Después de seis años, Nalú era un miembro más de la familia de Mercedes García. Pero la crisis se cruzó en su camino. Para poder seguir adelante, Mercedes tuvo que alquilar su vivienda y volver a casa de su madre. Tenía que deshacerse de su mascota, un cocker de pelaje negro y blanco, así que tras un tiempo buscándole dueño y ante la imposibilidad de hacer frente a la cuota mensual de una residencia canina, el pasado mes de febrero optó por llevarlo al albergue de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales ‘Parque Animal’ de Torremolinos con la garantía de que al tratarse de una protectora no lo matarían.

Le cobraron 60 euros por el cambio de chip y le aseguraron que le encontrarían un nuevo hogar. Eso creía esta chica hasta que un día recibió una llamada del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en la que le informaban que Nalú había sido sacrificado el 4 de marzo. «Me quedé muerta», reconoce.

Ahora, tras la detención el pasado 11 de noviembre de los dos máximos dirigentes del centro (la directora y el encargado) además de un veterinario por el supuesto sacrificio irregular de 2.230 perros y gatos mediante la aplicación de bajas dosis del medicamento letal para ahorrar costes, Mercedes y otros afectados han decidido unirse para constituir una plataforma y presentar una demanda contra los responsables del albergue. Para aglutinar al máximo número de personas y darse a conocer están aprovechando la ventana al mundo que les ofrecen las redes sociales como Facebook, donde el perfil ‘Justicia para los Animales de Parque Animal’ ya cuenta con más de 1.700 seguidores, entre los que se encuentran muchas personas que habían dejado sus mascotas en este centro e incluso socios de la entidad, que se sienten estafados después de pagar durante años una cuota mensual de diez euros para garantizar su mantenimiento y cuidado. «Nuestro objetivo es alcanzar los 2.230, uno por cada animal sacrificado», apunta.

Funcionamiento extraño

El colectivo no está dispuesto a que caigan en el olvido las supuestas irregularidades cometidas en la protectora, encargada del servicio de recogida y guarda de los animales abandonados en el municipio hasta el pasado 19 de noviembre. Para ello, tienen previsto convocar una manifestación antes de que finalice el año.

A raíz de la investigación, coordinada y dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente, se van conociendo historias que dan buena muestra del funcionamiento del albergue. Una de ellas es la protagonizada por Adrián Taciulescu. En junio se encontró por el campo dos cachorros de podenco y, como en casa ya tiene tres perros y tres gatos, decidió llevarlos a Parque Animal. Unas horas después, se topó con un vecino que resultó ser su dueño, así que se puso en contacto con el albergue para recuperarlos. Pero no hubo manera.

«Me dijeron que fuera al día siguiente a recogerlos, y cuando llegó ese día, me llamaron diciéndome que unos alemanes se lo habían llevado, a pesar de que la ley les obliga a esperar diez días antes de iniciar cualquier gestión de adopción. Como insistí tanto, incluso por burofax y hojas de reclamaciones, me dijeron que se los habían llevado a Alemania, algo que resulta imposible porque para sacarlos del país es necesario vacunarlos y un papeleo que no se resuelve en unas horas», narra este alemán afincado en la Costa. A los pocos días, un agente del Seprona le telefoneó para hacerle saber que estaban investigando su reclamación.