En un país donde la objeción de conciencia constituye uno de esos axiomas a cuya sujeción estamos todos obligados, resulta decepcionante que tal derecho se restrinja única y exclusivamente al ámbito de lo políticamente correcto. Hay verdades reales y verdades oficiales. La verdad oficial es que hay objetores más iguales que otros. La verdad real radica en que la objeción basada en criterios morales debe ser combatida sin desmayo. El derecho de una 'madre' a desprenderse de su hijo se sobrepone al del médico que defienda el derecho a la vida. El derecho a casarse de dos personas del mismo sexo se superpone al del juez o la jueza cuyas motivaciones morales o religiosas sean incompatibles con el cumplimiento de ciertas normas contrarias a la naturaleza humana. La jueza Laura Alabau (en la imagen del centro, de negro, ayer, junto a una amiga) ha sido la honrosa excepción. Su coherencia, valentía y belleza moral nos reconcilia con el estamento jurisdiccional. En medio de un inmenso campo moral de ruinas, ha brotado la jueza Laura Alabau. Puede que no todo esté perdido.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ)
aprobó en su sesión de ayer -la última que celebran los actuales
vocales antes de su inminente renovación- dejar sin efecto la multa de
305 euros impuesta a la juez de Denia (Alicante) Laura Alabau por una
falta grave de desconsideración, por las criticas que realizó por
escrito contra el Gobierno y la Fiscalía de Alicante, al sentirse
"perseguida" tras negarse a celebrar bodas entre homosexuales.
Las
reacciones ante esta decisión no se hicieron esperar y algunos
colectivos homosexuales denunciaron que el CGPJ "antepone sus
prejuicios a la ley y el amiguismo a la justicia". También el Partido
Socialista se mostró muy crítico y espera que el nuevo Consejo se
"replantee" la decisión.
El caso comenzó a finales del año 2006, cuando la
magistrada, por medio de un escrito dirigido al fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), acusó
al Ejecutivo central y a la Fiscalía alicantina "de haber sufrido una
persecución" por su postura contraria a las bodas entre personas del
mismo sexo. En noviembre de ese mismo año se le abrió un expediente
disciplinario que concluyó en mayo de 2007 con una sanción por falta
grave y la imposición de una multa de 305 euros.
En la resolución emitida ayer quedó patente la división
existente en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Los nueve
votos de la mayoría conservadora, que avalaron los argumentos de la
juez al considerar que el contenido de sus escritos se ampara en la
libertad de expresión, superaron los ocho votos de los progresistas y
del vocal independiente. La minoría que salió derrotada ayer anunció la
presentación de un voto particular que se suma al voto discrepante del
representante designado por CIU, Alfons López Tena.
"Homofobia"
"Los vocales designados por el Partido Popular y el
propio presidente Hernando han concluido su mandato protegiendo a sus
conmilitones de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
como ya hicieron declarando culpable a un magistrado de la APM pero
sancionándolo con 1.500 euros en el caso de Mari Luz, la niña violada y
asesinada", afirmó López Tena.
Los colectivos homosexuales también manifestaron su
frontal rechazo. Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la resolución "muestra claramente
cómo la homofobia y los criterios moralistas y prejuiciosos se
anteponen a la jurisprudencia", mientras que para la Confederación
Española Colegas, "el control a la judicatura falla y se antepone la
simple defensa del corporativismo profesional a la misma esencia de la
justicia". Por último, el secretario de Movimientos Sociales del PSOE,
Pedro Zerolo, calificó ayer de "increíble y corporativista" la decisión
y espera que con la inminente renovación del Consejo se dé marcha atrás
a la misma.
