El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
monseñor Juan Antonio Martínez Camino, afirmó hoy que la aceptación
social del aborto "es uno de los dramas mayores del siglo XX" al tiempo
que reiteró que "eliminar una vida inocente es un mal absoluto". En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente
de la CEE, se preguntó "cómo es posible que no se le reconozca el
derecho a la vida" si bien se reconocen derechos patrimoniales "al que
va a nacer". "Cuanto la ley menos protege este derecho, más injusta
será y menos carácter de ley tendrá", aseveró Martínez Camino. Asimismo, calificó al aborto como un "acto intrínsicamente malo" y que
además "viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente,
quitándole la vida". "Una sociedad que no asegura la vida de los no
nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna",
agregó.
El portavoz de los obispos abogó "por reaccionar
ante la propaganda que presenta el aborto engañosamente como una
intervención quirúrgica o farmacológica más, higiénica y segura" al
tiempo afirmó que el aborto "hiere gravemente la dignidad de quienes lo
cometen, dejando profundos traumas psicológicos y morales".
"La Iglesia --continuó tras reiterar que esta práctica es "un
detestable acto de violencia-- alerta ante la gravedad del aborto
determinando la excomunión para todos aquellos que colaboren como
cómplices necesarios en su realización efectiva".
Por
otra parte, reclamó que es "un deber de estricta justicia" prestar
apoyo a la mujer personal, económico y social "que merece la maternidad
como valiosísima aportación al bien común". "Por desgracia, las mujeres
gestantes, abandonadas a su propia suerte o incluso presionadas para
eliminar a su hijo, acuden al aborto como autoras y víctimas a la vez
de esta violencia", concluyó.
CONTRA "ESTA" EPC
Por otra parte, y a raíz de la publicación esta semana de las
sentencias del Tribunal Supremo relativas a la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC), Martínez Camino reiteró
que "el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la
conciencia moral". "Su obligación --dijo-- es promover y garantizar el
ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes
corresponde tal función".
En este sentido, afirmó que
con EpC "el Estado se arroga un papel de educador moral que no es
propio de un Estado democrático de derecho", además de considerar que
con la asignatura se pretende "imponer la ideología de género y el
relativismo moral". Y tras mostrarse a favor de "otra" Educación para
la Ciudadanía, afirmó que "ésta es inaceptable".
Según
el portavoz del Episcopado, el Estado "se convierte en formación
estatal y obligatoria de las conciencias" al tiempo que afirmó que esta
circunstancia "viola el derecho de los padres a elegir la educación
moral y religiosa de sus hijos".