"También creemos que la opinión proveerá una guía políticamente neutral y a la vez judicialmente autorizada para muchos países que todavía están deliberando sobre cómo abordar la declaración unilateral de independencia en concordancia con el Derecho Internacional", explicó.

Mientras tanto, el embajador español, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, subrayó el apoyo de su Gobierno a la legalidad internacional como principio fundamental que debe regir la actuación de los Estados y sobre todo de la ONU.

Según remarcó, el Ejecutivo español estima que "por el interés general de la Organización y del conjunto de la comunidad internacional, sería deseable que esta Asamblea dispusiera de una opinión autorizada respecto de los aspectos jurídicos de aquellas cuestiones que, como la presente que afecta a Kosovo, hayan sido objeto de diversas interpretaciones por parte de los Estados miembros".

Por su parte, el embajador británico ante la ONU, John Sawers, opinó que la petición de Serbia ha obedecido sobre todo a razones políticas. "La independencia de Kosovo ha sido reconocida por 22 de los 27 países miembros de la UE, una organización a la que Serbia aspira a incorporarse. Nosotros también queremos ver a Serbia como miembro de la UE. Para tal fin, Serbia deberá trabajar constructivamente con sus futuros socios, en estabilizar al máximo la región, incluida Kosovo", declaró.

Las divisiones dentro de los Estados miembros de la UE fueron patentes durante la votación en la Asamblea General de la ONU. Chipre, Eslovaquia, Rumanía, Grecia y España rompieron con la tendencia seguida por la mayoría de los países al apoyar a Serbia en su reclamación de soberanía sobre Kosovo.