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jueves, 08 enero 2009
 
 
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Cáritas considera "deplorable" que la crisis pueda "recortar" las ayudas.- Cáritas Diocesana de Barcelona consideró hoy "deplorable" que la actual crisis económica pueda "frenar o anular el débil Estado del Bienestar" e incluso "recortar" las prestaciones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En un comunicado, Cáritas definió la crisis como el resultado de la "especulación sangrante y las ganancias inmorales de una minoría" y afirmó que sería "decepcionante" que esta situación llevase a reducir el gasto social en momentos en los que se hace más necesaria. "Es intolerable que haya una pobreza estructural y severa conocida, y consentida, por la administración con presiones y prestaciones por debajo del umbral de la pobreza", remarcó.

 

El juez acepta que un perito del PSOE ayude en la auditoría ante la falta de presupuesto de Tragsa PDF Imprimir Correo electrónico
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El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ha aceptado que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid adscrito al Grupo Municipal Socialista ayude en la realización de la auditoría interna para conocer el estado de los expedientes de licencias del Área de Medio Ambiente implicados en el sumario, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas. Debido al retraso de la auditoría económica por "la falta de presupuesto" de Tragsa, los socialistas propusieron un perito adscrito a su Grupo para colaborar en el análisis de los casi 200 expedientes que se encuentran en el punto de mira del instructor. La propuesta se realizó con miras a que la investigación avance en este aspecto.

  

El pasado 27 de diciembre, el juez Torres encomendó al grupo de empresas Tragsa "una auditoría de gestión" sobre "las causas o circunstancias de aceleraciones o retrasos en la tramitación" de determinados expedientes administrativos que figuran en un informe policial del sumario. Una buena parte de los abogados que defienden a los imputados han recusado sin éxito a Tragsa para apartarla del proceso judicial por estar "contaminada" al ser una empresa mixta.

Por otro lado, el magistrado continúa teniendo problemas económicos para realizar el peritaje para comprobar el enriquecimiento ilícito que pudieran haber experimentado los empleados públicos imputados en la presunta corruptela de licencias.

El análisis del incremento patrimonial de los acusados está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa de la Consejería de Justicia a adelantar fondos para poder practicar esta prueba pericial. Hace ya casi un año, Torres requirió al Gobierno regional los fondos y honorarios que resulten precisos para realizar el peritaje.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid se negó desde un primer momento a entregar dinero, alegando que al no haber sentencia firme se desconoce "cuál de los pronunciamientos del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será el que, finalmente, se aplique". Es decir, que si resultará o no obligada al pago de las costas de alguna de las partes personadas en el proceso o si se declararán de oficio.

 Según fuentes consultadas, el atasco que encara el Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla por el volumen de trabajo que registra cada día también está obstaculizando las investigaciones dirigidas por Torres debido a que muchos de los escritos que presentan las partes personadas en el 'caso Guateque' y en 'Becara' llegan con 12 días de retraso.     
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