Una copia del anteproyecto extraída clandestinamente del país y que ha llegado a Amnistía Internacional muestra que la definición de «crímenes terroristas» según la nueva legislación propuesta es tan amplia que permitiría a las autoridades detener a cualquier persona durante el tiempo que deseen bajo acusaciones tan vagas como «poner en peligro (…) la unidad nacional» o «perjudicar a la reputación del Estado o de su posición».

Este draconiano borrador legislativo revela la profunda sensación de amenaza que sienten el rey Abdulá y la familia real saudí a raíz del movimiento pro democrático de la Primavera Árabe, del surgimiento de un Iraq chií tras la invasión estadounidense y del desplome del status quo en todo el mundo árabe.

Allá donde miren los gobernantes saudíes, cada vez más ancianos, sus viejos amigos están desapareciendo o son objeto de fuertes presiones, y están viendo surgir nuevos rivales de fuerza desconocida.

Se sabe que a los saudíes les ha afectado especialmente la caída del presidente Hosni Mubarak en Egipto y la falta de ayuda que éste ha recibido por parte de EE.UU.

Yemen, situado al sur de la Península Arábiga, se halla al borde de la guerra civil, y fuerzas militares encabezadas por los saudíes han ayudado a aplastar el movimiento pro democrático principalmente chií en Bahréin.

A las autoridades saudíes les preocupa especialmente que las protestas abiertas de la mayoría chií en Bahréin se extiendan a la población partidaria de esa facción en la provincia oriental de Arabia Saudí.

Asimismo, siempre han mostrado recelo —hasta el punto de la paranoia— acerca de una conspiración chií orquestada por Irán para derrocar a las monarquías suníes del Golfo.

Amnistía Internacional ha obtenido copias de este anteproyecto de ley sobre delitos terroristas y financiación del terrorismo que aún está pendiente de aprobación y que en este momento está siendo estudiado por un comité de seguridad del gobierno saudí. «Este anteproyecto de ley representa una grave amenaza para la libertad de expresión en el reino con la excusa de evitar el terrorismo», ha declarado Philip Luther, vicedirector de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África. «Si se aprueba, dejará el terreno abonado para calificar de terrorismo incluso el más pequeño acto de disidencia pacífica».

Los derechos de los detenidos (que nunca han sido muchos en Arabia Saudí) quedarían abolidos en la práctica. Los sospechosos podrían ser detenidos durante 120 días o más si un tribunal especial así lo dictaminara.

El anteproyecto también concede a las autoridades la potestad de detener arbitrariamente a cualquier persona durante un año o más sin derecho de apelación y sin poder acceder a abogado alguno. La tortura no está penalizada. Se aplicará la pena de muerte a cualquiera que se alce en armas contra el Estado. Ciertas autoridades saudíes han confirmado la autenticidad del borrador, pero han declarado que aún puede sufrir enmiendas.

Hasta cierto punto, esta ley vendría a institucionalizar las prácticas existentes, en virtud de las cuales se ha juzgado o sentenciado a cerca de 5.000 sospechosos de «terrorismo». Otras 33 personas han sido decapitadas en el reino durante este año.

Aunque el anteproyecto de ley se dirige específicamente contra el «terrorismo», las autoridades saudíes han demostrado una gran eficacia a la hora de aplastar o de empujar a Al Qaeda hacia el extranjero.

Los líderes supervivientes de este movimiento se encuentran principalmente en Yemen y forman parte de la organización Al Qaeda en la Península Arábiga, grupo que cuenta con unos 300 miembros según las autoridades yemeníes. Es poco probable que el texto de esta ley saudí les vaya a impresionar.

La dureza de las medidas adoptadas tras las manifestaciones de febrero y de marzo por la familia real Al-Khalifa en Bahréin —con apoyo saudí— muestra hasta qué punto Arabia Saudí teme que se extiendan a su reino.

Es evidente que el anteproyecto de ley representa un ataque preventivo frente a cualquier demanda futura de cambios.