Pilar Sánchez, ex alcaldesa socialista de Jerez.

El PP, ya con el bastón de mando del Ayuntamiento de Jerez, arremetió de nuevo duramente contra la gestión del anterior equipo de Gobierno. Después de que el pasado martes la concejala de Contratación, Eva Pajares, revelara que la administración municipal adeuda 734.177 euros en facturas telefónicas impagadas; ayer, jueves, le tocó el turno al delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. El edil denunció que la corporación precedente -compuesta por PSOE e IU- adquirió el 9 de abril de 2008 un producto especulativo con el banco Santander que le ha costado ya al Consistorio un total de 333.543 euros (más 204.336 euros del primer semestre de 2011, aún sin pagar).

Una operación bancaria que el representante local calificó de “ilegal” y que, según apuntó, se llevó a cabo de forma “clandestina y de mala fe”. Así, tal y como explicó el concejal, el Ayuntamiento compró a la entidad financiera un artículo derivado denominado swap (un contrato de aseguramiento del riesgo de inflación), con un plazo de duración de diez años (del 2008 al 2018). El entonces alcalde, Tomás Herrera, firmó un acuerdo donde se estableció un tipo fijo de cambio del 3,47%. De esta forma, cada año, en el caso de que la tasa de inflación se situara por debajo, el Consistorio abonaría la diferencia y, si se emplazara por encima, lo pagaría la entidad financiera (aunque este punto también quedó condicionado por otra cláusula adicional, donde se contempla que el banco disponga del montante liquidado a favor de la corporación local para sufragar cualquier liquidación negativa para el Ayuntamiento producida por este producto especulativo con anterioridad).

“Se firma en 2008 cuando todos los informes económicos hablaban para la próxima década de una inflación media del 2%. De hecho, en 2009 estuvo en el 0,9%”, recalcó Fernández, quien subrayó que este contrato comenzó en 2009 a generar una importante carga económica para el Consistorio. De esta forma, en virtud del acuerdo, la administración local abonó al Santander 266.329 euros en 2009 y 67.213 en 2010. Y la entidad financiera ya exigió al Ayuntamiento el pago de los 204.336 euros correspondientes al primer semestre de 2011; aunque, según añadió el delegado de Hacienda, el Consistorio se negó a abonarlos.

Una postura del nuevo equipo de Gobierno que responde a la valoración de que esta operación “de alto riesgo” se cerró de forma fraudulenta. “Se hizo con negligencia y para beneficiar a una entidad privada”, apostilló el edil, quien añadió que llevará al pleno la propuesta de declarar la nulidad de este acuerdo. Una iniciativa que se basa en que, según expuso Fernández, los anteriores gestores municipales no solicitaron ningún informe económico y no aprobaron la adquisición del swap en el pleno -lo cual negó ayer el PSOE-. “La Ley marca que la operación que ate a una corporación por más de cuatro años debe pasar por el pleno”, dijo el concejal, quien subrayó que el interventor y el secretario consideraron este contrato como “ilegal”.

Además, el representante municipal hizo especial hincapié en que el PSOE, tras perder las elecciones el 22 de mayo, quiso cancelar este acuerdo. Así, en una carta remitida el 25 de mayo al Santander, el entonces primer edil, Diego Sánchez Rull, exigía la rescisión del contrato: “Este swap no es un producto de interés para este Ayuntamiento. Tampoco es un producto de tráfico normal, más bien es algo extraordinario que no se había realizado en el pasado y previsiblemente no lo será en el futuro. Las consecuencias financieras son enormemente perjudiciales para esta corporación”.

En este documento, el socialista destacaba que este producto se firmó únicamente dentro del marco de negociación para la financiación de la deuda del Ayuntamiento con Urbaser [más de 35 millones de euros]. Pero la respuesta de la entidad financiera, el 9 de junio, resultó contundente: “Esta operación tiene carácter autónomo e independiente de cualquier otra”. En este sentido, Fernández también negó la existencia de cualquier crédito vinculado.

Paralelamente, ante la petición de Rull, el banco valoró la posibilidad de cancelar el swap. Eso sí, previo pago al Santander de 9.644.634,72 euros (más los 204.355,49 euros pendientes del primer semestre de 2011). El nuevo equipo de Gobierno descartó esta posibilidad y quiere declarar la nulidad de la operación. Además, el Consistorio pedirá la intervención del servicio de inspección del Banco de España y de la Cámara de Cuentas de Andalucía; para valorar si existen en el contrato cláusulas lesivas para los intereses públicos, si se actuó en contra de las buenas prácticas bancarias o si se incumplió algún precepto legal en la tramitación de este expediente.