La pretensión de adoctrinar a los alumnos españoles en los valores del anarquismo moral desata una oleada de objeciones

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La implantación española de Educación para la Ciudadanía es, antes que nada, un conflicto de libertades civiles. Es un atropello por parte del Estado que se arroga el derecho y el deber de educar moralmente a los ciudadanos. No es, por tanto, un conflicto ideológico -un conflicto de valores o normas morales-: es el despojamiento, por parte del Estado, del derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Es un problema de libertades. De alcances, límites y preminencias. En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, como un pretendido pulso de idearios, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares.

No se trata, por tanto, de la lucha por un adoctrinamiento partidista: se trata de que el Estado no adoctrine moralmente ni en un sentido ni en otro. En unas célebres declaraciones, el propio cardenal Rouco se mostró en contra de la EpC “aunque sus contenidos fuean los propios del Catecismo de la Iglesia Católica”.

En definitiva, los opositores a esta EpC no lo hacen tanto por sus contenidos -que variarán en función de los gobiernos y las leyes- como por dejar sin efecto el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos. Es una atropello de libertades propio de un Estado totalitario.

 Los juzgados dan la razón a los objetores

Los juzgados españoles han dictado ya centenares de autos en los que se admite el derecho a objetar la asignatura Educación para la Ciudadanía de forma cautelar. Es decir, que mientras no recaiga sentencia definitiva de los distintos juzgados, se admite el derecho de los padres a que sus hijos no entren en clase, ni sean examinados, ni ello pueda implicar consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y obtener los títulos académicos correspondientes. 

En los casos en los que las sentencias dan la razón a los objetores, los jueces invocan la doctrina jurídica que, en casos similares, han seguido los tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas, como Aragón, Andalucía, Asturias o La Rioja. Consideran que dado que de la medida cautelar solicitada no resulta "perjuicio ni perturbación" de los intereses generales ni de terceros, y considerando que una vez estudiadas las alegaciones de las partes, se aprecia una apariencia de "buen derecho" de las pretensiones del demandante, cuya objeción se presenta "fundamentada", resulta lo procedente acceder a la medida cautelar solicitada.

Según datos de principios de mes, los tribunales tramitan unos 500 asuntos sobre la polémica asignatura en el conjunto del territorio nacional. Tendrá que ser el Tribunal Supremo el que unifique, previsiblemente antes de final de año, los diferentes criterios que actualmente están manteniendo los tribunales de las diferentes comunidades. De hecho, en algunos casos se alega que se incurre en "adoctrinamiento ideológico", mientras en otros se apela a la "objeción de conciencia" frente a la asignatura.

Los autos favorables dan alas a los padres objetores, que aseguran que llegarán hasta el tribunal de los derechos humanos si es necesario. "Esto es una batalla por la libertad. El Estado no es quién para educar moralmente a nuestros hijos y este es nuestro principal argumento. Estamos de acuerdo con que se enseñen la constitución y los derechos humanos, pero la realidad es que esta materia es ideología pura y dura, creada por un Ejecutivo concreto. ¿Si cambia el Gobierno y, por ejemplo, pasa a gobernar el PP y cambia la orientación de la asignatura, tendrán que objetar entonces otras personas? Es absurdo", asegura Teresa Monaj, portavoz de Educación para la Ciudadanía en Aragón ¡Va a ser que no! 

Monaj insiste en que el colectivo no está vinculado con el PP ni con la Iglesia y que su único objetivo es "blindar" la educación moral de los niños. "Si las personas mayores estamos discutiendo, y no nos ponemos de acuerdo sobre según qué temas. ¿Cómo es posible que los metamos en el programa educativo de los chavales?", reflexiona.

 Madrid dice "no" al adoctrinamiento de sus escolares

Por lo que se refiere a la comunidad de Madrid, una de las más activas contra la polémica asignatura, el registro general de la Consejería de Educación cuenta a día de hoy con un total de 11.944 objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), de las cuales casi 300 son del municipio de Rivas- Vaciamadrid, según informó la asociación 'Rivas: libres para educar",

De hecho, hoy mismo se han presentado 30 nuevas objeciones de conciencia al conjunto de asignaturas que integran esta materia, que, a juicio de la asociación, "expresan el compromiso de muchos padres plenamente conscientes de que tienen el derecho a educar en libertad a sus hijos según sus convicciones morales".

