La Audiencia Nacional considera que existen "bastantes indicios" para afirmar que los arrestados constituían "un grupo organizado con finalidad de atentar en un futuro inmediato contra la población civil, sembrando el terror en la ciudad de Barcelona". Para llegar a esta conclusión, se basa en la declaración de un confidente policial que desencadenó la operación, pues su condición de "coimputado" no resta "valor indiciario" a su testimonio, y los artilugios que se encontraron en local que ocupaban en el barrio de El Raval.

Allí, destaca el tribunal, en la basura y en el local, se encontraron siete temporizadores, nitrocelulosa y perclorato potásico, conectores de alimentación, tarjetas telefónica de recarga, balines de plomo que podrían haber sido utilizados como metralla y otros materiales aptos para la fabricación de explosivos. Según el tribunal, aunque estos artilugios constituyen "un indicio externo objetivo mínimo", son "bastante como elemento de corroboración".

   MATERIAL ISLAMISTA

Así, la Audiencia Nacional confirma que les imputará a los once por delitos de integración en organización terrorista, mientras que a otros ocho les acusará además de tenencia de explosivos, tal y como pidió el juez de Instrucción Ismael Moreno y tal y como solicita el fiscal Vicente González Mota. Además, en el auto se explica todo el material islamista que se les pudo incautar a los detenidos durante los registros, así como sus intenciones de atentar contra la red de transporte de Barcelona.

"Los procesados, partiendo de la base ideológica del Movimiento Tabligh e Jamaa, versión rigurosa del Islam, pero de índole estrictamente religiosa y de naturaleza pacífica y aprovechando la estructura del mismo, habían evolucionado hacia una forma más radical que justifica el uso indiscriminado de la violencia como herramienta lícita para lograr sus metas político-religiosas", asegura el auto, que detalla que tenían "libros de extremismo religioso radical, notas y vídeos".