (CC.OO.-A) en estos órganos consultivos y de dirección reportó a las arcas de cada sindicato 1.009.540 euros en 2010, según la última liquidación de las cuentas difundida por la Junta. Su participación no se circunscribe a los entes vinculados al mundo laboral sino que abarca otros campos. Los sindicatos mayoritarios cuentan con casi medio centenar de consejeros que cobran gratificaciones por estar en el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, el Consejo Andaluz de Formación Profesional, así como el Consejo Andaluz de Turismo. A la abultada cifra desembolsada en dietas se suman 239 millones de euros más que, como adelantó ABC, abonó durante 2010 el Gobierno de José Antonio Griñán para costear servicios externalizados, actividades sindicales, nóminas, subvenciones y hasta facturas de teléfono.

Sin registro de actividades

El coste del diálogo social queda reflejado en los asientos contables, pero los frutos de éste a veces son un enigma. Algunos organismos no tienen un registro de actividades. En ocasiones, la información en la web de la Junta se limita a reproducir la normativa y su composición, como el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, que sólo recoge un breve currículum de su director-gerente. Tampoco han trascendido con detalle las tareas del Consejo Andaluz de Turismo y del Consejo de Formación Profesional. En otros entes, como el CES o el consejo de administración del SAE, los datos sobre sus actividades son más prolijos, aunque no siempre están actualizados.

El Sercla, que resuelve conflictos laborales, es el servicio más activo. Tiene una comisión de conciliación integrada por cuatro representantes sindicales y cuatro miembros empresariales. En el CARL, UGT y CC.OO. tienen hasta diez representantes. Cuesta hacerse una idea de la utilidad de estos foros si tan siquiera se divulgan las gestiones que realizan.

En un contexto marcado por los recortes, Pastrana y Carbonero confían en preservar su tren de ingresos públicos tras las elecciones del 25 de marzo. De ahí que, ante la victoria insuficiente del PP, hayan cerrado filas sin titubeos en torno a una alianza de la izquierda, presionando incluso a IU para que entre en el Gobierno.

La factura del «diálogo social»: 3,8 millones en gratificaciones a los agentes sociales

En 2010 las tijeras no habían llegado a las gratificaciones que reciben los agentes sociales (sindicatos y empresarios) por formar parte de organismos autonómicos. La contabilidad de la liquidación de las cuentas pone de manifiesto que en ese ejercicio, cuando la tormenta económica arreciaba ya con fuerza, se desembolsaron 3,8 millones de euros a través de partidas del presupuestos específicas para pagar dietas por acudir a estas plataformas de diálogo. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) es el que se llevó la mayor «mordida» de las cuentas. Sólo en retribuciones por ir a las reuniones se libraron 1,35 millones de euros en el citado ejercicio. Le sigue el Consejo Económico y Social, un foro consultivo del Gobierno andaluz donde están representados los sindicatos, la Confederación de Empresarios, la economía social, ayuntamientos, consumidores, universidades y expertos. El Pleno lo componen 36 miembros. Las gratificaciones suman 918.421 euros. Por último, el SAE, el órgano que lucha para frenar el imparable ascenso de parados, abonó 467.500 euros en dietas a sus consejeros en 2010.