Según 'Rivas: libres para educar', este derecho está reconocido en la Constitución y no puede ser sustraído por el Estado, "sea cual sea el color político de sus gobernantes". Su presidente,  Francisco Rico, apuntó que las objeciones corresponden tanto a niños escolarizados en colegios e institutos del municipio como a otros escolarizados en Madrid, ya que en Rivas no existen "centros concertados que garanticen la libertad de elección de centro por parte de los padres".

'Rivas:libres para educar' se constituyó el 13 de junio de este mismo año. Gracias a su labor informativa durante los pasados meses, "muchos padres han conocido el carácter adoctrinador del Área de Educación para la Ciudadanía", concluyeron desde la organización.

Aguirre pregunta al Gobierno central si también ha mandado requerimiento a Cataluña para aplicar la 3ª hora en castellano

Por su lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, preguntó hoy a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en relación al requerimiento que le ha mandado para que cumpla la ley e imparta Educación para la Ciudadanía, si también ha mandado uno al Gobierno catalán para que apliquen la tercera hora de castellano en los colegios.

"La ministra, al parecer, nos ha mandado un requerimiento, que el viernes por la tarde todavía no habíamos recibido en la Consejería de Educación, y yo le preguntaría (a Cabrera) si ha enviado un requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que se aplique la tercera hora de castellano, apuntó Aguirre, durante la inauguración del colegio público Winston Churchill, en Vicálvaro.

El Gobierno central mandó el pasado viernes un requerimiento al Ejecutivo autonómico para instarle a que cumpla la Ley Orgánica de Educación, imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía y elimine las alternativas que ha establecido en los centros para los objetores: hacer trabajos sobre la Constitución y tareas de voluntariado en el propio colegio. Si la Comunidad no contesta en un plazo de dos meses, dejará el caso entonces en mano de los tribunales.

Aguirre, que evitó aclarar si la Comunidad de Madrid va a contestar el requerimiento, aseguró que su Gobierno "lo que hace es cumplir la ley", que la ley dice que Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria, y que, por lo tanto, está implantada en toda la región en los cursos que comienzan este año, 2º y 4º de la ESO.

"Pero la ley también dice que los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieren para sus hijos y hay padres que nos han manifestado que no están de acuerdo con algunas de las enseñanzas que ellos juzgan morales, que se incluyen en este curriculum", señaló la presidenta, quien recordó que estos padres están amparados por más de 20 sentencias de Tribunales superiores de otras comunidades.

No obstante, reconoció que tanto Madrid, y otras "muchas comunidades", entre ellas Andalucía, gobernada por los socialistas, "no tienen más remedio que aplicar la ley", independientemente de que entiendan que los padres que objetan "tienen sus razones para hacerlo".

Conferencia Episcopal

Por otra parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Antonio Cañizares, afirmó ayer que la asignatura de Educación para la Ciudadanía "llevaría hacía el totalitarismo" ya que, según argumentó, "no enseña a ser buenos sino a portarse bien", lo que conduciría a la sociedad española a "una cuesta abajo hacia un régimen totalitario".

El prelado precisó que "la asignatura de Educación para la Ciudadanía es incompatible con la identidad propia de las escuelas católicas". "Un colegio católico dejaría de serlo si aplicara esta asignatura", apostilló el religioso.

En cuanto a la alianza de civilizaciones, monseñor Cañizares intuyó que es "un matiz más de expresión del laicismo que se quiere implantar". En su opinión, "no se trata de la sana laicidad de la que habla el Papa", sino que supone "un recorte de la libertad religiosa que podría compararse al socialismo real de los países de la Europa del Este en la época del muro de Berlín".

"La relación entre cristianismo e Islam es mucho más fácil que la relación entre civilizaciones, pues los dos primeros parten del reconocimiento de Dios, mientras que en la alianza de civilizaciones hay una desconfianza total hacia las religiones y se postula a Dios como un factor de división y enfrentamiento", concluyó el vicepresidente de la CEE.

Sobre la posible incursión de la institución eclesiástica en la actualidad política, el arzobispo de Toledo argumentó que "la Iglesia no actúa por reacción, sino por afirmación". "Dice sí a los derechos fundamentales que hoy están muy en riesgo y que son anteriores a cualquier legislación", agregó el arzobispo.