Así, Blanco remarcó que es "hora de rectificar las políticas equivocadas por las que apuesta el Parlamento". Por otra parte, remarcó que el Foro Español de la Familia impulsa, desde finales de 2006, la presentación de 17 iniciativas legislativas populares para lograr la implicación de las Administraciones locales y autonómicas en la financiación y difusión de una red de apoyo a la mujer embarazada.

Ésta tiene, entre otros objetivos, los de ofrecer asesoramiento, asistencia psicológica y médica, apoyo en la comunicación a familiares e inserción en el mercado laboral.

La Comisión No Permanente de Salud, celebrada ayer, aprobó, con nueve votos a favor y siete en contra, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Bloc per Mallorca por la que se instará al Gobierno central a modificar el actual marco legal en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo para acabar, de esta manera, con la actual inseguridad jurídica y se proteja a los profesionales de las clínicas, así como a las mujeres que se sometan a este procedimiento, ante cualquier posible agresión o amenaza.

La PNL que fue votada en contra únicamente por los parlamentarios 'populares', reivindica que el cambio legislativo vaya acompañado de una serie de medidas que garanticen una adecuada educación sexual y el acceso de todos los ciudadanos a los métodos anticonceptivos. En este sentido, la parlamentaria del Grupo Mixto, Marian Suárez, reclamó la necesidad de intensificar esta formación sexual entre la población inmigrante y los adolescentes ya que, según detalló, la mayoría de los abortos que se realizan en la Comunidad se practican a mujeres inmigrantes, especialmente a las sudamericanas; mientras que los embarazos entre las jóvenes de entre 15 y 19 años se han duplicado.

A pesar de que el PP votó en contra de la Proposición no de ley, Isabel Llinàs, indicó que, antes de realizar una reforma de este calado, sería aconsejable "abrir un periodo de reflexión" en el que todos los sectores puedan participar y, en función de las conclusiones a las que se lleguen, adoptar cambios en la normativa. Este punto fue "agradecido" por Alorda ya que "apunta a una posibilidad de consenso".

El parlamentario del Bloc manifestó que la actual ley sobre el aborto, que data de 1985, no conecta con la realidad social actual de manera que se favorece la práctica de abortos sin un control público y sanitario. Asimismo, criticó que, durante los últimos meses se haya producido una campaña de agresiones y amenazas contra las mujeres que han interrumpido su embarazo, así como contra los profesionales que realizan esta práctica.

Por todo ello, Alorda reclamó avanzar hacia una legislación basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, conciliando esto con el derecho a la vida del feto que tiene éste a partir de un determinado momento de gestación.

Por su parte, el parlamentario de UM, Josep Melià, justificó el voto a favor de su partido ante esta PNL puesto que una ley de plazos "lucharía contra la hipocresía jurídica" que existe actualmente y conseguiría adecuar la norma jurídica a la nueva realidad social.

La socialista Aina Rado hizo hincapié en la trascendencia que tuvo la ley de 1985 en su momento y remarcó, también, la importancia del Decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico en Consell de Govern el pasado 19 de septiembre, por el que se regula la prescripción y dispensación gratuita, en los centros de salud y hospitales públicos de Baleares, de la llamada 'píldora del día después' .