El decreto ley fue aprobado con los votos favorables del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido que dirige Silvio Berlusconi, y sus aliados, Liga Norte y Movimiento para las Autonomías (MpA). En contra, en cambio, votaron los senadores del Partido Demócrata (PD), Italia de los Valores (IdV) y la Unión de Demócratas Cristianos y Demócratas de Centro (UDC).

  
La medida que ha generado más polémica es la que cataloga la inmigración clandestina como delito, castigando a todos aquellos extranjeros que se hallen en territorio italiano sin los papeles en regla a pagar una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Asimismo, se penará con la cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.

  
Finalmente, la ley no incluye la medida que había sido propuesta en un principio y que obligaba a los médicos a denunciar a las autoridades la presencia de pacientes clandestinos en sus consultas. Este punto había despertado fuertes críticas dentro del principal partido del Gobierno, el PDL, por lo que al final fue retirada.

  
Otra de las novedades es la prolongación de dos a seis meses del periodo que los inmigrantes 'sin papeles' deben transcurrir en los centros de identificación y expulsión para facilitar que el proceso de repatriación se lleve realmente a término, al dar más tiempo a las autoridades para tramitarlo.

  
Otra de las medidas impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia. Para conseguir la ciudadanía italiana, en cambio, tendrán que pagar 200 euros.

  
La nueva norma también introduce las discutidas rondas de ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar las ciudades por la noche para combatir la criminalidad y ayudar a la policía a localizar a los delincuentes. En la formación de estas asociaciones de ciudadanos se priorizará la presencia de policías y miembros de las distintas fuerzas del orden jubilados.

  
La lucha contra la mafia es otro de los puntos fuertes de esta nueva ley, que obligará a los empresarios a denunciar a quienes hayan intentado extorsionarlos, condición 'sine qua non' para acceder a los concursos públicos de obras, entre otras cosas. Asimismo, la ley endurece las penas para los delitos relacionados con la mafia.

CRITICAS

  
La nueva ley de seguridad, que lleva meses debatiéndose, ha recibido una lluvia de críticas no sólo de parte de la oposición, sino también de la Iglesia italiana y de las organizaciones humanitarias, entre ellas, Amnistía Internacional.

  
Además de las normas concretas, uno de los aspectos más criticados es la vinculación que se establece entre el fenómeno de la inmigración y la delincuencia, lo cual puede llegar a ser muy peligroso en una sociedad en la que, a menudo, la falta de integración se traduce en posturas racistas o de rechazo hacia el extranjero.

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